La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata confirmó la decisión de mantener detenida a Virginia Cecilia Erreguerena, la agente de turismo acusada de haber cometido ocho estafas contra clientes que entre 2018 y 2019 contrataron viajes, pasajes, cruceros y alojamientos que, según la investigación, nunca fueron concretados.

La resolución fue dictada por la Sala Tercera del tribunal, que rechazó el recurso presentado por la defensa y confirmó la decisión del juez de Garantías Daniel De Marco, quien había denegado la excarcelación de la imputada.

Para los camaristas, existe un riesgo de fuga concreto que justifica que Erreguerena continúe privada de su libertad. El principal elemento valorado fue su comportamiento durante el proceso: la mujer salió del país en diciembre de 2020 con destino a Estados Unidos y, mientras permanecía fuera de la Argentina, ocultó esa situación ante distintas comunicaciones realizadas por personal policial y judicial.

La resolución señala que durante febrero, marzo y abril de 2021 la imputada fue contactada telefónicamente en distintas oportunidades para notificarla de diligencias judiciales que requerían su presencia. En esas ocasiones manifestó que no podía concurrir porque se encontraba cuidando a su madre en Capital Federal.

Sin embargo, de acuerdo con la información incorporada a la causa, para entonces ya había abandonado el país. Esa conducta fue considerada por los jueces como un indicio claro de que intentaba eludir el accionar de la Justicia.

Erreguerena permaneció fuera de la Argentina durante aproximadamente seis años, hasta que se hizo efectiva la orden de captura que pesaba sobre ella. Tras ser localizada en Estados Unidos, fue detenida, permaneció alojada en un centro de detención de Luisiana y finalmente fue extraditada a la Argentina. Luego, el 7 de julio último, quedó alojada en la Unidad Penal Nº 50 de Batán.

Ocho hechos de estafa

La acusación fiscal atribuye a Erreguerena un concurso real de ocho delitos, calificados como estafa y, subsidiariamente, defraudación por uso ilícito de tarjeta de crédito.

La investigación se inició a partir de las denuncias de personas que habían contratado sus servicios como agente de turismo. De acuerdo con la causa, los clientes entregaban dinero para adquirir paquetes turísticos, cruceros, vuelos o alojamientos y recibían comprobantes y confirmaciones que posteriormente no podían ser verificadas.

El expediente incluye operaciones realizadas en pesos, dólares y euros. Entre los hechos investigados aparecen pagos de 1.650 dólares y 2.550 euros para un viaje al exterior, además de dos pasajeros que abonaron 982 dólares cada uno por pasajes que nunca fueron emitidos. También figuran operaciones superiores a los 370.000 pesos y otras transferencias y entregas de dinero en efectivo.

Según la Fiscalía de Delitos Económicos, no se trató simplemente de incumplimientos comerciales, sino de una modalidad reiterada destinada a obtener dinero mediante falsas promesas de viajes. Las dificultades, de acuerdo con la investigación, comenzaban cuando se acercaban las fechas de partida: aparecían explicaciones vinculadas con demoras, problemas con aerolíneas u operadores y cambios de itinerario, hasta que finalmente los clientes descubrían que las reservas no existían o estaban impagas.

Entre los damnificados aparecen particulares y personas conocidas de Mar del Plata, entre ellas una funcionaria de la Anses y el entonces juez municipal de Faltas Juan Oteiza. También fueron afectados integrantes de familias vinculadas con actividades profesionales y comerciales de la ciudad.

La defensa cuestionó el riesgo de fuga

El defensor particular de Erreguerena, Sergio Carrera Fernández, había sostenido que su asistida siempre había estado a disposición de la Justicia y que el hecho de encontrarse fuera del país no significaba que hubiera tenido intención de eludir el proceso. También había destacado que la mujer no registra antecedentes penales y que posee domicilio en Mar del Plata.

Los camaristas rechazaron esos argumentos. Consideraron que el hecho de haber mantenido el mismo número telefónico no alcanza para descartar el riesgo de fuga, porque cuando fue contactada ocultó dónde se encontraba y brindó explicaciones que no coincidían con la información posteriormente obtenida por los investigadores.

Tampoco consideraron suficiente el domicilio aportado como muestra de arraigo. Para el tribunal, la circunstancia de que hubiera abandonado ese domicilio y permanecido durante años en otro país demuestra que ese elemento no garantiza su sometimiento al proceso.

La Cámara también sostuvo que, en este caso, la gravedad de los delitos imputados y la pena en expectativa pueden ser valoradas junto con el resto de los elementos para analizar la posibilidad de una nueva fuga.

Por ese conjunto de circunstancias, los jueces concluyeron que el riesgo procesal solamente puede ser neutralizado mediante el mantenimiento de la prisión preventiva y confirmaron la resolución de Garantías.

La decisión no implica todavía que la causa haya llegado a juicio. La Fiscalía de Delitos Económicos había solicitado en 2021 la elevación a juicio por los ocho hechos, pero la ausencia de la principal imputada impidió que el expediente avanzara con normalidad. Su regreso al país permitió destrabar ese proceso.

Ahora, con Erreguerena detenida en Batán, la Justicia deberá avanzar sobre la situación procesal de la acusada y definir el camino que seguirá la investigación por las ocho presuntas estafas.