Zona Roja significa zona de tolerancia. Es un área en el cual una sociedad se pone de acuerdo para admitir lo que en el resto de su territorio no aceptaría bajo ningún concepto. Y funciona a la perfección cuando lo que se admite no es un delito. Primera Obviedad.

La Zona Roja, en muchos lugares del mundo, es aquel sitio en el cual está permitido el ejercicio de la prostitución y tiene un sentido lógico su perímetro cerrado: por tratarse de una actividad controversial y reservada a mayores de edad solo pueda llegar a ella o acceder quien desee hacerlo. Segunda Obviedad.

Para empezar a entender este gran problema de Mar del Plata en el que se cruzan conflictos criminales, sociales y de convivencia, hay que decir que la prostitución no es un delito. En el formato callejero puede causar incomodidad moral en muchos habitantes, pero nada más que eso. Por eso mismo, una Zona Roja en la que se desarrolle la prostitución puede ser ordenada por el Estado y, con esa facultad, emplazada en un lugar en el que todos estén de acuerdo. Tercera Obviedad.

En Mar del Plata la Zona Roja fue una construcción de años, cáotica, anárquica, impulsiva y fundamentalmente clandestina. Primero se ubicó en torno al ya desaparecido mercado de Abasto de Alberti y Champagnat, ya que quienes consumían prostitución callejera eran en gran medida los trabajadores del transporte. De a poco comenzaron a verse autos particulares también. Fue el inicio de la Zona Roja que luego se mudó, al desaparecer el Abasto, hacia la avenida Luro. Y en los últimos meses se estableció con firmeza en cercanías de Tribunales y la Vieja Terminal. Nadie la ordenó ni hizo un acuerdo para que sea una zona de tolerancia, sino que fue una Zona Roja autoemplazada y autogestionada. La violencia y la droga empezaron a crecer y terminaron por ganarle a la prostitución.

Hoy la Zona Roja, que en una escala de tiempo histórico “recién” se muda a su nueva locación, es un desastre desnaturalizado. La oferta sexual se eleva como una pantalla en muchas personas que allí “trabajan” y lo que comercian es, principalmente, cocaína. Todo esto en perjuicio de aquellas que sí se dedican al servicio sexual, ya que terminan criminalizadas por el conjunto.

No es tampoco una Zona Roja plural o mixta, porque las paradas están colonizadas por un sólo género: mujeres trans. Las mujeres no trans o los hombres  (en mucha menor escala) ocupan esquinas en otros barrios como La Perla o Estación Norte.

Lo que ocurre, en consecuencia, es que la Zona Roja marplatense es un descontrol de violencia, crímenes, peleas, corrupción y venta de drogas. Venta de drogas. Y encima de todo eso hay otro gran problema: que la Zona Roja ocupa un área residencial y comercial, lleno de vecinos hastiados, a los que nadie podrá venir a negarles lo que ellos padecen.

Por lo tanto, algo hay que hacer para que la Zona Roja tenga la característica de una Zona de Tolerancia donde quien quiera pueda consumir prostitución tal como el Estado lo permite: en la vía pública no en locales. Pero el Estado municipal no puede regular esta versión narcomenudista y marginal de la Zona Roja. Es inadmisible que se institucionalice la venta de drogas, sean quiénes sean los vendedores. Por más vulnerabilidad, persecución, minoría o estado de necesidad que los rodee. Cuarta Obviedad.

En el caso en que una sociedad lo apruebe, la Zona Roja debería ser un espacio para la oferta de servicio sexual no un evento de comercialización de drogas. Puede serlo episódicamente o porque escape a controles, pero no como sustancia central constitutiva. Nadie discute hoy en qué se ha transformado. A tal punto que en algunos ámbitos investigativos se habla con resignación de “Zona Blanca”, en un juego cromático no demasiado ingenioso pero sí preciso. Y también se acuña otro término que generaliza en dinámica criminalizadora: mujeres “trans-sas”, así, con una pausa.

Lo que más dinero mueve en la Zona Roja es la droga y no la prostitución. Quinta Obviedad.

Es narcomenudeo

La principal controversia que el Estado tiene en la batalla contra el narcomenudeo es que no lo puede vencer pero tampoco se puede dar por vencido. Entonces debe insistir en la minimización del daño, porque es a lo máximo a lo que puede aspirar. “¿Con mi plata van a permitir solo minimizar”?, sí con la suya y la de todos los contribuyentes. La Zona Roja de Mar del Plata, en cualquiera de sus versiones, entra en esa lógica, porque, simplemente, es uno de los canales de venta de cocaína más importantes. Solo se puede minimizar el daño.

La cocaína en la ciudad se vende de distintas maneras. Está quien llama a su “dealer” y fija un punto de encuentro. El otro que en una situación más ocasional busca en algún boliche el dato. O el que se dirige al “point” de su barrio, que puede ser una casa, un kiosco, un almacén o apenas una tapera con una ventanita ínfima y una puerta trasera grande para la huida. Y también está el consumidor que prefiere la Zona Roja, el de a pie o el que usa un taxi, un remís o su propio vehículo.

