Una causa iniciada en la capital bonaerense tuvo esta semana un capítulo en Mar del Plata, donde la Justicia allanó tres gimnasios y dos domicilios y detuvo al propietario de una cadena de establecimientos deportivos, sobre quien pesa la sospecha de formar parte de una organización que habría utilizado cuentas digitales de terceros para mover dinero de origen presuntamente ilícito.

Cinco procedimientos realizados en Mar del Plata marcaron un nuevo avance en una investigación judicial que comenzó a partir de una denuncia y que, con el análisis de movimientos financieros, terminó extendiéndose a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y a Córdoba.

Los operativos alcanzaron tres gimnasios de una misma cadena, ubicados en Constitución, Nueva Pompeya y Peralta Ramos Oeste, además de dos viviendas. Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos, computadoras, dispositivos electrónicos, anotaciones y documentación que ahora será analizada por los investigadores.

El dueño de los establecimientos quedó detenido y pasó a integrar la lista de personas investigadas en una causa en la que ya se habían producido otras detenciones. La principal incógnita respecto del empresario marplatense es qué función habría cumplido dentro del circuito que está siendo reconstruido por la Justicia.

El expediente tiene como punto de partida una situación ocurrida en La Plata. Una trabajadora de bajos ingresos aceptó una propuesta para recibir dinero a cambio de facilitar sus datos y abrir una cuenta digital. La mujer posteriormente descubrió que esa cuenta había registrado operaciones por una suma que resultaba completamente incompatible con su actividad económica.

El hallazgo se produjo cuando la cuenta fue bloqueada y la mujer tuvo dificultades para continuar percibiendo un beneficio económico. Ante esa situación recurrió a la Justicia y relató cómo había sido incorporada a la operatoria.

El análisis posterior permitió determinar que no se trataba de un episodio aislado. Otras personas habían recibido propuestas similares y sus identidades habrían sido utilizadas para generar cuentas destinadas a recibir y transferir fondos. Se llama “pitufeo” o “cuentas mula”.

De acuerdo con la hipótesis investigada, el mecanismo permitía fragmentar grandes cantidades de dinero entre numerosas cuentas. De esa manera, las operaciones individuales resultaban menos visibles y posteriormente podían ser derivadas hacia otros circuitos financieros.

Una de las líneas que sigue la Justicia apunta al juego clandestino por internet. Los investigadores encontraron indicios que permiten sospechar que parte de los fondos ingresaba a plataformas de apuestas no autorizadas y luego regresaba al circuito económico bajo la apariencia de dinero obtenido mediante premios.

La escala de los movimientos es uno de los principales elementos que llevaron a profundizar la investigación. La Justicia estima que durante el período analizado fueron movilizados alrededor de 27.000 millones de pesos.

El caso también presenta una particularidad: entre las personas investigadas aparece una empleada vinculada al sistema judicial bonaerense. Según la acusación, habría utilizado el contacto que le permitía su actividad para acercarse a personas en situación económica vulnerable y ofrecerles dinero a cambio de sus datos.

La investigación comenzó a tomar forma a partir del entrecruzamiento de información bancaria, comunicaciones telefónicas, datos técnicos y movimientos registrados en las cuentas. Ese trabajo permitió vincular operaciones que, tomadas individualmente, podían parecer desconectadas.

Ahora, una parte fundamental de la causa se trasladó a Mar del Plata. Los investigadores deberán determinar qué información surge de los elementos secuestrados en los cinco procedimientos y, especialmente, si permiten establecer la participación concreta del empresario detenido y sus eventuales vínculos con los demás integrantes de la estructura.

La causa investiga provisoriamente delitos vinculados con una posible asociación ilícita, utilización fraudulenta de datos y lavado de activos. La Justicia tampoco descarta que el número de personas afectadas y de involucrados pueda aumentar cuando concluya el análisis de la documentación y de los dispositivos secuestrados.

Por el momento, la investigación dejó al descubierto un circuito que habría utilizado la identidad de personas necesitadas para introducir dinero en distintas cuentas digitales y dificultar el seguimiento de los fondos. Y uno de los puntos de esa ruta, ahora bajo investigación judicial, está en Mar del Plata.