Lunes,15 de Diciembre de 2025
En Garay entre Independencia y Catamarca funciona un mundo que todos los marplatenses, e incluso los turistas, en algún momento, pueden llegar a visitar: los juzgados municipales de faltas. En las oficinas de este edificio desemboca una enorme cantidad de infracciones que se detectan a diario en Mar del Plata, desde multas de tránsito hasta decomisos de mercadería vencida, pasando por problemas en obras en construcción, ruidos molestos e irregularidades comerciales.
El municipio, a través de distintas áreas, ejerce su poder de control y fiscalización. Cuando se constata una infracción, se labra un acta y la causa -en general- pasa a la Justicia Municipal de Faltas, que aplica el Código de Faltas local y decide qué sanción corresponde según la gravedad del hecho, la reincidencia y las condiciones del infractor.
El objetivo de este sistema no es solo sancionar, sino generar conciencia colectiva, pero durante ocho años el sistema estuvo sobrecargado: alrededor de 100.000 actas y denuncias anuales cayeron sobre apenas tres juzgados activos.
Garay 3136. Sede de los Juzgados Municipales de Faltas de Mar del Plata.
Si hubiera que trazar un mapa de los temas que más llegan a los juzgados, habría tres protagonistas indiscutidos: tránsito, obras y comercios.
Entre ellos, aportan la mayor parte de las infracciones que tramitan en el sistema.
Tránsito, por lejos, encabeza el ranking. Según pudo saber LA CAPITAL, solo esta área genera entre 50.000 y 75.000 actas por año, aunque algunos años esa cifra se ha superado.
Las faltas son las que puede enfrentar cualquier vecino. Problemas documentales (registro o cédula verde vencida o inexistente, por ejemplo), pero también infracciones viales captadas por radares o agentes municipales: exceso de velocidad, cruzar en rojo, uso del celular al volante, estacionar en lugares prohibidos, entre otras.
Según datos de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano a los que tuvo acceso LA CAPITAL, en los primeros diez meses del 2025 se labraron 2.450 actas de constatación, de las cuales más de 2.200 corresponden a Obras Privadas.
Las demás se vinculan al mantenimiento edilicio (mayormente de las fachadas) e instalaciones de gas y electromecánicas.
La construcción es un mundo en sí mismo, y de él derivan múltiples aristas. Así, en algunas obras, aparecen problemas con los planos, incumplimiento de los códigos de ordenamiento urbano, excesos en la superficie edificada o alteraciones en la línea municipal. También hay actas por mantenimiento edilicio, que es un tema muy delicado por el estado de muchos balcones y edificios antiguos, y por problemas en instalaciones de gas, electricidad o ascensores.
En lo que va del 2025, según pudo saber LA CAPITAL, la Subsecretaría de Inspección General realizó 1.823 actas vinculadas a comercios, que incluyen infracciones por falta de habilitación, ocupación indebida de la vía pública, ruidos molestos o irregularidades en la actividad nocturna. También se detectan incumplimientos en cartelería, publicidad, seguridad antisiniestral, higiene, pesca y venta de bebidas alcohólicas (REBA).
Debido a la cantidad de rubros comerciales y normativas vigentes, en el rubro comercial se diversifica bastante el tipo de infracciones.
En detalle, en lo que va del año el Departamento Operativo realizó 930 actas; el Departamento de Habilitaciones 349 actas, a las cuales se suman otras 145 del Departamento de Habilitaciones de Delegaciones; 105 actas de la División REBA; 128 del Departamento Control de Espacio Público; 76 de la División Nocturnidad e Higiene, 52 actas por Publicidad, 22 del Departamento de Pesca, 17 del departamento de Seguridad Antisiniestral, entre otras.
Más allá de los tres grandes temas, los juzgados también reciben actas de otras áreas sensibles. Una de ellas es Bromatología, que se encarga de garantizar la seguridad alimentaria.
