El Concejo Deliberante tratará hoy en sesión extraordinaria los aumentos tarifarios en colectivos y taxis, así como el convenio para permitirle al municipio aplicar el sistema de fotomultas.

En el último plenario antes de la renovación legislativa surgida de las elecciones del 22 de octubre, los concejales analizarán los dictámenes que ayer terminaron de definir las comisiones del Concejo.

En una reunión conjunta, las comisiones de Transporte y Legislación aprobaron un aumento de boleto de 23,58%, que llevaría la tarifa plana de $7,97 a $9,85. El monto surgió del cálculo de costos del Departamento de Transporte Urbano del municipio, que dio un resultado inferior al pedido de las concesionarias (habían solicitado 37,89% de incremento para establecer el boleto en $10,99).

El expediente fue convalidado con una modificación en el Fondo del Transporte, destinado a reparar las calles por las que circulan los colectivos: los fondos asignados al municipio pasarían del 1,5 al 3% de la recaudación por la venta de boletos.

El dictamen del aumento de los taxis también tuvo en cuenta un cálculo realizado por el municipio, que sugirió una suba de 22%, con lo que la bajada de bandera pasaría de $27,60 a $33,60 y la ficha, de $2,30 a $2,80. La Sociedad de Conductores, la Asociación de Propietarios y Taxicoop habían solicitado un aumento de 26%, pero no protestaron. “Tenemos que tener servicios a buen precio, por eso aceptamos”, explicó Raúl Vicente, presidente de la Sociedad de Conductores.

El convenio por las fotomultas con la Universidad Tecnológica (UTN) La Plata será considerado en un plenario casi un año y medio después de que el municipio presentó el proyecto. La iniciativa estuvo empantanada en comisiones hasta que un cambio en el reparto de fondos acordado por el oficialismo logró destrabarla.

El convenio original contemplaba que el municipio recibiría un 40%, la UTN otro 40% y la provincia el 20% restante. Los concejales firmaron en comisión un texto que condiciona la aplicación del sistema a que la comuna reciba no menos del 50% de lo recaudado.

También incluyeron otras consideraciones, como la creación de una comisión de seguimiento, la colocación de las cámaras en los sitios de mayor siniestralidad vial y la asignación de un 10% de lo percibido por el municipio a infraestructura y seguridad vial.