Argentina inició hoy el proceso de apelación del fallo que la obliga a transferir acciones de YPF por un monto de US$16.000 millones, correspondiente a la nacionalización de la empresa.

Según el especialista Sebastián Maril, la presentación ante la Cámara de Apelaciones se centra en cuatro puntos principales:

La Justicia de Estados Unidos no puede obligar a un país soberano a repatriar activos ubicados en el exterior.

La jueza Loretta Preska aplicó incorrectamente la Ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225) sobre bienes situados fuera del país.

Se invoca la Ley de Inmunidad Soberana para proteger a Argentina de la entrega de acciones de YPF.

Se consideran las consecuencias diplomáticas de obligar al país a transferir activos, en el marco de relaciones entre naciones amigas.

El proceso podría definirse en el primer trimestre de 2026. En esta causa, el gobierno estadounidense intervino como amicus curiae, argumentando que la orden de transferir las acciones fuera del territorio estadounidense podría exceder los límites legales de ejecución de bienes de estados extranjeros establecidos en la FSIA.

Añadió que, si Argentina cumple la orden de entregar las acciones sin que la apelación del fallo primario esté decidida, podría sufrir un daño irreparable. Incluso, si luego consigue un fallo favorable, podría perder la posibilidad de recuperar esas acciones entregadas.