En este caso, cuando los inspectores detectan alimentos vencidos, mal rotulados o no aptos para la venta, se labra el acta correspondiente y se procede al decomiso. Este trabajo, en definitiva, es lo que permite que los marplatenses puedan comer tranquilos en sus casas, pero también en locales gastronómicos.
Otro frente de infracciones está en Zoonosis, donde suelen tramitarse casos por animales sueltos, mordeduras o incumplimientos de las normas de tenencia responsable.
También a los juzgados de faltas llegan actas por asuntos ambientales, ya sea por el mal descarte de restos de poda, residuos patológicos, escombros o basura domiciliaria en lugares indebidos.
Uno de los juzgados activos trabaja específicamente en temas vinculados a Defensa del Consumidor y es pionero a nivel nacional por su funcionamiento totalmente digital.
En este caso, el juzgado trabaja con denuncias. Muchas de ellas están vinculadas a planes de ahorro, cobros indebidos, problemas con obras sociales y prepagas, operaciones inmobiliarias, y luego situaciones más domésticas, como reparaciones de vehículos o conflictos con electrodomésticos, entre muchos otros casos.
Este juzgado trabaja en línea con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y con el área de Derechos Humanos, por lo que también llegan casos más delicados, como discriminación hacia personas con discapacidad (por ejemplo, el no reconocimiento de descuentos con el CUD), adultos mayores estafados y violencia de género.
En promedio, la OMIC recibe unas 15 denuncias por día, de las cuales alrededor de la mitad se resuelve en etapa de conciliación. El resto termina en el juzgado. Este tribunal, por cierto, tiene la particularidad de poder dictar un “daño directo”, es decir, ordenar que una persona o empresa indemnice directamente a otra.
Los juzgados de faltas son la última instancia del poder de policía municipal. Allí termina buena parte del trabajo diario de las áreas de control. Aunque este tipo de justicia es a veces poco visible, en la práctica toca de cerca la vida cotidiana de todos.
Durante los últimos ocho años, Mar del Plata funcionó con solo tres jueces de faltas activos: José Luis Oteiza (Juzgado N°1), Pedro López Martucci (N°3) y Fernando Mumare (N°4). Los juzgados N°2 y N°5 se mantenían subrogados y la carga de trabajo era enorme.
Con alrededor de 100.000 actas anuales entre todas las áreas municipales, los despachos se vieron fuertemente colapsados y las demoras se multiplicaron.
Hace poco, a fines de octubre de este año, finalmente el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la designación de tres nuevos jueces: Franklin Llan de Rosos (Juzgado N°1), Paula Hernández (N°2) y Leandro Gabás (N°5). Dos de esas vacantes no se cubrían desde 2007, y la tercera se generó con la jubilación de Oteiza.
Los recientes nombramientos, se espera, traerán cierto alivio y ayudarán a que el sistema de “normalice”. Pero, ¿es eso suficiente en 2025, en una ciudad con la densidad poblacional de Mar del Plata? Todo indica que, tarde o temprano, habrá una transición hacia lo digital también en la Justicia de Faltas, como viene sucediendo en otras áreas.
De acuerdo con varias fuentes del sector consultadas por LA CAPITAL, una de las claves para mejorar definitivamente el funcionamiento de los juzgados será avanzar hacia la migración tecnológica. Esto implicaría digitalizar los expedientes y los descargos de los ciudadanos. En definitiva, que el proceso sea online.
Hoy, hacer un descargo suele implicar esperas, colas, fotocopias y pérdida de tiempo, lo que crea muchas veces un evidente malestar en las puertas del edificio de Garay casi Independencia.
Con un sistema digital, las personas podrían presentar su defensa desde su casa, en cualquier día y hora, adjuntando documentación en línea y con mayor comodidad.
“La justicia que se demora no es justicia”, señalaron desde de los juzgados. En ese sentido, la digitalización suena como una solución para aliviar la carga de los jueces y, sobre todo, descomprimir a la gente, que podría obtener sus resoluciones más rápido gracias a un sistema más ágil. Sin embargo, por ahora, parece que para llegar a eso, todavía falta.
