Un juez de Andorra solicitó a la Justicia argentina que le tome declaración a dos testaferros y varios financistas de Mar del Plata vinculados al ex secretario presidencial Daniel Muñoz.

En total son 18 personas, acusadas de encabezar una maniobra de lavado de dinero en ese principado europeo.

La cifra investigada, según publicó Infobae, supera los 80 millones de euros.

El Juzgado de Instrucción Especializada Número 2 de Andorra le pidió a la Justicia argentina que ubique a 18 ciudadanos argentinos (algunos también tienen nacionalidad española) para que declaren por el sistema de videoconferencia.

El oficio también solicita información sobre el estado actual de las investigaciones abiertas en nuestro país contra el Grupo Jonestur, una de las cuatro financieras que habrían participado de la maniobra para fugar el dinero de Muñoz.

El pedido de colaboración de Andorra llegó a fin de año al juzgado de Sebastián Casanello, que ordenó enviarlo al juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti. Ese magistrado investiga junto a la fiscal Laura Mazzaferri una asociación ilícita integrada por varias financieras de la ciudad.

El expediente estaba frenado por una sospechosa decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata, pero fue reabierto por la Corte Suprema. La decisión coincidió con los procesamientos ordenados por el juez Claudio Bonadio sobre los testaferros de Muñoz por los fondos utilizados para comprar propiedades en Estados Unidos.

Las investigaciones judiciales tienen varios puntos en común. Oscar Rigano, unos de los dueños de Jonestur que ya había sido procesado como parte de la asociación ilícita, ahora aparece en el oficio enviado desde Andorra. Otros dos apellidos vinculados a esa financiera se repiten en el listado: Ramaglio y García Navarro.

Entre las 18 personas acusadas de lavado de dinero se destacan el empresario marplatense Sergio Todisco y su ex mujer, Maria Elisabeth Ortiz Municoy. Ambos fueron liberados por el juez Bonadio luego de aportar datos sobre la ruta del dinero de Muñoz.

La lista enviada por Andorra se competa con estos nombres: Ruben Osvaldo Seret, Alfredo Carlos Blasco García, Maria Fernanda García, Gabriela Raquel García, Santiago Cardoso, Juan Ignacio Cardoso, Maria Belén Cardoso, Soledad Irazoqui, Marina Irazoqui, Juan Cruz Campos Carles y Carlos Alberto Fagioli.

La investigación judicial abierta en Andorra, con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera local (Uifand), apunta a una serie de cuentas bancarias abiertas para triangular transferencia a Estados Unidos.

Para abrir las cuentas se utilizaban sociedades que no tenían ningún tipo de actividad como Brimark Holding SA, Mallerton International INC o Russhill Overseas SA.

Las cuentas sospechadas llegaron a sumar 78.202,454 de euros, según un relevamiento del 3 de octubre de 2017. A ese monto se suman otros 2.591.356 de euros en cuentas a nombre de personas físicas.

“El pedido de cooperación se origina en que han estado localizados haberes por un total de 78.202.454 de euros que podrían proceder de actividades ilícitas en Argentina”, detalla el oficio difundido por Infobae. Y agrega: “De los datos recogidos se desprende que estas cuentas de Andorra sirven de puente para bancarizar fondos que han estado recibidos por el Grupo Jonestur en efectivo, de forma que así se puede transferir internacionalmente entre bancos hacia los USA (sic)”.

La investigación en Andorra hace hincapié en dos cuentas “puentes”. La primera, identificada como IBAN AD11 0006 0008 2812 0054 1171, estaba a nombre de Todisco y su ex mujer, y se mantuvo abierta entre el 22 de marzo de 2012 y el 28 de julio de 2014. Según la Justicia de ese país, era utilizada para operar con empresas de Panamá, Argentina y Estados Unidos.

La segunda cuenta – IBAN AD28 0006 0008 2212 0043 0385- estaba a nombre de Juan Cruz Campos Carles y Carlos Alberto Fagioli. Los fondos entraban por transferencias y se traspasan a tres cuentas bancarias del BPA de sociedades vinculadas con el grupo Jonestur. En total se identificaron 19 transferencias por 2.405.689 dólares.

A fines de 2018, Andorra ya había enviado información sobre las operaciones bancarias realizadas por Todisco. Fue en respuesta a un exhorto enviado por el juez federal de Mar de Plata. Los datos también alimentan la causa de los cuadernos.