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Policiales 16 de junio de 2018

Causa Anses: rechazan el pedido de excarcelación de uno de los detenidos

Consideró que los problemas de salud denunciados por Roberto Luis Balbuena los puede tratar en la cárcel federal en la que está alojado. Está imputado por ser uno de los líderes de una millonaria estafa a través de beneficios previsionales otorgados por el Estado.

La Justicia Federal rechazó el pedido de excarcelación de uno de los titulares del estudio jurídico Organización Previsional SRL investigado por una millonaria estafa a través de beneficios previsionales de Anses y seguirá detenido en una unidad penal en Capital Federal.

La defensa de Roberto Balbuena -imputado por resultar jefe u organizador de una asociación ilícita, coautor del delito de defraudación contra la administración pública reiterado- habían solicitado que se le otorgara la prisión domiciliaria por supuestos problemas de salud, sin embargo el juez Federal Santiago Inchausti rechazó el planteo por considerar que si de existir un problema de salud, el mismo podría tratarse en la cárcel federal donde el asesor previsional se encuentra alojado, sin poner en riesgo su vida.

Según consta en la causa, Balbuena, sin ser abogado, era uno de los titulares del estudio jurídico Organización Previsional SRL que tramitó jubilaciones irregulares que afectaron las arcas del Estado por más de 100.000.000 de pesos, aunque esta cifra podría incrementarse considerablemente con el correr de los días.

Para la Justicia, Balbuena, como asesor previsional se desempeñaba “como administrador del estudio jurídico y sería quien, en su carácter de prestador de servicios no profesionales, analizaría toda la documentación necesaria para la concreción de los actos investigados”.

Por su parte, la defensa del médico Fernando Fernández, también solicitó que se le otorgara la prisión domiciliaria y el pedido se encuentra en etapa de evaluación por el juez Inchausti.

Cabe recordar que Fernández había sido detenido en Ezeiza cuando volvía de unas vacaciones y está acusado de, mientras trabajaba para la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, haber falsificado certificados médicos tramitados por el estudio jurídico Organización Previsional SRL para conseguir jubilaciones por discapacidad y, si bien no está considerado de ser uno de los líderes de la organización delictiva, quedó detenido por posible riesgo de fuga.

Por su parte el médico José Ricardo Caliyuri; Norberto Coehlo y la contadora Daniela Livi continúan imputados por haber sido parte, en menor o mayor medida, de la organización ilícita que estafó al Estado.

Además de Balbuena y Fernández, se encuentran detenidos los abogados Rubén David Cagni, Luis Miguel Iroz y Luciano Conrado Diez Suárez, titulares también del estudio jurídico Organización Previsional SRL. Todos se encuentran alojados en los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz.

Por otra parte, el lunes estará listo el cronograma de declaraciones indagatorias de los 26 beneficiarios de jubilaciones irregulares por discapacidad tramitadas por el estudio jurídico Organización Previsional SRL que también están imputados por haber estafado al Estado.

En algunos de estos casos, los investigadores tuvieron problemas con hallar a las personas ya que se han utilizado documentos personales con información falsa, en los que registraron a los beneficiarios de otras localidad como si viviesen en Mar del Plata para poder tramitar las jubilaciones irregulares.

El caso de la familia Balbuena

Luis Balbuena, a quien le negaron la excarcelación, además de ser considerado uno de los líderes de la organización ilícita tenía una jubilación por discapacidad de $53.000 mensuales, la que consiguió al mentir en sus declaraciones juradas al “inflar” su salario y, también, gracias a que consiguió falsear su certificado médico por discapacidad.

Balbuena además fue “generoso” con su familia: también logró jubilar a su pareja cuando tenía 44 años, a su hijo cuando 27, a su hermano, a su ex esposa y a la hermana de ella. En todos los casos por jubilaciones cercanas a los 50.000 pesos.

El doctor “Cajita”

El otro detenido que pidió prisión domiciliaria, el médico Daniel Fernando Fernández, también cuenta con detalles excepcionales dentro de esta investigación por estafa al Estado. Según surgió de declaraciones de testigos y de otro de los imputados, en la Comisión Médica se lo conocía como “Cajita Fernández”, ya que “cobraba para sacar los dictámenes favorables”.

El médico Fernández, como informó en su momento LA CAPITAL, tiene otra causa de 2010 en el Juzgado Federal N°3 que se encuentra en suspensión de juicio a prueba por falsear certificados de discapacidad.

Fuentes judiciales confirmaron a LA CAPITAL que Fernández, luego de ser despedido de la Comisión Medica Nº 12 por destruir y falsificar dictámenes, consiguió una jubilación por invalidez tramitada por Cagni, otro de los detenidos del estudio jurídico Organización Previsional SRL, por la suma de $60.430,98 mensuales.

Es decir que Fernández fue despedido por haber falsificado un dictamen médico en un trámite previsional realizado por Cagni y un mes después de ello, con el mismo abogado realizó un pedido de jubilación por discapacidad.

La causa

La maniobra se iniciaba con denuncias apócrifas mediante las que lograban que se reconocieran años de aportes a individuos que no habían trabajado con esos empleadores –se inscribían como empleadores personas muy mayores o de existencia irreal –. En algunos casos, inclusive, se presentaban declaraciones juradas rectificativas que “pisaban” las originales, dejando a los empleados verdaderos sin aportes ni contribuciones para ese período rectificado.

De esta manera, según la hipótesis inicial del fiscal federal Nicolás Czizik, los abogados del estudio jurídico Organización Previsional SRL obtenían de manera irregular beneficios previsionales, principalmente de retiros por invalidez sobre la base de servicios inexistentes que habrían sido previamente validados, también en forma irregular, ante la AFIP.

Al momento hay registrados unos 130 casos de jubilaciones irregulares que, por el tiempo en que los beneficiarios llevan cobrando ese dinero, se trata de una estafa que supera los 100.000.000 de pesos.