Desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata manifestaron su beneplácito por el anuncio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de dejar sin efecto el aumento de las tarifas energéticas que se iba a aplicar a partir del 1° de enero de 2020, y la revisión de los contratos firmados por María Eugenia Vidal.

En su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa Provincial, Kicillof anunció que desestimará la aplicación del incremento decretado por el gobierno saliente, que implicaba una suba “cercana o superior” al 25% de las tarifas.

“Tenemos que someter la situación a revisión y generar, junto a las empresas del sector, un esquema que sea justo, sostenible, razonable y que la gente lo pueda pagar”, dijo al asumir.

Desde Luz y Fuerza Mar del Plata señalaron que ven “con buenos ojos” que en una de sus primeras medidas, las nuevas autoridades pongan un freno al tarifazo energético que “desde hace cuatro años venimos sufriendo los y las bonaerenses”, y exigieron también la revisión integral de los contratos y las sanciones por los incumplimientos asumidos por las privatizadas.

Los “brutales tarifazos” en los servicios públicos aplicados en los últimos años generaron que “cientos de miles de familias no pudieran pagar las boletas, sufriendo el corte del servicio y perjudicando, por consiguiente, su calidad de vida”, marcaron desde el gremio.

El gobernador prometió revisar los contratos y regular a las empresas privatizadas que dependen del Estado provincial. “Si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado, no es tarifa, es saqueo. Hemos visto los balances de las compañías de los últimos años y tuvieron 20 mil millones de pesos de ganancias. Las inversiones tendrían que haber sido notorias y no lo fueron. Hoy hay un vacío regulatorio. Cuando hay un servicio público que está en manos privadas, y si es un monopolio, tiene que haber regulación del Estado y esa regulación se la entregaron en bandeja a las empresas privatizadas”, denunció Kicillof.

Luz y Fuerza de Mar del Plata denunció en reiteradas oportunidades la conformación del “oligopolio de distribución de la energía eléctrica” en la provincia (Grupo DESA), aprobado por la entonces gobernadora Vidal a mediados de 2018.

La alta rentabilidad generada a las empresas distribuidoras” no se transformó en mejoras en el servicio, como nos prometieron” y tampoco generó “mejores condiciones laborales para trabajadores ni mejoras en la atención a los usuarios”, indicaron.

“Nuestra organización, junto a la FeTERA y la CTA-Autónoma, somos defensoras de las empresas públicas del sector y tenemos una larga tradición de lucha contra las privatizaciones desde la década del 90. Deseamos que las máximas autoridades provinciales, tal como lo anunciaron, ejerzan el control real y efectivo de las empresas monopólicas de la distribución energética (tanto de luz, como gas y agua en algunas zonas), para que toda la población pueda acceder a un servicio básico, un derecho humano de los y las argentinas”, concluyeron las autoridades de Luz y Fuerza.