El Concejo Deliberante comienza el 2026 con la mitad del cuerpo renovado y debates cruciales para el futuro de Mar del Plata, entre los que se destacan el Presupuesto, el nuevo pliego para licitar el servicio de transporte público de pasajeros y un proyecto que establece límites en las concesiones de playas, además de otras cuentas pendientes.

El paquete de ordenanzas que integran el Presupuesto 2026 será el primer gran tema del año, tal como suele ocurrir. En las filas del gobierno local aspiran a tener aprobados los proyectos en el transcurso de febrero.
Pero todavía habrá que esperar para que comiencen las discusiones. El Ejecutivo presentó tres prórrogas para elevar los expedientes. La última se dio a conocer ayer y vence el 16 de enero.

En principio, si bien no hay confirmaciones, fuentes del gobierno local anticiparon que se buscará replicar el mismo esquema del 2025, con la suba de la TSU (Tasa de Servicios Urbanos) acompasando la inflación y el mantenimiento de la tasa vial, que se cobra al cargar combustible líquido en las estaciones de la ciudad mediante un adicional del 1,86 % en el ticket final y cuyos fondos se destinan directamente al arreglo de las calles.

Transporte

Al igual que en los últimos años, la concesión del servicio de transporte público de pasajeros vuelve a asomar en la agenda legislativa. Un tema que ha traído aparejadas varias dificultades para el gobierno local, mientras que, en la oposición, se transformó en uno de los principales reclamos.

Ahora bien, para 2026 hay un avance crucial: el Ejecutivo elevó por tercera vez desde 2021 el nuevo pliego para licitar el servicio.

A grandes rasgos, se propone una concesión de 20 años. E incluye una línea anular que recorrería el borde costero y las avenidas Constitución, Alió y Juan B. Justo.

A su vez, se sumarán líneas rápidas. Al igual que la anular, se buscará “alcanzar velocidades comerciales óptimas que aseguren la fluidez del sistema”. También se pretenden construir cinco intercambiadores: grupos de paradas con refugios que tendrán el objetivo de facilitar el trasbordo.

En paralelo, a la espera de que se concrete la aprobación del pliego y se abra el proceso licitatorio, el Legislativo declaró a comienzos de diciembre por un año más –con opción a que sean dos– el estado de emergencia del servicio y habilitó la extensión del contrato con las actuales concesionarias (Peralta Ramos S.A, Transporte 12 de Octubre S.R.L. y Batán S.A.).

La continuidad de las empresas será por el mismo plazo que dure la emergencia o hasta que se concrete la adjudicación del servicio.

Ya se han otorgado cinco prórrogas en los contratos de las prestadoras del servicio. La primera fue en abril de 2019, durante la gestión de Carlos Arroyo, por dos años; la siguiente, en 2021 y por 18 meses; la tercera, en 2022 y por un año; la cuarta se decretó en diciembre de 2023, por dos años; y la última se rubricó en diciembre pasado tras el aval del Concejo.

Aplicaciones

Otra cuestión pendiente, y de larga data, es la regulación de las aplicaciones de transporte en la ciudad, que hoy ya nuclean a miles de trabajadores. El servicio funciona en paralelo al de taxis y remises, lo que suele ser una fuente de conflicto permanente por la presunta “competencia desleal”.

Hasta el momento, y a pesar de la mayoría oficialista de los últimos dos años, la cual parecería mantenerse en el nuevo periodo, los ediles no alcanzaron los consensos necesarios para sancionar diversas ordenanzas sobre la temática.

Se destaca un proyecto de la Coalición Cívica presentado en enero de 2024 que propone modificar la ordenanza N° 23.928, aprobada durante el gobierno de Arroyo, que estipula sanciones a los conductores de las aplicaciones de transporte.

Lo mismo ocurre con otra iniciativa, en este caso del 2022 y también de la Coalición Cívica, que ordena crear un “registro municipal de prestadores de servicio de transporte de pasajeros mediante el uso de plataformas digitales”.

Por ahora, ambos expedientes están trabados en la comisión de Movilidad Urbana.

