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La Ciudad 8 de julio de 2024

Adicciones: sube el consumo y se resiente el sistema de prevención

En Mar del Plata advierten "un altísimo consumo" de sustancias. En las comunidades terapéuticas afirman que se desfinanciaron políticas de prevención y que muchos adictos quedan "excluidos" de los tratamientos por los elevados costos: "El Estado te exige lo que no puede financiar".

En Posada del Inti, uno de los principales centro de asistencia de la ciudad, hay 140 pacientes en tratamiento y lista de espera.

Por Gonzalo Gobbi

El consumo problemático de drogas no discrimina entre gobiernos ni ideologías políticas. Atraviesa a niños, jóvenes y adultos de todos los estratos sociales, desde el after y las drogas sintéticas y la marihuana en rondas de amigos, a la cocaína fumada (“pipa“) en la solitaria habitación de un barrio popular. En Mar del Plata, según quienes trabajan recuperando el daño físico, cognitivo y social de miles de personas, el consumo “es altísimo”, pero la prevención se ha desfinanciado y, por los elevados costos, cada vez más adictos quedan excluidos de los tratamientos.

Días atrás, en el Día Mundial de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Naciones Unidas lanzó la consigna “La evidencia es clara: debemos invertir en prevención”. Hay una realidad global a la que General Pueyrredon no es ajena, y de hecho en la ciudad hace tiempo las comunidades terapéuticas reclaman poner el foco en campañas efectivas de prevención, hoy inexistentes.

A las terapias llegan personas adictas, menores, adolescentes y mayores con severo daño cognitivo y físico, que parecen ser el resultado de un combo explosivo: la crisis de las estructuras familiares, el rol de la educación y los clubes deportivos atravesados por la realidad económica y social, el auge de las apuestas online, los grandes estímulos de consumo, el bombardeo de publicidad médica, los algoritmos de las redes sociales y la ausencia de campañas de salud, entre otros factores.

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“Mar del Plata tiene un altísimo consumo de sustancias de todo tipo: cocaína, marihuana, “pipa” (cocaína fumada) y drogas de diseño, con un Gran Mar del Plata que crece cada vez más, elevados índices de violencia y altísimos niveles de desocupación. En este escenario, ¿podemos esperar el milagro de que el resultado sean pubes saliendo adelante y yendo a la facultad a estudiar? Claramente no”, resumió Fabián Messina, presidente de Posada del Inti, comunidad terapéutica con más de 20 años de trayectoria.

Messina es, además, vicepresidente de FONGA, la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas. La entidad trabaja con 63 instituciones y tiene representatividad en 18 provincias. “Lo de Mar del Plata es una foto de lo que sucede en todo el país, hay una gran deuda: generar políticas de Estado de calidad en este sentido”, dijo a LA CAPITAL.

Muchos quedan excluidos

En este contexto socioeconómico, emerge una problemática cada vez más presente: muchos adictos terminan quedando excluidos y no pueden acceder a los tratamientos, más allá de la voluntad de las comunidades terapéuticas.

La Ley de Salud Mental marcó un importante cambio de paradigma en el abordaje de las adicciones, sobre todo en cuanto a lo edilicio, el programa terapéutico y el enfoque hacia el paciente. Pero “cuando empezás a ponerle números a las exigencias, te da un costo del cual el Estado no alcanza a cubrir ni la tercera parte”, señaló Messina.

consumo de drogas

Actualmente, en las comunidades terapéuticas, una internación cuesta “entre 800.000 y 900.000 pesos por mes”, una sumatoria de los elevados costos para mantener su funcionamiento. El Estado, según el responsable de Posada del Inti, “no llega a pagar ni la tercera parte”, con la salvedad de que “esto no es de ahora, viene de hace años”, aunque “se a agudizado en este gobierno”.

“Una institución habilitada debe cumplir con todas las exigencias de la normativa, los costos, el mantenimiento edilicio, los salarios de los profesionales, los seguros, la desinfección, los talleres, los alquileres… luego está la manera de financiarlo. Posada del Inti tiene en su ADN fundacional tener un 99% de camas para el Estado. Hoy es imposible e insostenible, el Estado te exige lo que no puede financiar. Muchos pacientes acceden por la obra social o de manera particular: familias que entre todos ponen para pagar un tratamiento”, detalló.

En este contexto, advierten una notoria “migración” de los tratamientos terapéuticos hacia las obras sociales y a lo particular, pero para muchos es “impagable”.

“En Posada del Inti tuvimos que corrernos del Estado no por un cambio de filosofía, sino por supervivencia, y esto es un fenómeno que se está dando en todo el país. Mucha gente queda afuera, no puede pagar casi 900.000 pesos por mes, pero a la vez hay que sostener la comida, la medicación, los sueldos de los profesionales capacitados, las terapias… es un callejón sin salida”, planteó Messina.

El resultado de esto, por un lado, son familias “destruidas” que “se quedan sin respuesta” y, por otro, personas que “no pueden acceder” y “quedan invisibilizadas en la calle, dando vueltas en el centro, en la Plaza Rocha, presas o deambulando en los Tribunales. Tenemos listas de espera, es una realidad muy cruda”, dijo.


Pacientes y profesionales

En Posada del Inti hay actualmente 140 usuarios y usuarias en tratamiento, menos de la mitad que hasta hace unos años, ya que por cuestiones económicas esta comunidad tuvo que cerrar varios dispositivos.

