Por Ramiro Melucci

Con la atención pública en otro lado, Guillermo Montenegro puso un pie en el acelerador. En un país que miró con incertidumbre, temor y expectativa la asunción de Javier Milei, aceptó las primeras medidas de ajuste como se aceptan las cosas irrevocables de la vida y ahora asiste perplejo al debate por el DNU que desregula la economía, el intendente dio pasos decididos para que su segunda gestión sufra lo menos posible los estragos de la anunciada estanflación.

La creación de la tasa vial al cobro de las estaciones de servicio, la actualización periódica de la Tasa de Servicios Urbanos en función del Índice de Precios al Consumidor y los aumentos bimestrales previstos por Obras Sanitarias de acuerdo con la evolución de sus principales costos exhiben el otro costado de la batería de medidas de ahorro exhibidas por la gestión como símbolo de austeridad: marcan la intención de no paralizar el municipio por la escalada de los precios y la anticipada decisión nacional de no financiar obras públicas.

Tiene esta vez un aliado fundamental: el Concejo Deliberante. Los actos hablan por sí solos. El intendente se muestra resuelto a sacarle el máximo provecho posible a la flamante mayoría propia del interbloque oficialista. Todos aquellos proyectos deben pasar por el cuerpo deliberativo. Todos tienen pronóstico favorable. Tanto que, antes del inicio del tratamiento, el gobierno local lanzó una licitación para obras de pavimentación por más de $ 2000 millones financiadas por la todavía nonata tasa vial. Argumentó que el anticipo le genera un ahorro y posibilidades de aprovechar más los fondos. También prometió, con la generosidad de quien tiene la certeza de que no necesitará cumplir, que si la tasa no es aprobada por el Concejo bajará la licitación.

El inicio del trámite licitatorio refutó, en parte, uno de los principales argumentos de los críticos de la medida: el de que el intendente no lo va a utilizar para arreglar las calles, sino para los gastos generales del municipio. En el fundamento coincidieron la concejala Virginia Sívori, de Unión por la Patria, y el referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Patricio Delfino. Es que no se trata de fondos afectados, sino de una partida de libre disponibilidad.

El intendente avanza con la nueva tasa vial.

En su iniciativa, el municipio sacó el ítem “Conservación de la vía pública” de la fórmula de la Tasa de Servicios Urbanos, de la que implicaba cerca de un 20%. Se trata de una tasa que abonan los contribuyentes del municipio (más de 400 mil) y que tiene una cobrabilidad que oscila entre el 65 y el 70%. Este año ingresaron por el ítem vial $ 1393 millones. Si siguiera todo igual, en 2024, con el aumento del 120%, se recaudarían $ 3000 millones.

Con el cambio de criterio las autoridades municipales prevén, como mínimo, duplicar el monto. Pagarían los que carguen nafta y gasoil en las estaciones de servicio locales, ya sean marplatenses o turistas. En el municipio hablan de equidad tributaria: “Pagarán los que usan las calles. Los residentes y también los turistas, que hasta ahora no ponían un peso por romperlas”.

Distintos municipios de la provincia de Buenos Aires cobran el tributo. “Escobar, Merlo, Hurlingham, Malvinas Argentinas. Ituzaingó, General Rodríguez, José C. Paz, Esteban Echeverría, Castelli, Chascomús, Vicente López, San Fernando, San Isidro, Tigre, Avellaneda, Pinamar y Pilar”, enumeran en la comuna. Un detalle: hace una década, los primeros que lo hicieron y estuvieron en la mira de la Federación de Expendedores de Combustibles fueron los gobernados por el Frente Renovador.

Con el cambio de criterio de la tasa vial las autoridades municipales prevén, como mínimo, duplicar el monto. “Los turistas hasta ahora no ponían un peso por romper las calles”, dicen en el municipio. 

