La Municipalidad de Villa Allende comenzará a implementar en febrero un sistema de cierres nocturnos en calles secundarias, tras un fallo judicial que avaló la instalación de portones como medida excepcional ante el aumento de la criminalidad.

La resolución de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación consideró que el plan es “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”, validando así una estrategia que no cuenta con antecedentes similares en Córdoba.

El intendente Pablo Cornet defendió la iniciativa, enmarcada en el “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal”, argumentando que el 60% de los robos en la localidad ocurren durante la noche.

“No responde a una decisión política o ideológica, sino a una solución práctica y excepcional frente al incremento de la inseguridad”, explicó el jefe comunal, quien recientemente fue víctima de un asalto en su propia vivienda.

El esquema inicial prevé la colocación de quince portones en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, con restricciones de circulación entre las 22 y las 6 bajo custodia de personal municipal.

Pese al aval judicial, la medida generó fuertes cruces con sectores de la oposición y grupos de vecinos que presentaron amparos colectivos.

La concejal Marta Banegas cuestionó el enfoque al sostener que “en vez de llevar adelante políticas de inclusión se llevan adelante políticas de segregación y eso es peligroso”.

Los demandantes, por su parte, advirtieron que el cierre de vías públicas vulnera derechos fundamentales como la libre circulación y la igualdad ante la ley, además de señalar la falta de estudios técnicos que demuestren la eficacia de estas barreras.

El programa municipal contempla también la instalación de 300 cámaras de vigilancia y el refuerzo de patrullajes con ocho nuevos móviles para crear corredores seguros.

Si bien la Justicia determinó que la restricción es parcial y se fundamenta en la emergencia de seguridad declarada en 2023, los vecinos afectados ya confirmaron que apelarán el fallo, por lo que la validez definitiva del sistema de portones quedará supeditada a una instancia judicial superior.