La Zona Roja, sucedía en la ya casi extinguida de Luro/Champagnat y sucede en la auto-relocalizada de la “Vieja Terminal” o en la reducida réplica de La Perla, ha dejado de ser una propuesta excluyente de servicios sexuales para ser una oferta de venta de cocaína. No hay estadísticas oficiales ni las habrá, pero una noción aproximada asegura que casi todas las “paradas” se puede comprar droga.

Para algunos vecinos ver a una persona prostituyéndose en la calle a cambio de dinero puede ser una ofensa a su moral. Puede ser una incomodidad, un “mal ejemplo” y generar una baja en la calidad de vida barrial, con la desvalorización de las propiedades y la rentabilidad de los comercios. Pero, aun cuando es una gran verdad, los trastornos principales de convivencia surgen de la venta de drogas, no de la venta de sexo. Obvio, porque uno es un delito y el otro no.

La Zona nueva Roja con punto central en Gascón y Las Heras es de toda la vida, pero en el último año ha aumentado en una escala descomunal, en coincidencia con la desaparición de la de la avenida Luro. Está claro que la mudanza se produjo porque, con mayor presencia de fuerzas de seguridad, mejor iluminación y quejas permanentes, la vieja Zona Roja ya no podía sostenerse.

En el área comprendida por la calle Tucumán, Brown, Gascón y Sarmiento se pueden ver las primeras consecuencias de esta mudanza. Robos, daños, venta de drogas, merodeo y peleas. En la anterior Zona Roja hubo homicidios, mujeres trans apuñaladas, custodios de prontuario en las esquinas, viviendas usurpadas, adictos en busca desesperada de limosna. Todos problemas graves derivados del narcomenudeo y muy pocos del servicio sexual.

La última semana se llevaron a cabo las primeras protestas de los vecinos, dirigidas hacia la institución que se considera más responsable: la Policía. Según un reporte reservado de la Policía Bonaerense, las órdenes de servicio para el patrullaje y rondines por la zona comercial y residencial afectada se realizan desde el mes de marzo de 2021, cuando asumió  el nuevo jefe de la comisaría segunda Hugo García y la gestión departamental. Pero no es suficiente. Y el ciclo vuelve a iniciarse. La Zona Roja causa malestar, el malestar causa protestas contra la policía, las protestas aumentan recursos desplegados en el área, la Zona Roja nueva pasa a ser Zona Roja vieja.

También las quejas son contra la Justicia, ya que los vecinos aseguran que no se investiga. Evidentemente, se investiga, pero al igual que ocurre con el accionar policial, no alcanza.

La clase política tampoco queda indemne de la artillería de los vecinos de la Vieja Terminal. La política en general es señalada por su falta de compromiso para resolver el tema y acusan de “cajoneo”.

Vulnerabilidad  y minoría trans

“La solución es política y, aunque a muchos no les guste, de asistencia social”, se dijo también en 2020 ante el surgimiento de la Mesa Transversal en Derechos Humanos y Género, que es interdisciplinaria y tiene por participantes a todos los que conocen el tema de la discriminación de minorías. Una importante porción de la sociedad no está demasiado de acuerdo con un tratamiento diferenciado hacia personas que, en definitiva, están cometiendo un delito. Si bien eso es una verdad grande como una casa, también hay que decir que el problema ya existe y sacar a una mujer trans de la marginalidad no es fácil, se necesita un abordaje muy profundo.

Y no es un fenómeno exclusivo de Mar del Plata. Les pasa a los platenses en El Mondongo, o a las bahienses sobre la calle Sixto Laspiur, en inmediaciones del estadio de Olimpo. Les pasa a los salteños en la calle Corrientes o a los cordobeses en la zona de Humberto 1° a Colón. Pasa en todas las grandes ciudades.

Hay una realidad que el hartazgo (y cierto grado de transfobia) impide ver y es la de las mujeres trans, muchas de ellas extranjeras. Son personas que conviven con la discriminación, la vulnerabilidad, el rechazo laboral, social, habitacional. Ese rechazo las coloca en una informalidad y precariedad tan profundas que ellas terminan alimentando lo que las perjudica. Un espiral de marginalidad que pone a muchas en situación de supervivencia diaria. A la simple prostitución la separa un paso de hormiga de la venta de drogas. Desde las organizaciones y colectivos trans se le pide al Estado que preste atención a ello, que es el origen de todo. Se calcula que no son más de 100 personas las que están en conflicto. Muchas de ellas también son adictas al consumo de estupefacientes.

Quien vende drogas en un point, en un vip de Güemes o en una esquina de la Zona Roja debe tener el mismo tratamiento judicial, sin importar las motivaciones que haya tenido para hacerlo. Es otra de las grandes obviedades, pero a diferencia del aparato punitivo, a la política sí debería importarle las motivaciones, con el objeto de atacar el conflicto de raíz.

Todo parece una gran obviedad. Y en ocasiones lo obvio es lo más difícil de resolver excepto con cada uno de los responsables reunidos alrededor de la misma mesa.