Personal de sanidad de las clínicas privadas de Mar del Plata se plegó este viernes a una medida de fuerza impulsada a nivel nacional en reclamo de un incremento salarial del 45 por ciento.

Los trabajadores de salud adhirieron a un paro de cuatro horas por turno y se movilizaron por las calles de la ciudad hasta las puertas de distintas instituciones privadas para exponer su disconformidad con los salarios que perciben a pesar de la emergencia sanitaria.

Según indicaron en el marco de la protesta, el mes pasado venció la paritaria correspondiente al 2020. La jornada de lucha, impulsada por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), se hizo sentir en los distintos establecimientos luego de que el jueves fracasara la paritaria del sector a raíz de la falta de acuerdo entre las partes.

La ruidosa protesta, con los trabajadores uniformados, banderas argentinas y carteles que expusieron el malestar y la necesidad de cobrar “salarios dignos”, atravesó las calles del centro de Mar del Plata y se detuvo en distintas clínicas privadas -como la Colón, la Pueyrredon y la del Niño y la Familia-, lo que generó importantes complicaciones en el tránsito vehicular cerca del mediodía.

En simultáneo, otro grupo de trabajadores y trabajadoras se manifestó en las puertas del Hospital Privado de Comunidad (HPC) con los mismos pedidos.

La medida de fuerza afectó parcialmente la atención, aunque se dispusieron guardias mínimas para no afectar a los pacientes.

El sector reclama a nivel nacional una recomposición salarial del 45 por ciento que contemple tanto el esfuerzo realizado por el personal de salud en el marco de la pandemia de Covid-19 como así también la inflación y el “desfasaje total” que esto genera con los salarios que reciben por la tarea esencial que cumplen.

Los empresarios, según advirtieron desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina y la Federación de Trabajadores de la Sanidad, aseguran que no están en condiciones de dar un aumento salarial si no se actualizan los aranceles que definen los financiadores, es decir, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y PAMI, entre otros.

“Los empresarios tienen la obligación de pagarnos lo que corresponde y si no tienen recursos, que los vayan a buscar”, comunicó la Federación.