La muestra más evidente de la fuerte apuesta a la mayoría legislativa son los pedidos de autorización para actualizar tasas a lo largo del año. En ninguno de sus cuatro años del primer mandato, período en que la inflación tampoco dejó un segundo de avanzar, el intendente se había animado a introducir tal modificación. Muy probablemente la oposición se la hubiera tumbado.

Montenegro insiste en que su austeridad no es producto de ninguna ola, pero está claro que el copyright del mantra “no hay plata” pertenece a Javier Milei. Es el que reiteró el municipio en la discusión con las organizaciones sociales por las canastas navideñas. El mismo que atiza en la negociación con el sindicato municipal.

En el primer caso, celebró como un triunfo el levantamiento del acampe frente al municipio sin “gastar” en comestibles para las fiestas. “Montenegro no es Papá Noel”, ilustró a horas de la Nochebuena un colaborador del jefe comunal. Tras cuatro días de protesta, una denuncia penal, el pedido de implementación del protocolo antipiquetes y una mediación judicial, el corte de Luro e Hipólito Yrigoyen concluyó de manera pacífica, ante la presencia de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la policía bonaerense y con el compromiso municipal de ofrecerles obras en escuelas a las cooperativas de las organizaciones.

¿Y el tan mentado protocolo? No se puso en práctica en Mar del Plata porque, según explicaron cerca del intendente, para eso hubiese sido necesario un aval del gobierno de Axel Kicillof, que avisó que no lo va a aplicar en territorio bonaerense. “Las fuerzas federales estaban listas para actuar, pero al no estar la conformidad de la Provincia no podían intervenir”, dijeron en el municipio.

El sindicato municipal también puso en aprietos a la comuna, con un paro por 48 horas que parece anticipar tiempos conflictivos. El gremio tampoco quiere perder ante la inflación y pidió un aumento de 38% para empardarla. El municipio ofreció un 15%. “Voluntad de negociar tenemos, pero la plata no está”, aseguran cerca del intendente.

El jueves hubo tensión con las organizaciones sociales, que finalmente terminaron la protesta.

Montenegro acelera también en el Concejo. Pidió al interbloque de Juntos por el Cambio que apure la aprobación del paquete presupuestario. Los concejales obedecieron: convocaron para el próximo miércoles a una reunión conjunta de las comisiones de Hacienda y Ambiente, en la que expondrán en primer turno el equipo de Obras Sanitarias y luego el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli; el subsecretario, Germán Blanco, y el titular de la Agencia de Recaudación, Jerónimo Rocatti.

Para el miércoles siguiente, el 3 de enero, planifica otra reunión conjunta para darles despacho al presupuesto de OSSE y al Reglamento General del Servicio Sanitario (el que establece la tarifa de la empresa municipal), y otra solo de Hacienda para el dictamen del presupuesto de la administración central y los entes descentralizados y las ordenanzas fiscal e impositiva (que contienen la nueva tasa vial).

El 4 será la audiencia pública establecida por ordenanza sobre el presupuesto y el 5, la sesión preparatoria para aprobar las tasas. El moño se colocaría entre el 14 y el 17 de enero, con la asamblea de concejales y mayores contribuyentes para ratificar las normas fiscal e impositiva y una sesión posterior para aprobar los presupuestos.

Víctima de la urgencia del oficialismo, ha caído en desuso el llamado “método Sívori”, que consistía en que cada uno de los secretarios y presidentes de entes explicaran los presupuestos de sus áreas, consolidado por la edil de UP en los tiempos en que conducía la comisión de Hacienda. Alivio para los secretarios.

Otra víctima será la Defensoría del Pueblo de tres miembros. La motosierra para dejarla con un solo integrante se encenderá el martes, en la comisión de Legislación, donde Juntos por el Cambio y el bloque libertario aprobarán un proyecto común, y se apagará el jueves, después de la sesión que lo sancionará.

Las fechas ya están marcadas en el calendario del oficialismo. Sólo alguna nueva medida del sindicato municipal puede alterarlas.