En el Concejo Deliberante se reanudó este lunes el debate sobre la habilitación de las plataformas digitales de transporte en General Pueyrredon. Tras un extenso intercambio en la comisión de Movilidad Urbana, los expedientes quedaron en comisión y se resolvió pedir informes a la Secretaría de Legal y Técnica antes de avanzar.

La discusión giró en torno a dos proyectos: uno que propone crear un registro municipal de prestadores del servicio mediante aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify; y otro que busca eliminar las multas establecidas en 2019 para quienes operan con estas plataformas.

En este primer tratamiento luego de varios años, ambas iniciativas quedaron en comisión a la espera de precisiones del Ejecutivo.

El expediente principal había sido presentado en 2022 por la entonces concejal Angélica González, de la Coalición Cívica. Ahora, con modificaciones impulsadas por el concejal Guido García -actual presidente de la comisión- volvió a ser tratado en un contexto muy distinto.

A diferencia de aquel momento, hoy las plataformas están instaladas y son utilizadas a diario en la ciudad, aunque siguen sin un marco normativo que las regule.

Durante su exposición inicial, García repasó el recorrido del proyecto y sostuvo que en estos años se acumuló información suficiente para avanzar con “una propuesta más clara”. Recordó que hubo cuatro pedidos de informes al Ejecutivo y que distintos sectores aportaron observaciones.

“No es negar la realidad, es ordenarla”

El eje del proyecto no apunta a regular a las plataformas en sí, sino a habilitar a quienes prestan el servicio.
En ese sentido, García planteó que “las plataformas ya existen, operan y forman parte de la vida cotidiana”, por lo que “el desafío es generar un esquema de habilitación claro” a través de un registro digital.

La iniciativa propone que la inscripción sea obligatoria, personal y válida para todas las servicios. Además, establece requisitos básicos: documentación al día, verificación técnica, seguro para transporte de pasajeros y vehículos con una antigüedad máxima de 15 años.

También fija que el servicio solo podrá ofrecerse mediante aplicaciones, sin captar pasajeros en la vía pública.
Uno de los puntos destacados es que taxis, remises y otros servicios habilitados podrían incorporarse automáticamente al sistema, sin necesidad de una nueva inscripción.

“El proyecto no excluye a nadie, los integra”, remarcó García, quien también vinculó la discusión con el actual contexto socioeconómico: “Nuestra sociedad atraviesa una situación donde la necesidad de generar ingresos es cada vez más evidente, tal como reflejan los indicadores recientes”.

El concejal deslizó, casi al final del tratamiento, dos puntos importantes: primero, que entre las modificaciones el proyecto establece que en el registro solo podrán estar incluidos vecinos de General Pueyrredon. Esto responde indirectamente al reclamo de taxistas y remiseros acerca de personas de otras ciudades, e incluso otros países, que vienen a trabajar a Mar del Plata con las plataformas digitales.

Y en cuanto al segundo punto, García deslizó que en el pedido de informes se incorporará la consulta de si es legalmente viable incorporar a “entre 3000 y 5000” prestadores.

Si bien aclaró que el número “es estimado”, motivó al instante una advertencia de la concejal radical Vilma Baragiola, quien apuntó que esa cifra es superior a la cantidad de taxistas y remiseros en actividad en el distrito, y dejó entrever que habilitar un registro de ese volumen generaría una competencia desleal. La aclaración motivó aplausos de los taxistas presentes en el recinto que participaron de la comisión.

En ese sentido, también asistieron integrantes de “Conductores unidos”, una asociación civil que representa a un sectores de los conductores de aplicaciones, quienes al término de la reunión de la comisión, expusieron sus argumentos para avanzar en la regularización de las plataformas. Se generó, en este sentido, un intercambio con los concejales sobre la legalidad o la ilegalidad de esta modalidad de trabajo.

A su vez, los conductores destacaron la salida laboral que genera la actividad, expusieron “aprietes” que sufren al prestar el servicio, denunciaron robos y cuestionaron: “Nos tratan como delincuentes, y somos gente que necesita trabajar dignamente”.

Acuerdos y contrapuntos

Desde el bloque Vamos Juntos, el concejal Marcelo Cardoso respaldó la iniciativa y celebró que el tema haya vuelto al recinto.

Sostuvo que la actividad “ya existe y la usan miles de personas”, pero que hoy funciona sin reglas claras. “El problema no es de las plataformas, sino la ausencia del Estado”, afirmó.

Para Cardoso, la creación del registro es una herramienta concreta para empezar a ordenar “una realidad que ya está instalada”.

Sin embargo, el avance del expediente quedó condicionado por un pedido de informes impulsado por la concejal Vilma Baragiola (UCR), que fue acompañado por todos los bloques.

La moción busca que la Secretaría de Legal y Técnica analice las últimas modificaciones. Además, deberá evaluar la viabilidad administrativa del registro.

Desde Acción Marplatense + Movimiento Derecho al Futuro, el concejal Horacio Taccone propuso además convocar a una mesa de trabajo para escuchar a todos los sectores involucrados: choferes de aplicaciones, taxistas y otros actores del sistema.

“Sin consenso social, las cosas salen mal”, advirtió y recordó que “este tema no arrancó bien” en su momento, ya que “Montenegro suscribió un acuerdo donde ese comprometía a no legalizar las aplicaciones”.

Desde Unión por la Patria, el concejal Diego García planteó reparos sobre el tratamiento del tema. Señaló que existe una urgencia por avanzar con las plataformas mientras el pliego del transporte público -que utiliza la mayoría de la población– “sigue sin debatirse”.

De todos modos, coincidió en la necesidad de regular la actividad, aunque insistió en que debe hacerse en “un marco de igualdad de condiciones” y “escuchando a todos los sectores”.

Multas en discusión

El segundo expediente, que propone eliminar las sanciones vigentes desde 2019 para los conductores de aplicaciones, también quedó en comisión.

La intención de la Coalición Cívica es dejar sin efecto el esquema punitivo actual y, eventualmente, incorporar un nuevo régimen de sanciones dentro de la futura ordenanza.

No obstante, también en este caso se resolvió pedir informes a Legal y Técnica antes de avanzar.

García consideró que las multas actuales dejan a los choferes “al margen de la ley”, pero desde Unión por la Patria y la Unión Cívica Radial advirtieron que resulta “contradictorio desregular una actividad que aún no está regulada”.

El tratamiento dejó en claro que, aunque hay coincidencias en que la actividad existe y debe ser abordada, hay nuevos acuerdos pero también diferencias sobre cómo hacerlo.

El debate en torno a las plataformas, que hace cuatro años generaba un fuerte rechazo, volvió al Concejo en un escenario distinto: con miles de usuarios activos, “entre 3000 y 5000” conductores en la calle y una discusión que ya no pasa por permitir o no, sino por cómo ordenar lo que ya está funcionando.