El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 homologó los acuerdos de juicio abreviado para cinco integrantes de la organización que, según la investigación judicial, encabezaba el exjefe de la Policía Departamental de Mar del Plata, José Luis Segovia. Las condenas alcanzan a cuatro expolicías y un civil, acusados de participar en una estructura dedicada al cobro de coimas, la protección de actividades ilegales y el encubrimiento de delitos.

Las penas impuestas van de los seis años de prisión a los tres años de ejecución condicional. Los condenados que recibieron penas de cumplimiento efectivo continuarán bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico, mientras que el restante deberá cumplir las condiciones que establezca el Patronato de Liberados.

La resolución representa un avance en una de las investigaciones por corrupción policial más relevantes de los últimos años en Mar del Plata. La causa reconstruyó una presunta trama de vínculos entre policías y civiles que habría incluido el cobro de dinero a los denominados arbolitos de la avenida Luro, la circulación de dólares falsos y maniobras para desviar investigaciones mediante la incorporación de pistas falsas y la ocultación de información a los fiscales.

Las condenas

La pena más alta, de seis años de prisión, recayó sobre Javier Toletti, comerciante y cambista vinculado con el circuito informal de compra y venta de divisas. Según la investigación, también habría participado en el secuestro de un delincuente que había cometido un robo millonario a una pareja de adultos mayores. La hipótesis fiscal sostiene que buscaban que compartiera el botín a cambio de excluirlo de la investigación.

Christian Adalberto Holtkamp, expolicía que integró la División Antisecuestros de la Dirección Departamental de Investigaciones bajo el mando de Segovia, fue condenado a cinco años y dos meses de prisión. Además, recibió una inhabilitación especial por seis años.

Para los investigadores, Holtkamp habría tenido un papel en la estructura que brindaba protección a los cambistas informales. También fue señalado por su presunta intervención en la privación ilegítima de la libertad del acusado por el robo cometido en el edificio Cabo Corrientes.

Gastón Daniel Moraña, quien todavía integraba la fuerza policial cuando fue detenido, recibió una pena de tres años y cuatro meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Había trabajado en la División Antisecuestros de la DDI y luego pasó a la Jefatura Departamental junto con Segovia.

La acusación lo ubicó entre los encargados de recaudar dinero para la organización. Entre los delitos que se le atribuyeron figuran asociación ilícita, encubrimiento, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales.

Javier Martín González, quien había sido exonerado de la Policía antes de su detención, fue condenado a tres años y dos meses de prisión. La investigación lo señaló como uno de los principales recaudadores vinculados con el circuito informal de cambio de divisas y como una persona cercana al exjefe policial.

Por último, Héctor Sabino Sosa recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos. Durante su paso por la DDI, habría intervenido en maniobras destinadas a desviar investigaciones mediante la incorporación de pistas falsas.

La condena de Sosa incluyó delitos como encubrimiento agravado, exacciones ilegales agravadas, falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa procesal.

La situación de Segovia

La situación judicial de José Luis Segovia todavía debe resolverse. El exjefe de la Policía Departamental y su abogado, Martín Bernat, firmaron ante el fiscal general adjunto Marcos Pagella un acuerdo de juicio abreviado que contempla una pena de siete años de prisión, la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa.

La audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 fue fijada para diciembre. En esa instancia, los jueces deberán analizar el convenio y resolver si corresponde homologarlo. Recién después de esa audiencia podrá dictarse una sentencia, por lo que el acuerdo firmado todavía no constituye una condena.