La expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) presentará un dictamen a su favor elaborado por un exjuez de la Corte Suprema en la causa en su contra por irregularidades en la concesión de obras viales durante sus mandatos.

El dictamen, elaborado por Rodolfo Barra, miembro del Supremo entre 1990 y 1993 y designado por Javier Milei titular de la Procuración del Tesoro de Argentina, será presentado por el abogado de Fernández, Carlos Beraldi, en una audiencia en la Cámara de Casación.

El contenido del dictamen fue compartido por la propia expresidenta y también exvicepresidenta (2019-2023) en la red social X, donde indicó que encomendó el año pasado a Barra, como experto legal, un dictamen sobre las responsabilidades de la Presidencia en materia de control o supervisión en las licitaciones de obras públicas de la Dirección Nacional de Vialidad, así como también sobre la legalidad de un decreto de 2009 relativo a un fideicomiso para obras públicas.

En su escrito, Barra afirmó que “no se observa la existencia de responsabilidad penal objetiva de ninguna naturaleza en cabeza del Presidente de la Nación, sea por el dictado del referido decreto o bien por los posibles hechos delictivos que su hubiesen cometido con motivo de la contratación, ejecución o pago de las obras viales incluidas en el esquema de financiamiento previsto en el fideicomiso”.

Según el experto, sólo podría existir una responsabilidad de tipo “política”, que “de ningún modo se puede entender como extendida a la responsabilidad penal” de un funcionario.

Fernández resaltó los conocimientos y la trayectoria de Barra y recordó que en diciembre pasado fue designado por el presidente argentino, nombramiento que estuvo rodeado de polémica debido al pasado filonazi de Barra, del que la exmandataria dijo que es “tal vez el mayor experto en materia de Derecho Administrativo” de Argentina y participando de espacios políticos de los que ella siempre ha sido “opositora”.

En diciembre de 2022, Fernández fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos por las irregularidades en la concesión de obras viales durante el Gobierno de su marido, el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), y el suyo (2007-2015), un fallo que la exmandataria apeló.

En esta instancia de revisión, el fiscal Mario Villar pidió el pasado 26 de febrero aumentar esa pena a 12 años de prisión.

Fernández solicitó que Villar y uno de los jueces que deben dictar sentencia fueran apartados del proceso, pedido que le fue denegado.