La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso que a partir de hoy en las operaciones de compra y venta de bonos o acciones, mediante la cual se fugan dólares al exterior, regirá un plazo mínimo de tenencia de cinco días hábiles de esos títulos antes de efectuar la transferencia.

La medida apunta a desalentar este tipo de mecanismo por el cual los inversores logran en forma legal sacar divisas al exterior en un momento de incertidumbre a raíz de las negociaciones con los acreedores.

Apenas trascendió la medida, analistas y operadores cambiarios advirtieron que la disposición oficial podría tener algún impacto en la cotización del dólar blue, la única operación informal que no tiene control oficial.

En su artículo tercero, la resolución indica: “Para dar curso a operaciones de venta de Valores Negociables con liquidación en moneda extranjera, o transferencia de los mismos a entidades depositarias del exterior, debe observarse un plazo mínimo de tenencia de dichos Valores Negociables en cartera de cinco días hábiles, contados a partir de su acreditación en el Agente Depositario”.

Esta medida, en la práctica denominada “parking” desalienta la compra de bonos y acciones pues implica un riesgo en cuanto al cambio en la cotización de esos valores.

El viernes, el dólar blue saltó a $126 y la brecha con el mayorista se ubicó en 84,4 por ciento, mientras las cotizaciones bursátiles finalizaron la semana con tendencia negativa.

Ese mismo día, el contado con liquidación cayó a $114,20 tras ser ofrecido el día anterior por encima de los $118 y el dólar bolsa bajó a $110,24, lo cual significó una merma intradiaria en torno a los $4.

Según los considerandos, la resolución emitida por el organismo que conduce Adrián Cosentino, apunta a desarrollar “los mecanismos que fomenten el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo y propender a la integridad y transparencia de los mercados de capitales y a la inclusión financiera”.

Relacionó la resolución a “las medidas adoptadas por el Gobierno nacional a partir de la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva del 23 de diciembre de 2019, por la cual se establecieron las condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”.