Después de decir que hay que “sacar a patadas” a los piqueteros que cortan rutas y “sacarles los planes”, el diputado provincial marplatense Guillermo Castello (Coalición Cívica), presentó un proyecto para tratar de que el último de esos pedidos se convierta en ley. 

El objetivo es que sea suspendida “toda prestación económica que reciba por parte del Estado el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas”.  

El legislador busca que esa sanción sea aplicable “desde el inicio de las actuaciones, en el caso de las contravenciones, o a partir de la citación a la declaración prevista en el artículo 308 del Código de Procedimientos Penal, en el caso de los delitos”. Por su parte, “en caso de condena penal o contravencional firme, el beneficio será eliminado”.

El proyecto aclara que “los beneficios, subsidios o aportes de cualquier naturaleza que reciba el responsable del delito o contravención y la persona jurídica a la que perteneciere serán embargables a los fines de la indemnización y reparación correspondientes”.

A su vez, la suspensión de pagos de beneficios “podrá ser revertida si la persona humana o jurídica involucrada indemniza a las víctimas y repara los daños causados, u ofrece garantía suficiente a satisfacción de las víctimas”.

En cuanto a las organizaciones, el proyecto apunta: “Las personas jurídicas que reincidan en actos como los señalados serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, multa o retiro de la personería jurídica conforme lo normado en el decreto-ley 8.671/76, sin perjuicio de la facultad de intervención prevista en el mismo”.

Por último, la iniciativa puntualiza que “las solicitudes de beneficios estatales de cualquier naturaleza y el pago de los que ya hubieran sido acordados serán denegados si el solicitante se encontrara en algunas de las situaciones” contempladas en la normativa.