Los beneficiarios del caso YPF en Nueva York insistieron en reclamar a la Justicia de Estados Unidos que obligue a Argentina a deshacerse de sus acciones de la petrolera para cobrar su deuda, a lo que el Estado se opone argumentando que es ilegal, y ha pedido tiempo para apelar.

Ambas partes cruzaron argumentos este mes sobre los 16.100 millones de dólares que Argentina debe a Burford Capital y otros beneficiarios tras el fallo de la jueza Loretta Preska a su favor el pasado noviembre en el largo caso por la expropiación de YPF por el Gobierno argentino en 2012.

En un documento publicado en la plataforma del sistema judicial, los abogados de los beneficiarios reclamaron a la jueza que ordene a Argentina transferir sus acciones de YPF a una cuenta en un banco de Nueva York para su eventual venta al público y satisfacción del cobro.

Los beneficiarios dicen a la jueza que la “mejor opción es tomar acción ya para forzar a Argentina a (sentarse en) la mesa de negociación para que las partes puedan negociar un remedio ordenado y significativo para los derechos reconocidos por este tribunal”, es decir, su compensación.

En ese sentido, expresan su “preocupación” por “obtener de verdad y vender las acciones de YPF antes de que se resuelva la apelación pendiente (de Argentina)”, que ha pedido posponer esa decisión y también “una pausa en la ejecución” del cobro a la espera de ese recurso “prometido”.

El Estado argentino argumentó el pasado 16 de mayo, también en una fecha límite, su oposición a transferir sus acciones de YPF -el 51 % del capital- para que se ejecute el cobro del fallo, diciendo que eso infringe la Ley de Expropiación de YPF vigente.

Los abogados de Argentina agregan que esa ley “prohíbe” la “futura transferencia” de las acciones “sin el permiso del Congreso Nacional por un voto de dos tercios de sus miembros”, y alertan de que una orden en ese sentido tendría “consecuencias inmediatas y permanentes para la República y terceras partes”.

No está claro cuándo la jueza Preska vaya a tomar una decisión sobre la transferencia de acciones, que los beneficiarios piden que se haga al banco Mellon de Nueva York para después instruir a la entidad “que transfiera los títulos a la Policía Judicial del Distrito Sur de Nueva York para su venta al público”.