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La Ciudad 24 de mayo de 2019

Tras ocho días de acampe, la Justicia no autoriza el desalojo que pide el gobierno

Desde el Polo Obrero repudian que el gobierno haya recurrido dos veces en estos días a la Justicia para desarticular la protesta en lugar de abrir el diálogo para buscar soluciones.

Desde hace ocho días, un grupo de al menos 50 personas acampa sobre el asfalto, en Hipólito Yrigoyen y Luro, frente al ingreso principal del Municipio. Militantes del Polo Obrero se instalaron allí el miércoles de la semana pasada para reclamar un incremento en las partidas de alimentos que reciben los comedores y merenderos barriales y visibilizar la necesidad de las familias más vulnerables. En los últimos días algunas otras organizaciones sociales sumaron su apoyo integrándose al acampe, pero por parte del gobierno municipal de Carlos Arroyo la única respuesta hasta el momento ha sido pedirle al Poder Judicial que desaloje la protesta.

En estos ocho días en los que tanto el acampe como los reclamos quedaron a la vista de buena parte de la comunidad marplatense, el Ejecutivo requirió en dos oportunidades la intervención de la Justicia para el desalojo de la protesta y solo ayer, por primera vez, envió a tres funcionarios -Hernán Alcolea, Hernán Tillou y Cristian Tait- a dialogar con los manifestantes en la puerta de la Municipalidad. Según pudo saber LA CAPITAL, se les ofreció trabajo en una obra pública por un período corto de tiempo.

En lo que hasta ahora es el acampe de mayor duración de lo que va del 2019, el Polo Obrero se mantiene firme en su reclamo. Pablo Barragán, vocero de la organización, reiteró que no se retirarán del lugar sin una respuesta del Ejecutivo y advirtió su preocupación por el accionar del gobierno.

“Lamentablemente no hay mayores avances, solo los anuncios del intendente y sus funcionarios, con la preocupación que tenemos por lo que eso conlleva, principalmente por el tema del Juzgado de Familia y el ataque a los niños que está promoviendo el gobierno”, dijo el dirigente social.

Ayer, el secretario de Legal y Técnica del Municipio, Gustavo Gil de Muro, confirmó que el Ejecutivo presentó ante la Fiscalía General una ampliación de la denuncia radicada días atrás por el acampe y el corte de calle, haciendo foco en el hecho de prender fuego sobre la vía pública y, por otro lado, poniendo en evidencia la presencia de menores a la intemperie.

“Solicitamos a la Justicia de Familia que tome intervención sobre los menores que están en la vía pública a la intemperie. Tendría que ser inminente la respuesta de la justicia para detener estas conductas, aunque todavía no hubo respuesta”, dijo Gil de Muro.

El funcionario aclaró que “más allá de la legitimidad del reclamo, no podemos justificar que el medio para ser esos reclamos sea afectar el derecho del resto de la ciudadanía”.

Cabe señalar también que uno de los motivos por los que el Ejecutivo resolvió ampliar la denuncia fue ante la adhesión de otras organizaciones sociales al acampe, entre ellas Votamos Luchar, el Movimiento Teresa Rodríguez y CUBA-MTR.

Sin embargo, los trabajadores nucleados en el MTR comunicaron que ellos decidieron levantar el acampe el jueves por la tarde después de una negociación con los funcionarios del Ejecutivo antes mencionados.

“Nos prometieron hacer refacciones en dos obras grandes. Y su vez el mejoramiento de viviendas, que ya formaba aparte parte de un acuerdo del año pasado. Sabemos bien que no alcanza. Hay que tratar de unificar un plan de lucha para que baje una obra para poder trabajar a largo plazo y no por dos o tres meses”, indicó Marcos Carboni, vocero de esta organización social.

El Polo Obrero, en tanto, se mantiene instalado frente a la Municipalidad. Desde la Secretaría de Desarrollo Social del municipio aseguraron que “el diálogo es permanente” y que “se han hecho todas las gestiones que requerían”, indicó la secretaria Patricia Léniz. Sin embargo, hasta ahora no hubo acuerdo y el acampe se mantiene.



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