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La Ciudad 21 de noviembre de 2019

Un emblema de la gestión de Arroyo que ya llegó al Tribunal de Cuentas

En plena temporada pasada, el municipio decidió que una empresa reparara las veredas de la Plaza San Martín, sin existir un llamado a licitación, violando las disposiciones en vigencia. El Tribunal de Cuentas de la Provincia pide explicaciones mientras la veredas siguen rotas.

Es casi un emblema de la gestión del intendente que se va. En la Plaza San Martín, la principal de la ciudad, la de los canteros cuidados que se ven desde las oficinas del despacho que ocupa el doctor Carlos Arroyo, las veredas están destrozadas, y a un año desde que se iniciaron las obras de reparación en un hecho inédito ya que se adjudicó el trabajo a una empresa sin haberse realizado la correspondiente licitación, tras una serie de medidas, en medio de irregularidades, todo sigue igual.

Una historia que arrancó con una decisión del intendente Arroyo y su entonces secretario de Economía, Hernán Mourelle, de violar las disposiciones vigentes, que tuvo a un secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, avalando con su firma -y luego arrepintiéndose- ese emprendimiento, y que mereció las observaciones y advertencias del contador municipal, Guillermo Costanzo, a quien acaba de avalar el Tribunal de Cuentas de la Provincia que exige una serie de aclaraciones y documentos para investigar lo sucedido, dejando la puerta abierta a sanciones que, en el campo judicial, hasta podrían alcanzar los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos públicos. Una historia, un escándalo -cabe reiterarlo, el municipio buscó licitar una obra que ya había sido iniciada por una empresa, en este caso Pasalto- que lejos está de concluir.

El Tribunal de Cuentas pide explicaciones sobre todas las anomalías registradas con una obra que se inició sin licitación y que fue abandonada luego por la misma empresa.

Ahora, el Tribunal de Cuentas de la Provincia quiere saber, entre otras cosas, quién fue el contratista que ejecutó la obra, monto adjudicado, contrato celebrado, grado de avance de la misma avalada por la Secretaría de Obras y Planeamiento (su titular Guillermo De Paz aparentemente desconocía lo que sucedía con los trabajos que se realizaban cerca de su despacho, y en enero, lo cual está prohibido al menos en el microcentro, ordenanza 17.427) o área que autorizó al contratista el inicio de la obra sin haberse realizado el proceso que fija la ley. También solicita el Tribunal el permiso otorgado por el Ente de Vialidad, previo al inicio de la obra.

“Para el caso de no remitirse la documentación o aclaraciones solicitadas -advierte el organismo de contralor provincial- se formula concreta observación por infracción al artículo 132, 133 y 136 de la Ley Orgánica de las municipalidades de la Provincia, 126 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones Administrativas para las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, con las consecuencias y alcances de los artículos 241/244 de la Ley Orgánica de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires y artículo 16 de la Ley N° 10.859 y sus modificatorias”.

-Un poco de historia

En diciembre pasado, sorpresivamente -todo se habría decidido a partir de la caída de una mujer tras trastabillarse en las veredas rotas de la plaza, y la amenaza de iniciarle juicio a la comuna- Mourelle y Arroyo creyeron conveniente iniciar rápidamente los trabajos de reparación de las veredas de la principal plaza de la ciudad. Lejos de ser realizados por personal municipal, se decidió contratar a una empresa en forma directa -Pasalto-, que comenzó a reparar un sector, recibiendo en esos momentos una sanción del Ministerio de Trabajo ya que no había ni carteles identificatorios ni se brindaban las condiciones de rigor a los trabajadores.

Mientras, el Ejecutivo advertía sobre la necesidad de llamar a una licitación por el monto de la obra. Así, con la obra ya empezada -hay pocos antecedentes en Mar del Plata de una irregularidad de estas características- se iniciaron los trámites para llamar a licitación por cerca de dos millones de pesos.

Las dudas del secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, quien primero firmó defendiendo una contratación ilegal y luego se arrepintió.

El secretario de Obras se encontraba de vacaciones y quien tenía a cargo la firma era el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, quien avaló las actuaciones. Aunque luego, ante las advertencias que comenzaron a surgir desde la misma Municipalidad las dejó sin efecto debido que “se desconocía materialmente el inicio de la obra en cuestión” (sic). Vicente, en definitiva, adujo que no sabía que había una obra a menos de cien metros de su despacho.

