Por Ramiro Melucci

Un kiosquero ejecutado por un delincuente. Un grupo de policías de civil que busca cazar al autor y acribilla a un inocente. Una oficina antidroga que robaba droga en los allanamientos y la plantaba en otros operativos. El combo de la semana pasada muestra la peor cara de Mar del Plata. La que sume a sus vecinos en una creciente sensación de desprotección y sigue minando la ya deteriorada confianza en la policía.

La situación es crítica. Los ocho homicidios en lo que va del año “se salen del promedio” del resto de la provincia, según revelaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense. En un año se duplicó el robo de motos y autos. También aumentan el robo en viviendas y en comercios.

Esos índices, pero sobre todo el asesinato del kiosquero Cristian Velázquez (50), impulsaron al Ministerio a definir otro cambio en la cúpula de la Departamental, el segundo en ocho meses. La duda lógica es si cambiará algo.

El desplazamiento anterior se produjo después de la detención del entonces jefe de la Departamental, José Segovia, por formar parte de una asociación ilícita mixta. Poco después quedó al descubierto el robo de dinero y la apropiación ilegal de horas Cores en la Delegación de Drogas Ilícitas. Al cambio de mando decidido en la última semana (Edgardo Vulcano reemplazó a Luis Senra, el reemplazante de Segovia) le sucedió el nuevo escándalo de la oficina antidroga: se descubrió la maniobra de algunos de sus integrantes para apoderarse de dinero de manera ilegítima y de estupefacientes que luego establecían en otros domicilios.

En ese marco, el gobernador Axel Kicillof suspendió el acto político que tenía previsto encabezar ayer en la explanada contigua al Museo MAR. El fusilamiento de Matías Paredes (26) en un operativo ilegal terminó por convencer al mandatario de que no era el momento para ninguna actividad ajena a la gestión. Igual desembarcó en Mar del Plata, pero de forma sorpresiva, para reunirse con los padres de la víctima.

Kicillof, junto a los ministros Javier Alonso y Juan Martín Mena, tras reunirse con los padres del joven asesinado por policías.

El intendente Guillermo Montenegro se enfocó en el caso del kiosquero. Reclamó leyes más duras, en un guiño a los proyectos que impulsa en el Congreso la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich: el jueves, el mismo día que la funcionaria estuvo en Mar del Plata, se aprobó en la Cámara de Diputados el que aumenta las penas por reincidencia y reiterancia.

Es la primera vez desde que es ministra de Javier Milei que se saca sacó una foto de gestión con Montenegro. El acuerdo de campaña para enviar fuerzas federales a Mar del Plata ya prácticamente había quedado en el olvido. Cerca de Bullrich se encargaban de avisar que había que conformarse con lo que había (“es más de lo que se cree”, decían) y reorganizarse.

Con el Plan 90/10 volvió la promesa de las fuerzas federales. Una innovación: en lugar de anunciar los refuerzos para la temporada los anunciaron para después. La única precisión fue que llegarán en marzo. Bullrich evitó dar un número de los efectivos que se sumarán, contó que se afincarán en un lugar cedido por la Municipalidad que todavía no está listo y no dejó en claro si el personal se abocará, además de a la investigación de bandas criminales, a la prevención del delito en las calles. Cerca de Montenegro aseguran que sí. La ministra no lo dijo.

La explicación del demorado encuentro entre Montenegro y Bullrich debería adjudicarse a la convulsionada interna del PRO y a la ruptura entre la ministra y Mauricio Macri. La relación con Montenegro tampoco parecía la mejor. Al menos eso se reflejaba públicamente: el mes pasado, la diputada provincial Sofía Pomponio, que responde Bullrich, le recordó al gobierno municipal sus responsabilidades en materia de seguridad: desde la iluminación y la limpieza hasta el control de los espacios públicos. “Dejemos de tirar la pelota afuera”, reclamó. Nada es casual.

El reencuentro tampoco aparenta serlo. Se produce cuando aumentan las especulaciones sobre la posibilidad de que más dirigentes del PRO se pinten de violeta. Y cuando en todos los listados de dirigentes que podrían seguir los pasos del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, aparece Montenegro. Como al pasar, en la conferencia de prensa Bullrich comentó que antes de la visita había conversado con Milei.

Es la primera vez desde que es ministra de Javier Milei que se saca sacó una foto de gestión con Montenegro. El acuerdo de campaña para enviar fuerzas federales a Mar del Plata ya prácticamente había quedado en el olvido.

En la espiral de violencia y muerte (que excede Mar del Plata y se combina con una discursividad cada vez más agresiva) sobrevolaron algunos tiros por elevación. Montenegro le apuntó a la Justicia cuando aludió a la puerta giratoria. “Estamos hartos de ver cómo una persona que comete un delito estuvo 15 o 20 veces detenido”, lanzó. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, se mostró en sintonía: “Si nosotros detenemos a los delincuentes y los sueltan, es muy difícil”.

El fiscal general, Fabián Fernández Garello, consideró en cambio que el principal problema es la droga. Pueden subirse las penas o bajarse la edad de imputabilidad, reflexionó, pero seguirá habiendo falta de lugar en las cárceles y tratamiento para los delincuentes que actúan sin frenos inhibitorios por el consumo de estupefacientes.

Existe en el planteo un reclamo al Gobierno nacional por el ingreso de la droga al país. A nivel nacional lo verbalizó Kicillof. Bullrich se defendió desde Mar del Plata: dijo que nunca como ahora hubo tantos decomisos de droga. También le adjudicó al gobernador la falta de preparación de la policía.

En la espiral de violencia y muerte sobrevolaron algunos tiros por elevación, pero Montenegro le apuntó a la Justicia y evitó el fuego cruzado con el Gobierno bonaerense.

Sus comentarios no pasaron inadvertidos. Después de mantener una reunión con Bullrich y Montenegro en la ciudad, el ministro Alonso destacó el “trabajo coordinado” con Nación, pero cuestionó la “dinámica electoral” y les recordó que la inseguridad no se arregla en X ni en la TV.

También destacó los fondos enviados por la Provincia a Mar del Plata en los últimos años: $2800 millones el año pasado, “que entre otras cosas se podían usar para seguridad”, y $500 millones exclusivos para seguridad en 2022 y 2023. Ninguno de esos números forma parte de la narrativa del oficialismo local, que en la discusión del presupuesto aprobado el último miércoles en el Concejo Deliberante optó por lamentar la baja de recursos que ingresan de la Provincia.

De todos modos, Montenegro evita el fuego cruzado con el Gobierno bonaerense en el ámbito de la seguridad. Mantiene la línea que sostenía cuando su amigo Sergio Berni era ministro. En el Concejo, el presidente del bloque oficialista, Agustín Neme, se dedicó a enumerar las “herramientas” para combatir la inseguridad que ha puesto a disposición el municipio. El golpe vino del costado: lo propinó la radical Marianela Romero, socia en el interbloque, cuando en el fragor del debate con la oposición aprovechó para reprocharle a la policía bonaerense la falta de patrullaje en la ciudad.