El Ejecutivo local presentó una denuncia penal ante la Jefatura Departamental de Policía y la Fiscalía de turno por el corte de la ruta 88 realizado por organizaciones sociales.

Los hechos se produjeron este martes y “representan delitos de acción pública”, señaló la comuna, y argumentó que “alteran la comunicación y el derecho a transitar por el territorio argentino”, instituido en el artículo 14 de la Constitución.

Para el Ejecutivo, la denuncia encuadraría “prima facie” en la figura penal descripta por el artículo 194 del Código Penal de la Nación, que reza: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres a dos años”.

Por último, se fundamenta que este delito “pone en peligro el orden social, la seguridad del tránsito y de los medios de transporte, como asimismo vulnera los sentimientos de seguridad y tranquilidad indispensables para el libre y completo desarrollo de las actividades humanas”.

El municipio solicitó además que se realicen las medidas de prueba que las autoridades correspondientes consideren ordenar a los efectos de esclarecer los hechos denunciados, al tiempo que puso a disposición las imágenes registradas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).