Ante el “ruido” que se iba generando por tantas anomalías, la empresa decidió abandonar los trabajos. Los trabajos quedaron incompletos, claro está, pero en julio pasado se realizó un nuevo llamado licitatorio, pero esta vez se dividió en dos licitaciones. Por un lado la compra de materiales para arreglar las veredas, con un presupuesto oficial de 2.291.000 pesos y por el otro la mano de obra, con un presupuesto estimado en 6.670.000 pesos.

Quiso la casualidad que la licitación fuese ganada por la firma Pasalto -la misma que había comenzado a trabajar en diciembre y suspendió- y de hecho el 25 de octubre pasado se abonó el anticipo financiero de 1.019.000 pesos. La empresa también presentó los certificados 1 y 2 por 291 mil y 39 mil pesos, que aún no fueron abonados por la Municipalidad.

La licitación para la compra de materiales se adjudicó con un monto de 3.430.000 pesos (no incluía el valor del hormigón, que iba a ser entregado por el Emvial). El 21 de octubre pasado, Pasalto presentó la factura por la compra de materiales, que fue conformada por De Paz, encontrándose actualmente para el pago.

Un año después todo sigue igual en la Plaza San Martín, la principal de Mar del Plata.

Pese a todo, no se observan avances en los trabajos, como lo reflejan las fotografías que acompañan este artículo. Y como si le faltara un elemento más a esta historia tan singular, trascendió en las últimas horas que como el Emvial -a cargo de Eduardo Leitao- no provee el hormigón, la empresa estaría analizando la forma de rescindir el contrato con la comuna.

“Por qué Leitao no quiere darles el hormigón, y por qué fueron tan desprolijos los funcionarios involucrados es el gran misterio a develar en estas horas”, señala un concejal opositor que conoce cada detalle de “la licitación trucha”.

-Arroyo confuso y concejales denunciando

En aquellos días del verano, cuando el hecho comenzó a ser denunciado también en algunos medios locales, en un informal encuentro con la prensa el intendente Carlos Arroyo fue consultado sobre estas irregularidades. “El objetivo era tapar el pozo principal para que no se cayera nadie más, pero la obra todavía no se adjudicó creo”, apuntó sin precisiones, reconociendo que no se había adjudicado la obra. De hecho, ni siquiera se había licitado.

Cuando se le preguntó entonces si la obra la había comenzado a realizar una empresa o algún área del municipio, el jefe comunal sorprendió señalando que “no estoy al tanto de ese tema, no sé, la verdad que no tengo ni idea”.

“No estoy al tanto, la verdad no tengo idea”, dijo el intendente cuando estalló el escándalo.

Los concejales, en tanto, también se expresaron sobre el extraño caso. La jefa del bloque de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, fue dura. “Hay una serie de irregularidades administrativas sobre las que tendrán que dar cuenta los funcionarios que la llevaron adelante. Un secretario que estaba a la firma de la Secretaría de Planeamiento dice ‘que continúe la obra’, y después da marcha atrás. Esto habla a las claras de que no hay un intendente que conduzca, un jefe político que quiera hacer las cosas bien”, dijo en declaraciones a LU6 Radio Atlántica.

“Me parece que hay un gran afán recaudatorio, un gran afán de aparentar que hago para no hacer nada y tener a esta ciudad cada vez más abandonada”, agregó. Rodríguez sostuvo que la empresa en cuestión “habría sido engañada en su buena fe” porque “ha tenido que encarar una obra que no tenía las condiciones adecuadas para hacerlo”.

Igual de crítico se mostró el radical Mario Rodríguez. “Me parece que estamos ante la presencia de un nuevo escándalo”, dijo, y anticipó la necesidad de que el Concejo pida informes al Ejecutivo por lo sucedido. “Desde el punto de vista administrativo es un desorden absoluto”, apuntó.

Ahora, con el Tribunal de Cuentas actuando, y mientras las famosas veredas siguen sin ser reparadas, se aguarda el próximo capítulo de esta historia que sin dudas pinta y define a la perfección muchos aspectos relacionados con la gestión del intendente y parte de su equipo que se apresta a despedirse el 10 de diciembre.