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La Ciudad 17 de mayo de 2021

Darán facultades al intendente para fijar el boleto y garantizar el transporte

Con los votos del interbloque oficialista y de Acción Marplatense, la comisión de Movilidad Urbana acordó facultar al Ejecutivo a establecer el aumento de la tarifa del transporte público, resolver la prórroga de la concesión y establecer la emergencia del servicio. La decisión se tomó ante la proximidad del vencimiento de los contratos con las empresas y luego del archivo del pliego.

La comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante acordó este lunes dar el primer paso administrativo para facultar al Ejecutivo municipal a definir la nueva tarifa de los colectivos y prorrogar la concesión del servicio a las mismas empresas con el objetivo de garantizar el transporte, luego del archivo del nuevo pliego y frente a la proximidad del vencimiento de los contratos, que caducan en poco más de un mes.

Este lunes, la comisión de Movilidad Urbana volvió a convocarse con el mismo orden del día del jueves pasado, con tres expedientes en la mira: la prórroga de la concesión, el aumento de la tarifa y el pedido para declarar la emergencia del transporte público.

El presidente de la bancada oficialista, Nicolás Lauría (Vamos Juntos), propuso al inicio de la comisión la unificación de los tres expedientes en cuestión. La idea desató un tenso cruce con la oposición, que rechazó esa posibilidad pero que de todas maneras terminó aprobándose por mayoría, con el respaldo del presidente de la comisión, Agustín Neme.

Tras ello, el oficialismo y parte de la oposición consensuaron un expediente unificado de cinco artículos (tres de ellos esbozados por el radicalismo y otros dos impulsados por Acción Marplatense) para dejar en manos del intendente Guillermo Montenegro la definición del futuro del transporte. El Frente de Todos, sin embargo, votó en contra de este despacho.

El expediente, que luego, pasado el mediodía, fue tratado y aprobado en la comisión de Legislación, quedó listo para su votación en la próxima sesión del Concejo Deliberante, prevista para el 27 de mayo, propone en primer lugar declarar la emergencia por un año -prorrogable por igual período- “el estado de emergencia del sistema de transporte público”.

El segundo artículo faculta hasta el 31 de diciembre de 2021 al intendente Guillermo Montenegro a “fijar la tarifa del servicio”, tal como permite la ordenanza N° 16.789. El estudio de costos elaborado por la Subsecretaría de Movilidad Urbana a pedido del Concejo Deliberante marcó que el boleto debería pasar de los actuales $ 35,24 a $ 93,69, aunque el gobierno negó que pretenda aumentarlo a ese nivel sino que el número se desprende del estudio.

El tercero y el cuarto surgieron como propuestas de Acción Marplatense y giran en torno a un asunto clave: los subsidios. Según precisaron desde el Ejecutivo, este año solo se implementó un aumento del 6% de estos fondos, cifra que -coincidieron desde los distintos bloques- es inferior a la inflación.

Desde todas las bancadas coincidieron en insistir sobre este punto para revertir la “inequidad” que en materia de subsidios existe entre el AMBA (el 70% de la tarifa está cubierta por subsidios y el 30% por los usuarios) y General Pueyrredon (a la inversa: los usuarios cubren el 70% de la tarifa y los subsidios el 30%).

Por eso, los artículos que sumó AM a través del presidente de bloque, Horacio Taccone, apuntan a encomendar al Ejecutivo a gestionar ante las autoridades nacionales y provinciales “la equiparación de los subsidios para el transporte público” en General Pueyrredon con los que se otorgan para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). También contempla que el Ejecutivo informe periódicamente las gestiones realizadas en ese sentido.

De ese artículo se desprende el cuarto, que insta a convocar a funcionarios y legisladores marplatenses que ocupen lugares de representación en el Gobierno nacional y el Gobierno provincial a “asegurar un frente único por la equidad tarifaria”.

Reunión de la comisión de Movilidad Urbana.

Reunión de la comisión de Movilidad Urbana.

El quinto artículo, promovido por el oficialismo, es el que encomienda al intendente a “garantizar la prestación del servicio público de pasajeros, tomando para ello todas las precisiones legales y administrativas correspondientes en el marco de la normativa vigente”.

Este punto contempla una de las alternativas que tiene en sus manos el Ejecutivo: recurrir al artículo 5° de la ordenanza 16.789 (el pliego de 2005), que autoriza una continuidad de dos años con el requisito de notificar a los concesionarios con 30 días de anticipación.

El expediente que unificó los tres temas y sumó el asunto de los subsidios se aprobó con los votos del interbloque oficialista y el acompañamiento de Acción Marplatense, mientras que el Frente de Todos votó en contra y esbozó duras críticas porque las condiciones de prestación del servicio de transporte no sean eje del debate.

Durante la reunión se dejó entrever también cierta voluntad común de volver a tratar a futuro el pliego archivado semanas atrás en la comisión de Legislación y que recientemente retornó a la de Movilidad Urbana. De todos modos, las radicales Cristina Coria y Vilma Baragiola definieron el nuevo despacho debido a que el próximo 19 de junio vence la actual concesión.

“En virtud del tiempo y los plazos, la ida es llegar con las herramientas que tenemos disponibles a que no haya una situación de crisis o cese del servicio, en tanto resolvemos la cuestión de fondo, que tiene un proyecto que es el pliego, que fue ampliamente debatido y expuesto a análisis. Mientras resolvemos esa cuestión de fondo tenemos que utilizar las herramientas que tenemos para garantizar el servicio”, marcó Coria.

También en la oposición se percibió cierto interés por retomar a futuro el debate del nuevo pliego. “Hay ganas de tratarlo. El transporte va a ser mejor cuando tengamos un pliego mejor”, comentó Taccone.

Sin embargo, desde el Frente de Todos, la edil Marina Santoro recordó que “fue un concejal del oficialismo el que no permitió que siguiéramos discutiendo el pliego”, en relación a la postura y el voto de Alejandro Carrancio, desplazado del interbloque oficialista tras el archivo del proyecto y a raíz de la polémica desatada en torno al tema, que devino a su vez en la renuncia que Guillermo Montenegro le pidió a cuatro funcionarios ligados al entorno de Carrancio.