El presidente Mauricio Macri respaldó este miércoles el pedido de renuncia a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al sostener que tiene “una manifiesta militancia kirchnerista”, que “ha obstruido la investigación sobre hechos de corrupción del gobierno anterior” y que inició “causas sin fundamentos” contra la actual gestión.

En ese sentido, Gils Carbó ratificó que no renunciará a su cargo, al advertir que no va a ceder “a las presiones que se están ejerciendo” sobre ella “desde que asumió el Gobierno”, y remarcó que echarla por decreto “sería un acto que nos colocaría por fuera del Estado de derecho”.

En tanto, Macri lamentó que la procuradora “insista en seguir en el cargo”, y apuntó: “Creemos que ella hace un uso indebido del enorme poder que tiene la procuradora”.

El martes, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió que la Procuradora sea citada a declaración indagatoria por la compra de un edificio para el Ministerio Público, en 2013, la cual consideró que fue “direccionada” para favorecer a una empresa y satisfacer “intereses personales”.

Por su parte, el jefe de Estado acusó a la procuradora de no ayudar “en la lucha contra el crimen”, al asegurar que las inversiones que ha hecho fueron en “superestructuras, edificios, que por eso la están citando a indagatoria, en vez de dotar a los fiscales de herramientas para luchar contra el delito, que es lo que sufrimos todos los argentinos”.

En una conferencia de prensa en la provincia de Córdoba, el Presidente aseguró que la procuradora tiene “una manifiesta militancia kirchnerista” y “ha utilizado ese lugar para detener, demorar, enturbiar las investigaciones de corrupción del gobierno anterior y crear sistemáticamente imputaciones con sus fiscales al Gobierno”.

“Ella no es una procuradora imparcial, como corresponde, es una militante política que ha obstruido la investigación de los hechos de corrupción del gobierno anterior y que ha desatado con fiscales que ella movió y designó irregularmente decenas de causa contra nuestro gobierno sin fundamentos en la mayoría de los casos”, enfatizó el jefe de Estado.

En tanto, Gils Carbó volvió a defenderse de la acusación por supuestas irregularidades en la compra de un edificio de la Procuración y la enmarcó en los “distintos intentos” del Gobierno por “controlar el Ministerio Público Fiscal”.

Al referirse a la posibilidad de ser echada por decreto, consideró que hacerlo sería “una abierta violación de la Constitución y a la división de poderes del Estado y produciría una concentración de poder y una inestabilidad institucional que nos dejaría fuera del Estado de derecho”.

En declaraciones a radio FM Blue, la funcionaria judicial cuestionó que “cualquier juez o fiscal que realiza un acto que no agrada a ciertos sectores de poder, lo tildan de Justicia Legítima o de kirchnerista”.