MIRAMAR (Corresponsal).- El acceso a la vivienda sigue siendo digna sigue siendo una problemática difícil de resolver que lógicamente afecta a personas y familias con mayor vulnerabilidad económico – social.

Ante este panorama, y teniendo en cuenta la presente Ley de Tierras, una agrupación conformada por diversos profesionales, ex funcionarios políticos y miembros de organizaciones sociales mantuvo una serie de reuniones con concejales actuales para profundizar avances en este tema al cual General Alvarado no es ajeno en todo su territorio.

“El acceso a la vivienda debe ser una cuestión de Estado”, dijo a LA CAPITAL, la ex legisladora municipal socialista, Mariela Climente quien participa activamente de este proyecto.

La Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, fue sancionada el 29 de noviembre de 2012 y publicada en el Boletín Oficial en octubre de 2013.

A esta altura pocos fueron los avances de aplicación concreta, teniendo en cuenta que, hasta la actualidad, de los 135 partidos de la Provincia de Buenos Aires sólo un escaso porcentaje utiliza las herramientas provistas para la solución del déficit urbano habitacional.

Se intenta dar cuenta de los principales avances producidos, tanto desde el Gobierno de la Provincia como los municipios. También de aquellas cuestiones que aún no fueron abordadas y resultan prioritarias para comenzar a revertir la tendencia generalizada hacia la fragmentación socio espacial y la vulneración del derecho a un hábitat adecuado.

El principal objeto de la Ley es la promoción del derecho a la vivienda y a un sitio digno y sustentable, facilitando la regularización urbano dominial de barrios informales, atendiendo de manera integral la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional, y generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo tiempo, reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo.

“Nuestra intención es que el municipio adhiera a la Ley mediante una ordenanza, creando a su vez el Consejo Municipal de Vivienda y Hábitat, con la participación de organizaciones sociales y también de un banco de tierras”, comentó a este diario, Osvaldo Storani otro de los precursores de esta organización.

“Además se establece la creación de fondos para la urbanización de los barrios, el otorgamiento de créditos para la construcción o terminación de viviendas y también busca asegurar la regularización de los dominios”, agregó.