El traslado de la Zona Roja a la zona sudoeste de la ciudad no dejó conforme a ninguno de los protagonistas de la conflictiva situación: tanto vecinos del área como las trabajadoras sexuales se manifestaron en desacuerdo con la nueva ordenanza.

“Estamos disconformes con la resolución, nadie nos consultó. Vamos a presentar un recurso de amparo”, adelantó Lidria Berón, integrante de la sociedad de fomento Las Canteras. “Vamos a entrar en rebeldía con la ordenanza porque no estamos de acuerdo, nos invisibiliza y discrimina”, explicó la trabajadora sexual Preta Trigoso.

La nueva Zona Roja pasará a funcionar sobre la avenida 10 de Febrero, en inmediaciones de los cementerios Parque y Colinas de Paz, diez días después de que el intendente Guillermo Montenegro firme el decreto correspondiente. La avenida 10 de Febrero es paralela a Antártida Argentina y conduce al acceso a los cementerios Parque y Colinas de Paz, en inmediaciones de los barrios Las Canteras, Lomas del Golf y Santa Celina.

“No solo no nos consultaron, sino que nunca nos recibieron. A principios de julio, hicimos el primer corte de calle y juntamos más de 140 firmas, que se entregaron en la Secretaría Privada de la Municipalidad, pero nunca nos contestaron la nota”, recordó Berón.

Y adelantó que el próximo 22 del corriente “vamos a ocupar la banca 25” y también presentarán “un recurso de amparo, porque la intención es seguir defendiendo los barrios”. La vecinalista detalló que, además de Las Canteras, están nucleados con habitantes de otros barrios como “Santa Celina, Don Diego, Lomas del Golf y Florencio Sánchez. Somos como 5 mil, solo en el complejo SOIP viven mil familias”, aseguró.

“Nos toman por idiotas -añadió-. Ni el intendente ni los concejales conocen la zona, nunca vinieron, ni siquiera nos llamaron para saber qué opinábamos”.

Trabajo y discriminación

En tanto, desde el otro vértice, una de las referentes de las trabajadoras sexuales también se mostró disconforme con la nueva ordenanza. “Estamos en total desacuerdo porque es un lugar alejado, no tenemos luminarias, ni seguridad, ni cámaras. A las minorías más vulnerables nos mandan bien lejos, nos quieren invisibilizar”, describió Preta Trigoso.

Además, explicó que “no podemos estar entre 200 y 300 personas en dos o tres cuadras” y se quejó porque “no nos pidieron opinión, decidieron por nosotras. Nunca nos llamaron a una reunión ni nos dieron la posibilidad de participar”.

En cuanto a la probabilidad de recibir multas, la trabajadora consideró que se trata “lisa y llanamente de una amenaza y es violencia contra el colectivo. Somos sobrevivientes en un Estado que no está presente, porque hay cupos laborales trans y no los habilitan”.

“Vamos a entrar en rebeldía con la ordenanza -añadió- porque no estamos de acuerdo. Además, es inaudito que habiliten un WhatsApp para denunciarnos, es estigmatizar a la mujer trans cuando no nos dan una oportunidad de salir adelante”.

Sobre la nueva localización de la Zona Roja consideró que “está alejada de la ciudad. Los mismos clientes no van a ir hasta allá, no tienen las condiciones necesarias y no podemos ir a trabajar a un lugar de abandono”.

“Todos somos vecinos -agregó-. El intendente dice que no le gusta que lo discriminen, a nosotras tampoco. Y el secretario de Seguridad debería dejar de mandarnos patrulleros que nos persiguen, eso es violento”.