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Interés general 14 de octubre de 2016

Arroyo echó al funcionario que defendió a Offidani

El intendente Carlos Arroyo decidió echar a Cristian Prada, funcionario de la Secretaría de Seguridad de la comuna, quien había asumido la defensa de uno de los imputados por el crimen de la adolescente Lucía Pérez.

 

El Director General a cargo del programa “Control y Supervisión de los Servicios de Seguridad Privada”, de la secretaría de Seguridad y Justicia, Cristian Prada, fue despedido anoche por el intendente Carlos Arroyo.

Pradas había asumido la defensa de uno de los detenidos por el crimen de la adolescente Lucía Pérez, que conmueve a Mar del Plata.

En la edición de ayer, LA CAPITAL informó sobre esta delicada situación, teniendo en cuenta que Pradas, quien finalmente renunció a la defensa de Juan Offidani, hijo de un prestigioso escribano, ocupaba una función importante en la secretaría de Seguridad de la comuna.
Finalmente, tras las repercusiones que se generaron especialmente a través de las redes sociales, a partir de lo publicado por este medio, anoche se informó desde la intendencia que Arroyo “comunicó la desvinculación de Cristian Prada de la función pública al momento que tomó conocimiento de la asistencia a uno de los imputados”

El intendente recibió anoche a la familia de la jóven Lucía Pérez, en el despacho principal de la comuna y conjuntamente con el secretario de gobierno, Alejandro Vicente, la titular de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, el jefe de la policía local, Fernando Telpuk, la coordinadora de la dirección de la Mujer, Susana Mercado, el director de asistencia a la víctima, Hugo Vega, y los concejales Cristina Coria y Guillermo Arroyo.

El intendente Arroyo puso a disposición de la familia todas las áreas respectivas del municipio a los efectos de brindar la mayor asistencia posible. Les expresó su deseo particular y en nombre de todo General Pueyrredon para que se haga justicia, sumándose al reclamo de la comunidad expresado en estos días.

Agradecimiento, marcha y pedido de informe

Los padres y el hermano de Lucía, presentes en la reunión, agradecieron ser escuchados por el ejecutivo. Hoy a las 14 precisamente habrá una concentración frente a la comuna en repudio a este asesinato.
Antes de conocerse la decisión del intendente de despedir a uno de sus funcionarios, el bloque de Acción Marplatense había presentado un pedido de informes sobre la “posible vinculación de un funcionario de la Secretaria de Seguridad como abogado de un detenido, inmputado en el caso del crimen de la adolescente Lucía Pérez”.
A partir de haberse conocido la información de que el doctor Cristian Prada, Director General a cargo del programa “Control y Supervisión de los Servicios de Seguridad Privada”, en la secretaría de Seguridad y Justicia municipal asumió como abogado la defensa de uno de los detenidos por el aberrante crimen de la menor Lucía Pérez (habría renunciado a esa defensa en las últimas horas), se presentó ese pedido de informes para que el Departamento Ejecutivo ratifique o rectifique esa información.

Cristian Prada era, según decreto municipal firmado el 11 de abril de 2016, Director General a cargo del programa “Control y Supervisión de los Servicios de Seguridad Privada”, en la secretaría de Seguridad y Justicia municipal.

En este contexto, “ante las versiones periodísticas que dan cuenta que un funcionario político designado por el intendente como director general en la Secretaría de Seguridad, sería abogado defensor de uno de los detenidos por el aberrante crimen de la niña Lucía Perez”, la presidente del bloque de Acción Marplatense presentó un pedido de informes para que se ratifique o rectifique esa información.

La edil recordaba que “la Secretaría de Seguridad tiene entre sus funciones y misiones la atención y asistencia de víctimas y familiares de delitos, donde el Estado debe cumplir un rol protagónico de acompañamiento de los vecinos afectados” y añadía que “por encima de los derechos profesionales que pudieren asistir a un funcionario público, debieran primar las normas éticas y morales para garantizar los derechos de los ciudadanos”.