A la espera de que se realice una inspección técnica preliminar en los terrenos linderos al Faro de la Memoria, en la zona sur de la ciudad, organismos de Derechos Humanos que actúan como querellantes criticaron y calificaron como “ingrata” la reciente decisión del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata de levantar la medida cautelar que frenó el inicio de las obras para la construcción de un bar de gin en el lugar.

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires repudió el accionar del juez federal Santiago Inchausti en torno al predio de la ex ESIM, que funcionó como un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar, y cuyos terrenos linderos pretenden ser explotados comercialmente por la firma Burbarrel (Gin La Restinga).

Vale recordar que la cautelar que otorgó en noviembre del año pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata había sido extendida hasta el 5 de mayo.

A través de un comunicado titulado “Mar del Plata, ciudad de negociados”, el organismo señaló que la resolución judicial cuestionada fue dictada en el marco de “un incidente” que se había formado únicamente para llevar adelante —durante la primera quincena de junio— una inspección técnica preliminar con georradar, herramienta solicitada para detectar posibles alteraciones, estructuras enterradas y eventuales elementos de interés probatorio en el subsuelo del predio.

“Ese expediente tenía un objeto específico y limitado vinculado exclusivamente a tareas técnicas destinadas a preservar y analizar posibles pruebas relacionadas con los delitos de lesa humanidad investigados en la causa principal. Sin embargo, en ese contexto se resolvió avanzar sobre la medida cautelar que protegía el predio”, indicaron desde la Asociación.

Seguido, recordaron que la causa se encuentra en la Cámara Federal porque la primera resolución sobre los plazos fue apelada por dicha Asociación de Familiares y, desde entonces, todas las medidas vinculadas a la cautelar fueron tratadas por dicho tribunal.

“Por eso nos preguntamos: ¿el juez Inchausti no sabe que carece de competencia para resolver sobre una medida que hoy está siendo revisada por la Cámara Federal?”, agregaron en el comunicado.

En ese marco, informaron que los abogados de la Asociación ya pusieron en conocimiento de la Cámara la resolución dictada y presentaron un pedido de nulidad por considerar que lo actuado resulta “contrario a las garantías más elementales del debido proceso”.

En línea con el título del comunicado, desde el organismo consideraron que “es realmente sorprendente el modo en que se está actuando en esta causa” y vincularon la decisión judicial con “el clima de negociados” que, según sostienen, hay la ciudad.

También cuestionaron el rol del oficialismo. “Sorprenden y entristecen las apresuradas declaraciones de concejales del oficialismo de Montenegro, cuando hablan de ‘la ciudad del sí’ y pretenden hacernos creer que los problemas de empleo de Mar del Plata se resuelven instalando un puesto de venta de gin en un ex centro de detención y muerte”, expresaron.

Por último, remarcaron que el predio cedido comprende unas cuatro hectáreas y señalaron que el canon mensual fijado sería de “apenas $250.000” y apuntaron: “Aquí vemos el negociado”.

En esa línea, insistieron en que el lugar debe ser preservado por su valor histórico y judicial, ya que podría contener pruebas vinculadas al terrorismo de Estado y expresaron: “No se puede hablar de progreso ni de desarrollo cuando se pretende transformar lugares atravesados por el horror de nuestra historia en oportunidades de negocios privados”.

“Todo esto ocurre mientras organismos de derechos humanos, víctimas y familiares seguimos reclamando memoria, preservación y respeto sobre un predio que podría contener pruebas fundamentales”, concluyeron desde la Asociación, al tiempo que reafirmaron las consignas de “Memoria, Verdad y Justicia” y “Nunca Más”.