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La Ciudad 13 de febrero de 2019

Tras el desalojo de Rancho Móvil, el municipio presentó una denuncia penal

Se lo confirmaron fuentes municipales y judiciales a LA CAPITAL. Apunta a determinar si, como advirtieron los vecinos, las tierras fiscales se comercializaban para la instalación de cabañas ilegales.

Foto @dronmardelplata (Archivo).

El gobierno municipal confirmó este miércoles que el Ente Municipal de Turismo (Emtur) presentó una denuncia penal por lo ocurrido en las tierras del sur linderas a la costa cuyo uso precario tenía la asociación Rancho Móvil.

Fuentes municipales y judiciales dijeron a LA CAPITAL que la denuncia ingresó el viernes a la Fiscalía de Delitos Económicos y que desde el lunes es investigada por el fiscal David Bruna.

La presentación había sido anunciada en declaraciones públicas por el intendente Carlos Arroyo y la directora de Recursos Turísticos, Mónica Rábano, luego de que el jefe comunal dispusiera la caducidad del permiso precario de uso y explotación del predio ubicado en el kilómetro 28 de la ruta provincial 11, identificado como Unidad Turística Fiscal (UFT) Playa Redonda.

La presidenta del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Gabriela Magnoler, también había anticipado la presentación judicial en la reunión del jueves de la comisión de Turismo, donde por primera vez expuso públicamente la versión oficial de lo ocurrido. Allí, recibió fuertes críticas por la falta de controles del ente.

La presentación judicial apunta a determinar, entre otros puntos, si las tierras fiscales se comercializaban para la instalación de construcciones fuera de toda regla, como denunciaron los vecinos.

“No tenemos elementos para acreditar que se estaban vendiendo, pero sí tenemos las denuncias en los medios sobre estas cuestiones”, dijo Rábano el 1 de febrero, el día en que el municipio empezó a desalojar el lugar.

Es la segunda intervención judicial por el caso de la construcción de cabañas fijas en un sitio en el que solo estaban permitidas casillas rodantes. La primera fue una medida cautelar solicitada por la asociación Rancho Móvil, –y rechazada por la Justicia– para que quedara sin efecto el decreto de caducidad del intendente.

El asunto saltó a los primeros planos en los últimos meses pero la preocupación de los vecinos había comenzado mucho antes. Ya en julio de 2016 se denunciaba el desmonte y loteo ilegal del predio, según publicó entonces LA CAPITAL.

“Un grupo de socios de la entidad (Rancho Móvil) denunció el desmonte del predio y su cierre para un emprendimiento inmobiliario privado”, señalaba la nota.