Por Ramiro Melucci

–¿Consideran posible algún tipo de servicio vinculado a la nocturnidad? –le preguntó el 16 de agosto la presidenta del bloque del Frente de Todos, Marina Santoro, al titular del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Bernardo Martín. La consulta refería a los pliegos para otorgar en concesión el uso y explotación de las playas del norte, desde la del Museo hasta la que limita con el emisario submarino, y estaba enmarcada en el tratamiento de la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante.

–La nocturnidad no está prevista. Obviamente las superficies (de las unidades turísticas) no dan demasiado para la nocturnidad. Son muy chiquitas. No está previsto– respondió Martín.

No fue lo único que el funcionario del gobierno municipal dijo en aquella exposición. También aseguró que la licitación no estaba pensada para que se presentaran “mega empresarios”, sino que la planificación apuntaba “a algo mucho más chico”, como clubes y asociaciones civiles.

Sobre la base de sus definiciones, el oficialismo y la oposición comenzaron a tejer un consenso, hilvanado con propuestas del Frente de Todos y Acción Marplatense que Juntos por el Cambio fue incorporando.

Todo dio un giro brusco la semana pasada, cuando el kirchnerismo preguntó por qué el oficialismo resistía la incorporación de un artículo que prohibiese la nocturnidad, entendida no como la posibilidad de cenar en los módulos gastronómicos contemplados en los pliegos, sino como la actividad propia de un boliche bailable. Sin inmutarse, Fernando Muro contestó que Juntos por el Cambio se resistía simplemente porque no está de acuerdo con establecer una restricción.

La respuesta causó un fuerte impacto en el Frente de Todos, que durante toda la semana buscó la palabra para definir el cambio de perspectiva del oficialismo, y terminó por elegir una: estafa. Habló de una “estafa legislativa”.

El oficialismo lo considera, en cambio, la postura natural de un gobierno que se hartó de las restricciones y las prohibiciones. “No podemos seguir siendo la ciudad del no”, aclaran en Juntos por el Cambio, y no sin intención dejan en esa vereda al Frente de Todos.

“Difícilmente pueda pensarse en ese sector de la costa una fiesta electrónica, por ejemplo. Pero no queremos establecer ninguna prohibición. Buscamos que el Ejecutivo tenga la posibilidad de decidirlo”, agregan fuentes de JxC.

Planteado en esos términos daría la sensación de que el propósito del oficialismo local es meramente político: dejar en claro las diferencias entre las dos principales coaliciones que se enfrentarán en las urnas en 2023. Una suerte de reedición del clásico “apertura versus restricciones”, que tantos animadores tuvo durante los peores días de la pandemia. Pero el Frente de Todos asegura que podría haber algo más: un interés de empresarios de la noche por invertir en las playas del norte.

Lo concreto es que lo que emergía como un consenso sobre la generación de playas públicas equipadas empieza a deshacerse. “La actividad principal es el alquiler de sombra”, había dicho también el presidente del Emtur el 16 de agosto. Y había abundado en el concepto de “sombra móvil”. El canon, de $ 1,5 millones anuales para cada una de las seis playas contempladas en los proyectos, fue objetado desde el principio. Con el nuevo elemento sobre la mesa (el hecho de que también puedan aceptarse actividades propias de la nocturnidad), se volvió un factor crucial en la discusión.

 “No podemos seguir siendo la ciudad del no”, aclaran en Juntos por el Cambio, y no sin intención dejan en esa vereda al Frente de Todos.

En medio de la algarabía por el campeonato mundial de la Selección argentina, y mientras quedaba oficialmente habilitado el festival de iniciativas para homenajear al nuevo ídolo del deporte marplatense, Emiliano “Dibu” Martínez, el presupuesto 2023 dio un paso decisivo para la aprobación en el Concejo. Al igual que el cálculo de recursos y el tarifario de Obras Sanitarias, logró dictamen en la Comisión de Hacienda. La falta del informe del contador, sin embargo, genera suspicacias en gran parte de la oposición. Con que esté el 28, día de la votación en el recinto, a Acción Marplatense le alcanza. El partido vecinal es otra vez el principal aliado del gobierno para la sanción de la ordenanza madre.

El oficialismo también le permitió a uno de sus socios, Nicolás Lauría, no tener que lamentar el archivo de su proyecto para generar una tasa para turistas. Quedará en comisión hasta después de la temporada. El propio autor de la iniciativa dejó flotando la posibilidad de que el Emtur pueda cambiar de opinión en unos meses (nadie le refutó la hipótesis), mientras que el Frente de Todos se llamó a silencio con una retirada coordinada.

En la misma reunión, Lauría y Alejandro Carrancio expusieron a la vista de todos la ruptura del bloque que compartían, que hacía tiempo no tenía razón de ser: uno se transformó en aliado del oficialismo; el otro urde estrategias con la oposición.

Con el retumbar de los festejos por la obtención de la Copa del Mundo todavía haciéndoles eco en la cabeza, en el despertar de la semana los concejales recibieron al subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván, y al secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, para iniciar el tratamiento del pliego del transporte

Galván explicó los aspectos técnicos del proyecto, pero sobre todo dejó definiciones que no pasaron por alto entre los presentes. El servicio todavía presenta una demanda 25% inferior a la de la prepandemia. Los subsidios han ido en baja: de absorber el 31,32% de los costos pasaron al 26,5%. El municipio volvió a prorrogar los contratos, que ahora finalizan en diciembre de 2023.

En ese contexto, el intendente decidió pagar el costo político que supone fijar otro aumento de boleto. Asomó además la propuesta de incrementar al 5% el Fondo del Transporte (hoy es el 3%). Se trata del porcentaje de la recaudación por la venta de boletos que las empresas destinan para mantener y reparar las calles por las que circulan los colectivos, y que con este incremento aportaría a la creación de los intercambiadores, espacios donde se propiciará la combinación del boleto.

Antes y después del inicio del tratamiento del pliego, el gobierno municipal recibió malas noticias. Venía de ver cómo se había deshilachado el acuerdo con la UTA mediante la que se comprometió la presencia de colectivos durante el domingo pasado. Luego padeció una medida de fuerza del sector disidente por desacuerdos vinculados a la elección gremial.

Las tres horas en que buena parte de la flota no prestó servicio el miércoles podrían ser una nimiedad si se advierte la deriva del conflicto. El 3 de enero deberían asumir las autoridades seccionales del gremio de los choferes. La conducción de la UTA no tiene en los planes retirarse. La oposición está convencida de que debe hacerlo. En el gobierno comunal hay preocupación y no es para menos: esta vez la interna podría estallar en plena temporada.