Dos mujeres y un hombre fueron condenados por la Justicia Federal por integrar una banda de falsificadores de cédulas y títulos de vehículos, en un debate prácticamente histórico en el que el Ministerio Público Fiscal pudo demostrar que existió una asociación ilícita para cometer ese tipo de delitos.

De esta manera, el Tribunal Federal condenó a Sandra Ana Rocchi a 4 años y 6 meses de prisión, a su hija Carla Victoria Rodríguez Rocchi a 3 años de pena en ejecución condicional y a Matías Ariel González a 4 años y 6 meses, los tres por formar parte de una asociación ilícita. Kevin Ariel Surban, por su parte, fue condenado a 3 años de ejecución condicional por falsificar documentos públicos. Además, un hombre y una mujer fueron absueltos.

Por su parte, el esposo de Sandra Rocchi, Carlos Sergio Rodríguez, era parte de los acusados, pero no fue parte del debate por problemas de salud y no haber estado en condiciones de afrontar el proceso.

En su alegato, el fiscal subrogante Carlos Fioritti, pudo demostrar que los acusados se dividían en dos grupos claros: por un lado los falsificadores, liderados por el matrimonio Rodríguez-Rocchi.

Esta parte de la banda de falsificadores se ocupaba de la confección de la documentación apócrifa, requerida por otros miembros de la organización o por terceros. Para la fiscalía, originariamente las adulteraciones las confeccionaba Carlos Rodríguez, pero debido a problemas de salud, dicha actividad quedó a cargo de Sandra Rocchi.

La sincronización de las tareas de la banda quedó acreditada en el juicio. Por ejemplo, el rol de Carla Rodríguez Rocchi, hija de ambos, quien se dedicaba a la confección de los códigos QR a través de aplicaciones que tenía en su celular. También contaban con sellos del Registro al Automotor, impresoras, tinta, reglas y filminas para confeccionar las cédulas verdes y los títulos de vehículos.

El segundo grupo estaba compuesto por Matías González, Kevin Surban y el policía Luis Fecicia, fallecido durante la investigación. González aportaba a la organización su vínculo con Fecicia, quien era funcionario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El policía entregaba planas informáticas correspondientes a los vehículos cuya documentación se buscaba falsificar o de similares características.

Surban, en tanto, participaba con la compra de vehículos sustraídos con el conocimiento de ello, para luego solicitarle a González contactar a Rocchi, con el objetivo falsear la documentación apócrifa para poder venderlo.

La investigación comenzó a raíz una compra venta de una camioneta, en la que un hombre notó que le ofrecían un vehículo muy superior al precio del rodado que iba a entregar, por lo que ante la sospechó denunció a la policía. Con esta información, en noviembre de 2020 se realizó un allanamiento en el barrio Nuevo Golf, en el que fue detenido Matías González y se secuestró una camioneta robada, que tenía patentes falsas, cédula verde falsa y cristales y chasis adulterados.

Del celular de González, los investigadores llegaron a Sandra Rocchi y visualizaron que podría tratarse de una banda criminal que se dedicaba a la falsificación de documentos públicos.

Con todas las pruebas, en el juicio el fiscal subrogante Fioritti pudo demostrar que se trató de una asociación ilícita, con pluralidad de planes, independientemente que se hayan o no llevado adelante. “Se juntaban con el objetivo de cometer delitos, es un delito difícil de demostrar, pero fue probado”, explicó a LA CAPITAL.