El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi emplazó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para que en tres días le informe sobre el acuerdo celebrado con el anterior gobierno para la creación de un organismo dentro de la Universidad de las Madres.
Lo hizo en el marco de la investigación aún abierta por la presunta defraudación en el programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en la cual están imputados, entre otros, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
Martínez de Giorgi libró una “orden de presentación”, una suerte de paso previo al allanamiento, para que la Fundación Madres de Plaza de Mayo le envíe “el convenio celebrado entre el Poder Ejecutivo Nacional, la Fundación y la Universidad Madres de Plaza de Mayo sobre el cual se creó el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo”.
Se trata del Instituto que fue estatizado por Ley en 2014, en el que se dictan las carreras de Derecho, Historia y Trabajo Social y que depende ahora del Ministerio de Justicia.
En aquel entonces, los representantes de la oposición al gobierno de Cristina Fernández cuestionaron que el Estado se hiciera cargo de la deuda de la universidad, estimada en unos 200 millones de pesos.
El juez Martínez de Giorgi ordenó el “diligenciamiento” de la medida a la Comisaría Sexta de la Policía Federal Argentina, encargada de enviar una delegación que reclame la entrega de la documentación y la lleve al juzgado.