La Justicia Federal ordenó este miércoles la captura nacional e internacional de Micaela Aracil, una de las procesadas en la causa en la que se investiga la posible comisión del delito de asociación ilícita fiscal en el complejo Sobremonte.

Según confiaron altas fuentes judiciales, el juez Santiago Inchausti tomó la decisión luego de que Aracil – hija de Eduardo, otro de los imputados- no se presentará a una serie de audiencias a las que debía ir junto a su fiadora para terminar de cumplimentar los pasos legales que se habían fijado en su procesamiento sin prisión preventiva. “Fue llamada en varias oportunidades, se le dieron varias prórrogas y finalmente se presentó su fiadora pero ella no apareció”, confió un informante.

Ante esta situación, Inchausti solicitó información a migraciones y pudo establecer que la mujer – imputada como una de las jefas de la supuesta organización- había viajado a Chile poco después de su procesamiento y no volvió a reingresar al país hasta la actualidad.  Aracil debía notificar a la justicia si realizaba cambio de domicilio o algún viaje al exterior.

En base a los elementos obtenidos, el magistrado finalmente solicitó la captura nacional e internacional de la mujer.

La Justicia Federal había procesado en junio de este año a los dueños del Complejo Sobremonte y a otras personas por el delito de asociación ilícita fiscal con la que habrían realizado maniobras de evasión tributaria entre 2003 y 2014 mediante la interposición de personas físicas y jurídicas con la finalidad de eludir el pago de tributos nacionales.

En ese momento, se fijaron cauciones personales por la suma de un millón de pesos y de cien mil pesos y se ordenaron embargos por la suma de cinco millones de pesos.

La Fiscalía interviniente es la Federal Nº 1, a cargo de Laura Elena Mazzafferri, y la Administración Federal de Ingresos Públicos es parte querellante en la causa.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, la explotación ficticia del lugar se llevó a cabo -al menos desde 2003 hasta 2014- a través de una cuidadosa ingeniería compuesta por sociedades y personas físicas que actuaron como testaferros con el único propósito de encubrir a los dueños, quienes son los verdaderos beneficiarios del funcionamiento del lugar, evitando de este modo el cumplimiento de sus obligaciones impositivas. El Complejo Sobremonte, un multiespacio que engloba pistas de baile, restaurantes y lugares de esparcimiento desde hace casi 40 años, aumentó considerablemente su dimensión en el transcurso del tiempo.

Monotributistas ricos

Uno de los aspectos que sobresale de la pesquisa es la notable inconsistencia que surge entre el perfil patrimonial y lo declarado ante el fisco por parte de los principales acusados. En este sentido, uno de los organizadores de las maniobras y el principal beneficiario de las ganancias del complejo no registra inscripción en ninguno de los impuestos y/o regímenes cuya recaudación se encuentra a cargo la AFIP/DGI desde septiembre de 2002. Tampoco se encuentra declarado como empleado en relación de dependencia, ni resulta titular de tarjeta de crédito alguna, ni posee bienes inmuebles a su nombre.

Lavado

Además de los delitos tributarios, la fiscal federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri y la Procelac plantearon la existencia de indicios respecto a una posible legitimación de activos de origen delictivo, en especial teniendo en cuenta que la legislación sancionada en 2011 -en sintonía con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional- incluyó a la evasión como delito precedente del lavado de activos.