Una mujer en situación de vulnerabilidad extrema fue rescatada días atrás y un hombre quedó detenido, acusado de trata y explotación sexual.

La investigación fue realizada por la fiscal Laura Mazzaferri, y salió a la luz recientemente, con la imputación formal del sospechoso, sobre quien la Justicia Federal dictó ahora la prisión preventiva.

Según trascendió, los hechos se reiteraron durante una década en la cual la mujer habría sido sometida a violencia, abusos y explotación sexual de todo tipo. Según la pesquisa, desde al menos 2016 hasta el 5 de septiembre pasado el detenido la habría explotado sexualmente, se habría quedado con el dinero que obtenía de los encuentros con otros hombres y también habría retenido los beneficios sociales que le correspondían.

La historia comenzó a descubrirse cuando la mujer recibió atención médica en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Su relato permitió poner en marcha una investigación que terminó con la detención del hombre, acusado de trata de personas con fines de explotación sexual y de otros delitos.

La hipótesis de la investigación es que la mujer se encontraba en una situación de particular vulnerabilidad y que esa condición habría sido aprovechada durante años para someterla. La explotación, según la acusación, se habría extendido incluso durante un embarazo.

Durante ese período, además, habría sufrido abusos sexuales y lesiones. La investigación también sostiene que el acusado le habría suministrado estupefacientes, incluso durante la gestación.

La situación derivó en una internación hospitalaria en la que se le practicó una interrupción voluntaria del embarazo. Ese episodio forma parte del contexto de violencia y sometimiento que ahora intenta reconstruir la Justicia Federal.

Pero la acusación no se limita a la explotación: el detenido también está imputado por abusos sexuales con acceso carnal y lesiones graves. Según la hipótesis de la fiscal, los episodios de violencia habrían provocado un importante daño en la salud de la víctima.

A la vez, se le atribuye el suministro oneroso de estupefacientes, agravado por haber sido cometido mediante violencia y en perjuicio de una mujer embarazada.

La fiscal federal Laura Mazzaferri y la auxiliar fiscal Diana Arias durante la audiencia de formalización del caso de trata de personas.

Uno de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con el dinero. De acuerdo con la acusación, el hombre habría organizado o facilitado los encuentros sexuales de la víctima con otros hombres y luego se habría quedado con el dinero que ellos entregaban.

También habría percibido y retenido los beneficios sociales correspondientes a la mujer.

Así, la hipótesis fiscal describe un mecanismo de sometimiento que no se habría limitado a la violencia física o sexual: también habría existido un control sobre los recursos económicos de la víctima, lo que habría contribuido a mantenerla dentro de esa situación durante años.

La investigación comenzó formalmente el 9 de septiembre, después de que la Justicia provincial declinara su competencia. A partir del relato de la mujer y de los elementos reunidos posteriormente, la Justicia Federal avanzó sobre el sospechoso.

Personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó tres allanamientos -uno en una polémica propiedad de Rodríguez Peña y España- y dos órdenes de presentación en locales comerciales cuyos inmuebles serían propiedad del imputado. Durante los procedimientos, el hombre fue detenido.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal encabezada por Mazzaferri. En la audiencia de formalización, realizada el viernes ante el juez federal de Garantías Santiago Inchausti, la fiscal solicitó que el acusado permaneciera detenido durante 90 días mientras avanza la investigación. El pedido fue aceptado.

La Justicia también dispuso medidas sobre el patrimonio del imputado: fueron embargados cinco inmuebles y tres automóviles, además de ordenarse la inhibición general de bienes y el bloqueo de cajas de seguridad, cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Esas medidas apuntan no sólo a preservar bienes que eventualmente puedan ser decomisados, sino también a garantizar una eventual reparación económica para la víctima.

La investigación recién comienza y todavía resta establecer con precisión qué ocurrió durante los años en los que la mujer habría permanecido sometida, si hubo otras personas involucradas y cuál fue el alcance de cada uno de los delitos atribuidos al acusado.