Días atrás se dio en Mar del Plata una situación insólita: un joven fue víctima del robo de su motocicleta y, más tarde, la reconoció como la utilizada por ladrones que cometieron un asalto posterior, a su vez registrado en un video que se dio a conocer por redes sociales y portales de noticias.

Este caso puntual tal vez sea inédito pero se enmarca en una serie de otros hechos que día a día pueden observarse en imágenes que trascienden públicamente, en la era digital. En los últimos años se volvió una circunstancia habitual que los medios de comunicación accedan a grabaciones tomadas por cámaras de seguridad o directamente teléfonos celulares que muestran cómo se producen sucesos delictivos. Esto, por un lado, ha contribuido a despertar conciencia y prevención en la ciudadanía; pero también sirvió para que los vecinos puedan visibilizar la problemática que atraviesan y, de alguna forma, atenuar la impotencia y la indignación ante la falta de soluciones concretas.

En materia judicial, en cambio, las filmaciones pueden servir para identificar a determinado autor de un delito y facilitar su captura, como también de pruebas posteriores en su contra. Sin embargo, no siempre resulta positivo que las mismas se hagan públicas, conforme la opinión de los investigadores.

Marcelo Riquert, juez camarista, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y autor del libro Delincuencia informática y tecnología digital publicado en abril pasado, considera que en Argentina el derecho penal incorporó en las últimas décadas reformas que buscan adecuarse a esta nueva realidad. A pesar de ello, sostiene que persisten tensiones entre la lógica jurídica clásica y los nuevos fenómenos.

El libro de Riquert analiza la forma en la que la rápida evolución tecnológica dejó obsoletos algunos de sus conceptos en el marco del Derecho Penal, y postula que los mismos requieren una revisión actualizada y más precisa. Si bien está orientado a exhibir las dificultades a las que se enfrentan tanto los operadores de justicia en la actualidad como los estudiantes de hoy, que serán los futuros actores mañana, a partir de, por ejemplo, los delitos digitales como el hackeo el grooming, vale citarlo a la hora de examinar también cómo repercuten las nuevas herramientas digitales en pos del esclarecimiento o el riesgo procesal de una causa.

Es que, en esa línea, el especialista postula que los cambios también complejizan la tarea de los operadores judiciales y de las instituciones que deben dar respuesta. Inclusive, en vías de ello, a nivel nacional el Ministerio Público Federal llegó a crear hace más de una década la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). cuyos miembros desarrollaron en 2023 una herramienta en línea para transcribir audios y videos desarrollada con inteligencia artificial.

En diálogo con LA CAPITAL respecto de la operatoria diaria reformada por la utilización de la tecnología, el fiscal Fernando Berlingeri, quien tiene a su cargo las investigaciones por asalto violentos en comercios de la ciudad, expresa que últimamente se observa en el inicio de las causas que las víctimas hacen públicos los videos de los robos que sufrieron en carne propia antes de que tomen intervención a Justicia o la policía.

“En más de una oportunidad, la gente lo hace para poner en conocimiento de su grupo de allegados o comerciantes, para advertir y prevenir, pero muchas veces eso ocurre antes de que el caso llegue a la fiscalía”. Al ser consultado acerca de si dicho accionar complica la investigación, Berlingeri contesta que no, aunque aclara: “Pero sí estamos nosotros tomando conocimiento del hecho con posterioridad a personas civiles que no son quienes investigan ni trabajan en el hecho… No es algo que podemos prohibir, porque el dueño del material es el propio damnificado”.
De todas maneras, el fiscal reconoce que dicha situación “sí podría afectar en que los propios autores del robo se ven reflejados en las imágenes y saben con qué elementos contamos nosotros para investigar y si se llevaron objetos o prendas pueden por ejemplo descartarse de ellos”.

Automotores y viviendas

Las otras dos fiscalías temáticas locales con mayor cantidad de hechos investigados que, en general, pueden haber quedado filmados en videos que luego trascienden públicamente son las de Automotores y Robos en Viviendas.
Al igual que Berlingeri, en ambas unidades de instrucción admiten que “lamentablemente muchas veces se toma conocimiento de los hechos a través de los medios y redes sociales”. “En muchos casos nos sirve de puntapié de investigación, pero a la vez no nos sirve tanto que se difunda lo que hacen, si es con alguna modalidad en particular, porque lo dejan de hacer y es más difícil atraparlos”, señala un investigador en diálogo con este medio.

No obstante, acto seguido, pondera: “La gente también encuentra en eso la posibilidad de descomprimir y visibilizar la impotencia, ante un volumen altísimo de hechos que está excediendo la capacidad de la policía y la Justicia”.
Menciona, como ejemplo de cambios positivos que trajo aparejados la tecnología, a los lectores de patentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). “Ayudaron bastante en el desarrollo de las búsquedas. Aunque a veces los delincuentes tienen otras patentes antes de robarse tal o cual vehículo para cambiarlas, y pasar desapercibidos. Recién nos damos cuenta de que hicieron eso cuando ya los detuvimos por medio de otras pruebas”, aclara.

En cuanto a los asaltos violentos en viviendas, cuya investigación queda a cargo del fiscal Mariano Moyano, el último antecedente de un hecho visibilizado en un video es el ocurrido en el barrio Lomas de Stella Maris la semana pasada, que motivó la organización de una marcha contra la inseguridad hacia la comisaría novena. En los registros de las cámaras de seguridad de un vecino de las víctimas, puede verse perfectamente el momento de la llegada de los delincuentes en una camioneta tipo 4×4 a una casa de Rivas y Castelli en la que permanecerían dos horas durante las cuales incluso hasta incurrieron en métodos de tortura para sustraer dinero y objetos de valor. Por el momento, no fueron identificados, pero tal vez del análisis de las imágenes pueda surgir alguna pista para descubrirlos y detenerlos.