Un jubilado le abría la puerta de su casa porque la conocía. De vez en cuando le daba ropa, comida y alguna ayuda para sobrellevar sus dificultades. Esa relación de confianza fue, según determinó la Justicia, la herramienta que Anahí Verónica Laz (49) utilizó para facilitar un violento robo en el que dos cómplices irrumpieron en la vivienda, ataron a la víctima y escaparon con dinero, documentación y un teléfono celular.

Días atrás, el juez Gustavo Fissore, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4, condenó a Laz a 6 años y 10 meses de prisión al encontrarla coautora de ese hecho y de otro robo agravado cometido cuatro años antes, en ambos casos con el uso de un arma y en banda.

La sentencia fue dictada por el magistrado en el marco de un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía y la Defensoría Oficial. Aunque las partes habían pactado una pena de 7 años de prisión, el juez redujo la condena al descartar una de las agravantes propuestas por el Ministerio Público.

El episodio más reciente ocurrió el 6 de abril de este año en una vivienda de Marcelo T. de Alvear al 2100. De acuerdo con el fallo al que accedió LA CAPITAL, Laz conocía al dueño de casa, un jubilado que solía asistirla con alimentos y prendas de vestir. Aprovechando esa relación, tocó el timbre y le pidió permiso para entrar al baño.

Cuando el hombre abrió la puerta de reja para dejarla pasar, dos delincuentes que permanecían ocultos en el patio aprovecharon la oportunidad para irrumpir en la vivienda. Una vez adentro, redujeron al jubilado, lo ataron de pies y manos a una silla, lo amenazaron con un cuchillo y comenzaron a revisar todas las habitaciones en busca de objetos de valor.

Los asaltantes incluso intentaron escapar en el Peugeot 504 de la víctima, donde habían cargado dos televisores, una computadora, un microondas y otros elementos. Sin embargo, como no lograron poner en marcha el vehículo, abandonaron esos objetos y huyeron con 40 mil pesos en efectivo, documentación personal, tarjetas bancarias y un teléfono celular.

Durante el robo, Laz simuló haber sido reducida por los delincuentes. Pero esa versión quedó descartada por la investigación.

Las cámaras de seguridad de dos viviendas vecinas registraron toda la secuencia y permitieron reconstruir el plan: primero llegaron dos hombres que ingresaron al patio y permanecieron escondidos; segundos después apareció Laz, tocó el timbre y consiguió que el jubilado abriera la puerta. Para el juez, esa coordinación demostró que la mujer integraba el grupo desde el inicio y que la supuesta condición de víctima había sido apenas una puesta en escena para intentar desviar la investigación.

El antecedente de 2022

La condena también comprendió un robo ocurrido el 13 de febrero de 2022 en la esquina de Mario Bravo y Gianelli. Ese día, un hombre que conducía una camioneta Chevrolet S10 chocó con un carro tirado por un caballo. Instantes después fue rodeado por un grupo de personas que viajaban en el carro.

Según dio por probado Fissore, dos hombres lo sacaron por la fuerza del vehículo, lo golpearon con puños y patadas mientras uno de ellos lo amenazaba con un cuchillo tipo Tramontina. En medio de la agresión, Laz ingresó a la camioneta y sustrajo un teléfono celular Motorola.

La víctima fue auxiliada por vecinos que se acercaron al lugar y la policía logró detener a tres hombres y a la única mujer que participaba del ataque. Además, secuestró el cuchillo utilizado durante el asalto.

Para el juez, ambos hechos quedaron acreditados mediante una importante cantidad de pruebas. En el primero valoró especialmente el relato del damnificado, el testimonio de una vecina que presenció la golpiza, el secuestro del cuchillo y la aprehensión de Laz en el lugar del ataque.

Respecto del robo al jubilado, consideró decisivas las imágenes de las cámaras de seguridad, la declaración de la víctima y los informes policiales que reconstruyeron los movimientos de los tres delincuentes antes de ingresar a la vivienda.

La sentencia

En la sentencia, el magistrado sostuvo que Laz actuó como coautora en ambos robos agravados por el uso de arma y por haber sido cometidos en lugar poblado y en banda.

Como atenuante tuvo en cuenta que la mujer no registraba antecedentes penales. En cambio, descartó agravar la pena por la extensión del daño económico ocasionado, al considerar que los bienes sustraídos no justificaban un mayor reproche penal.

Por ese motivo, redujo la pena acordada entre las partes y la condenó finalmente a 6 años y 10 meses de prisión, además de las accesorias legales y las costas del proceso.