La discusión por la implementación de una nueva suba del boleto comenzó a estar cada vez más acompañada por el reclamo de parte del Concejo Deliberante para que la gestión del intendente Carlos Arroyo ponga en marcha un nuevo proceso para licitar el servicio de transporte público.

Esta semana, desde la oposición y desde un sector del oficialismo fueron realizados nuevos planteos exigiendo que, tal como lo prometió días atrás, el jefe comunal envíe cuanto antes los pliegos de bases y condiciones, los cuales, para muchos, ya deberían estar en análisis de los concejales.

El último pedido en ese sentido fue realizado por el radical Ariel Martínez Bordaisco, quien esta semana consideró necesario que Arroyo “cumpla con su palabra” y que tal como lo prometió, presente los proyectos para habilitar un debate en el cual, se espera, participen diversas instituciones de la ciudad.

La actual concesión del servicio fue otorgada en el año 2005, durante la gestión del ex intendente Daniel Katz, por un plazo que llegará a su fin el próximo mes de mayo.

Si bien los contratos prevén la posibilidad de que el municipio conceda hasta tres años de prórroga, días atrás el jefe comunal desechó esa posibilidad. “Quiero una licitación, no quiero más prórroga”, afirmó.

No obstante hay quienes consideran que para que el deseo expresado ahora por el intendente se haga realidad, los pliegos ya deberían haber sido presentados para cumplir así con los plazos legales que requerirá volver a concesionar el servicio.

“Los pliegos deberían haber ingresado al Concejo Deliberante hace ya bastante tiempo”, analizó un concejal de la oposición, quien precisó que el debate sobre su contenido demandará algunos meses, al igual que los plazos necesarios para convocar a las empresas interesadas, evaluar sus ofertas y, eventualmente, firmar los nuevos contratos.

“A esta altura es muy posible que, debido a las demoras del gobierno, todo ese proceso concluya más allá del mes de mayo de 2019”, indicó.

La inquietud sobre la necesidad de activar el debate sobre la licitación del servicio de transporte público también fue manifestada días atrás por la Defensoría del Pueblo, que consideró que la posibilidad de otorgar una prórroga a los actuales concesionarios sólo podría ser determinada por “motivos justificados”.

“No existen razones válidas para otorgar una prórroga”, advirtió el organismo, señalando que a más de 12 años de que se firmaran los actuales contratos resulta necesario “reformular y mejorar el sistema de transporte”.