En octubre de 2022 debió cerrar el que había abierto cuatro años antes en el Paraje San Francisco. Hoy, mantiene su actividad en tres sedes: el centro de día ubicado en Caseros 4552 y las residenciales del barrio Las Dalias y el barrio Antártida Argentina.

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Posada del Inti cuenta con casi 50 personas trabajando en el equipo, entre psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, operadores y administrativos, entre otros.

Este equipo sobrelleva las terapias de los 140 usuarios y, además, acompaña a sus familias. Sin embargo, también el perfil de los pacientes cambió en la institución.

También por razones económicas, “no estamos pudiendo atender a niños y niñas de 11 a 15 años, como históricamente hacíamos”, admitió Messina. Ese grupo etario, en parte, se ha quedado sin contención.

La mayoría de los usuarios son personas jóvenes, de 18 años en adelante, aunque también hay algunos menores e incluso personas mayores, quienes reciben asistencia por distintas vías en la modalidad de internación social que sostiene Posada del Inti, en casas, espacios abiertos y terapias de grupo, en las antípodas de la imagen del adicto encerrado o postrado en una cama.

Los pacientes llegan al tocar fondo por el consumo de cocaína, marihuana, drogas sintéticas y, principalmente, la “pipa” o cocaína fumada, que representa hoy más del 90% de los casos que acuden a la comunidad terapéutica.

Aquí, otra vez lo social: “Pareciera que el consumo y esta degradación atraviesa solo a los sectores populares. Y si bien es cierto que en muchos casos hablamos de gente muy vulnerable, no es lo mismo empezar a drogarte en la adolescencia teniendo cuatro comidas y yendo a la escuela, que llegar a los 16 con seis años de consumo, mal alimentado… el daño es otro”, analizó Messina y destacó que “el consumo atraviesa a todos los estamentos sociales y la prevención también debe hacerlo”, por lo que “las políticas públicas deberían estar estratégicamente diseñadas para llegar a cada sector social”.


Cuadros críticos

Debido al consumo de sustancias con mayor índice de toxicidad, los casos resultan “cada vez más complejos” y a Posada del Inti llegan personas con “un daño cognitivo importante”, pero también con un daño físico relevante y, muchas veces, una red de vínculos rota.

En sintonía, cada vez se requieren más profesionales o, mejor dicho, mayor acompañamiento y capacitación, pero al mismo tiempo, los profesionales más experimentados y especializados terminan elevando los costos de los tratamientos, lo cual es otro problema.

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Al mismo tiempo, en medio del complejo panorama detrás del consumo de drogas, las comunidades terapéuticas advierten que “es tremenda” la calidad de enfermedades de transmisión sexual que reciben, y que “el tema del HIV está empezando otra vez a prender un semáforo en rojo”.

En este contexto, Messina hizo un llamado urgente a las autoridades para que prioricen la implementación de políticas públicas efectivas que aborden tanto la prevención como la asistencia en el tratamiento de adicciones. La falta de una respuesta coordinada y efectiva por parte del Estado amenaza con agravar aún más esta crisis nacional, poniendo en riesgo no solo la salud de los afectados, sino también la cohesión social y la estabilidad económica del país.

La situación del consumo de drogas en Mar del Plata parece el reflejo de una crisis más profunda que requiere acciones inmediatas. Quienes hace años trabajan detrás del problema, piden ayuda. Destacan que es vital que se implementen políticas integrales y sostenibles que puedan hacer frente a esta emergencia nacional antes de que las consecuencias sean irreparables.


Prevención desfinanciada

A nivel nacional, las comunidades terapéuticas ven con preocupación el desfinanciamiento de políticas de prevención del consumo problemático, que se ha agravado durante los meses que lleva el actual Gobierno nacional.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo bonaerense señaló al gobierno nacional por congelar partidas destinadas a la prevención del consumo problemático.

Desde el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, se emitió una advertencia sobre el desfinanciamiento de las partidas presupuestarias destinadas a la prevención del consumo problemático durante la gestión de Javier Milei.

Estas partidas, por ejemplo, incluyen programas nacionales bajo la órbita de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), destinadas a la “prevención, estadísticas e investigación sobre consumos problemáticos”.

El defensor del pueblo adjunto Walter Martello alertó sobre el riesgo inminente de un aumento del consumo problemático como resultado directo de la falta de financiamiento en las políticas de prevención, especialmente en un contexto de crisis económica y social.

Martello expuso que, según datos oficiales, la partida asignada actualmente representa menos del 10% del presupuesto total de la Sedronar.

Esta situación se agrava por la falta de ajuste de los montos asignados desde 2023, manteniéndose congelada en $544 millones a pesar de una inflación acumulada que supera el 72% hasta mayo de este año.

Además, Martello subrayó que casi el 80% de la partida disponible, es decir, $409,5 millones, ya ha sido devengada en lo que va del año. “Hoy la política de prevención de adicciones es prácticamente nula, el desfinanciamiento es claro”, enfatizó el funcionario.

“El Estado nacional no puede desentenderse de esta problemática. La situación actual requiere una respuesta integral y coordinada. Las políticas públicas deben centrarse urgentemente en la prevención, que actualmente está relegada, y en el abordaje efectivo de esta problemática que representa un desafío significativo para la salud pública”, concluyó Martello.

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