A través de sus redes, el intendente Guillermo Montenegro criticó con dureza la marcha que se realizó esta mañana frente al Palacio Municipal: “No vamos a aceptar extorsiones ni aprietes”, aseguró.

La protesta fue encabezada por organizaciones sociales en la intersección de Luro e Yrigoyen, que denunciaron que, a días de las fiestas, el municipio resolvió “eliminar por completo” la entrega de las canastas navideñas que hace años se reparten en los barrios más vulnerables de la ciudad. La que fue confirmada a este medio desde la comuna, desde donde argumentaron que “no hay plata para afrontar ese gasto”.

De esta manera, la postura de la comuna generó la primera marcha en la ciudad tras el anuncio del “protocolo anti piquete” de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Y el intendente, hace instantes, criticó con dureza la medida de fuerza.

NO VAMOS A ACEPTAR EXTORSIONES NI APRIETES

Esta mañana presentamos una denuncia penal por los cortes que hicieron distintas organizaciones sociales en la esquina de Luro e Yrigoyen.

No voy a aceptar extorsiones, vandalismo, daños ni ninguna situación que ponga en peligro a…

— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) December 18, 2023

“No vamos a aceptar extorsiones ni aprietes. Esta mañana presentamos una denuncia penal por los cortes que hicieron distintas organizaciones sociales en la esquina de Luro e Yrigoyen”, indicó Montenegro. 

E insistió: “No voy a aceptar extorsiones, vandalismo, daños ni ninguna situación que ponga en peligro a quienes viven en Mar del Plata, por eso decidí denunciar a quienes quieren tomar a la ciudad como rehén y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Acá el único enemigo es el delincuente y siempre me van a encontrar defendiendo a los que eligen hacer las cosas bien”.

Tal como informó LA CAPITAL, desde la Secretaría de Seguridad remarcaron que el hecho denunciado encuadraría en la figura penal descripta por el artículo 194 del Código Penal. El mismo establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere el funcionamiento de los transporte por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido a tres meses a dos años de prisión”.

Asimismo, se fundamentó el pedido en que el delito pone en peligro el orden social, la seguridad del tránsito y de los medios de transporte, como así también vulnera la seguridad y tranquilidad para el desarrollo de las actividades humanas.