Concesiones

El ordenamiento administrativo de las playas emerge como otro debate de peso este año. Una propuesta ingresada a inicios de noviembre plantea límites en las concesiones de los balnearios de jurisdicción municipal.

El radicalismo presentó un proyecto que establece que concesionarios con dos o más playas bajo su administración no podrán participar en futuras licitaciones.

Bajo este mecanismo, se busca “promover la competencia leal, prevenir la concentración económica y garantizar la diversidad de ofertas” en las licitaciones por el uso y explotación de las UTF (Unidades Turísticas Fiscales).

En caso de que no se cumpla este requisito, se ordena la “inmediata exclusión del oferente” si el hecho se constata durante la licitación. O la caducidad de la concesión, sin derecho a indemnización, si se verifica durante la ejecución del contrato.

La iniciativa comenzó a debatirse en la comisión de Turismo. Se pidieron informes al Emturyc (Ente Municipal de Turismo y Cultura) y la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda para que analicen el proyecto.
Hasta el momento, casi ningún bloque expresó su posición. Excepto Acción Marplatense/Movimiento Derecho al Futuro, que ya se pronunció en contra.

Compensaciones

En febrero de 2026 expirará el plazo para otra cuenta pendiente de varios años en el Concejo: la presentación de una ordenanza que establezca un sistema integral de compensaciones urbanísticas.

El objetivo es regular el incremento de los índices de construcción y la modificación de los usos autorizados por el Código de Ordenamiento Territorial (COT). Se trata de medidas avaladas en forma recurrente por parte del Concejo para propiciar el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios: con estos mecanismos se pueden construir más pisos de los permitidos por la normativa vigente.

En virtud de la mayor rentabilidad que obtiene el privado por poder construir a través de excepciones a la normativa, el municipio le encomienda obras que redunden en una mejora para un determinado barrio o para el desarrollo general de Mar del Plata a modo de “compensación”. Con la redacción y aprobación de una ordenanza que regule estas acciones, se busca establecer un criterio común ante cada emprendimiento inmobiliario de esta naturaleza.

El proyecto todavía no se presentó y sigue esperando. En 2021, se creó una comisión con el propósito de analizar un régimen de compensaciones y avanzar así en la elaboración de una ordenanza para implementarlo.

Sin embargo, hasta el momento solo se han otorgado prórrogas para la elevación de la propuesta final. La última se aprobó en julio del año pasado y vencerá próximamente, en febrero.

En paralelo, a partir de diversos incentivos aprobados por el Legislativo, el desarrollo de varios emprendimientos a través de excepciones al COT sigue su curso sin un sistema claro que regule las obligaciones de los privados.

Hipermercados

La flexibilización de la normativa para favorecer el desembarco de grandes cadenas de supermercados es una de las iniciativas que también promete arduos debates en el Concejo.

La propuesta del oficialismo apunta, a grandes rasgos, a abrogar la ordenanza 18.788, que establece un límite de hasta tres sucursales para las grandes superficies comerciales que se radiquen en General Pueyrredon.

A su vez, la iniciativa contempla que a medida que los locales a radicarse sean más grandes, se instalen en sectores más alejados del centro, y viceversa: solo se permitirán en el área céntrica los de hasta 350 metros cuadrados.

El proyecto tuvo una primera aprobación en la comisión de Obras y ahora se encuentra en Legislación, donde se pidió un informe a la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda para que evalúe la propuesta.

No obstante, la UCIP (Unión del Comercio, la Industria y la Producción), un actor de peso en el sector empresarial marplatense, planteó un contundente rechazo.

La entidad que conduce Blas Taladrid remarcó que la Ley Provincial N° 12573 contradice la iniciativa, ya que plantea que no pueden radicarse tres locales de una misma cadena de distribución en distritos con poblaciones de más de 300.000 habitantes.

En el esquema actual, tanto la legislación local como provincial han permitido la instalación de “nuevos emprendimientos y pequeñas cadenas, haciendo la oferta más atomizada y menos concentrada”, resaltó Taladrid.