La investigación criminal requiere de todos los instrumentos posibles para agregar prueba y la cámara de videovigilancia urbana es un aporte gravitante.

Entre los fiscales merodea una dual postura acerca de cuánto contribuye el COM, tanto en eficacia como en predisposición. Por un lado reconocen que se trata de una herramienta muy valiosa, pero a la vez destacan que todavía tiene muchas falencias y que, excepto en los siniestros viales, no han ayudado a respaldar demasiadas investigaciones.

Falta de mantenimiento, falta de operadores y calidad de imagen es el principal reclamo, a la vez que la buena predisposición es lo que se destaca.

Se recuerdan casos en los que gracias al COM pudo reconstruirse un hecho y condenar a una persona, y uno de los ejemplos, es la muerte del taxista Antonio Zapiel, colisionado por un ladrón al huir.

El sistema hace un aporte, en ocasiones, parcial como en el robo de la estatua La Sirena: poco colaboró para mostrar la maniobra de sustracción pero contribuyó para reforzar prueba en la identificación del ladrón. Sucede algo similar con la muerte del cuidacoches Jonathan Corbalán. Aunque la Justicia tiene la secuencia de cómo fue atropellado, el sistema falló al momento de “rastrillar” la ciudad para ver la fuga de la camioneta.

En el crimen de Claudia Repetto, todas las imágenes utilizadas por la DDI que muestran al asesino Ricardo Rodríguez son de cámaras privadas. A pesar de que el asesino atraviesa gran parte de la zona sur con el cadáver de la mujer en la motocicleta, no hay registros de cámara de seguridad urbana.

Lo mismo sucedió con Gustavo Arrativel, el causante del incendio en Torres y Liva. Las cámaras privadas aportaron más que las públicas.

En investigaciones por comercialización de estupefacientes (Operativo Milonguita) se hicieron tareas coordinadas y se pudo sacar provecho de la cámara como un sustituto de un vigilador humano.

En otros hechos el mal funcionamiento del sistema impide (o demora) el avance de una investigación. Es lógico comprender que no puede haber un operador por cámara, pero la falta de personal es el mayor obstáculo que repercute luego en la recuperación de imágenes de interés.

“El aporte en seguridad vial es inconmensurable y si bien faltan zonas, por limitaciones propias de los barrios, es un recurso que al Ministerio Público Fiscal debería ayudar muchísimo”, dijo una fuente consultada.

El mapa que muestra la distribución de las cámaras de seguridad en el partido de General Pueyrredon presenta algunos desequilibrios aún. A la entendible sobreabundancia de dispositivos en sectores comerciales se le opone una ausencia total en sitios sensibles como es la zona sur, desde Las Macetas hasta El Marquesado, o en Sierra de Los Padres, donde no hay ninguna cámara de seguridad excepto la del acceso. Luego, por supuesto, no se cubren muchas áreas en la periferia de Mar del Plata.

“Creer que el sistema funciona con una cámara en cada esquina es de una gran ignorancia. Es como pedir que en cada esquina tengamos un policía. Hay damnificados o víctimas que se quejan porque las cámaras no grabaron un delito, pero no tiene sentido pensar así el sistema. Tiene mucho por mejorar, pero no es un desastre”, explicó un fiscal.

Ahora con la incorporación de las cámaras LPR (lectoras de patente) se cuenta con un arma potente que la gestión de Montenegro quiere replicar del sistema de CABA: el Anillo Digital. Las LPR leen patentes de automóviles y en la sala de Monitoreo generan alertas si se trata de un vehículo con impedimento legal o si es buscado por la policía. Ubicadas estratégicamente, pueden localizar un automóvil en circulación. Por el momento son muy pocas las instaladas pero se apunta a tener cerca de 50 en toda la ciudad.

De cualquier modo su eficacia también dependerá de la capacidad que tenga el municipio de sostenerlo con recurso humano.