Una mujer fue condenada a 3 años de prisión en suspenso luego de que se descubriera que, mientras trabajaba como cuidadora de un joven con parálisis cerebral, entregó datos sobre su familia a tres delincuentes que luego entraron a robar a la casa, golpearon a su madre y se llevaron 7 mil dólares y 100 mil pesos.

El fallo fue dictado por el juez Gustavo Fissore, quien consideró probado que Elena Matilde Cabrera actuó como partícipe necesaria de un robo doblemente agravado, cometido en una vivienda del barrio norte de la ciudad.

Según se estableció en la causa, el hecho ocurrió el 5 de julio de 2024 por la mañana, cuando dos hombres se presentaron en una casa de Avellaneda al 8100 haciéndose pasar por empleados de una empresa de telecomunicaciones. La maniobra fue posible gracias a la información previa que les había suministrado Cabrera, quien trabajaba como cuidadora del joven discapacitado que vivía en el lugar y conocía en detalle los movimientos de la familia y dónde se guardaba el dinero.

Apenas lograron que la dueña de casa abriera el portón, los delincuentes escalaron una reja de casi dos metros, ingresaron por la fuerza y redujeron a la mujer, a quien arrojaron al piso, le cubrieron el rostro y le colocaron precintos en las manos. Mientras la mantenían inmovilizada, uno de los asaltantes le gritaba: “¡Quedate quieta o te pego un tiro!”, según declaró la víctima.

Dentro de la vivienda también se encontraba el joven con parálisis cerebral, quien fue golpeado durante el robo. En medio del ataque, uno de los delincuentes le exigía información pese a su discapacidad y le repetía de manera intimidante: “¡Decime dónde está, decime que yo ya sé!”, frase que el juez consideró reveladora del conocimiento previo que tenían sobre el dinero.

En pocos minutos, los asaltantes se apoderaron de 7 mil dólares y 100 mil pesos, ahorros que la familia había reunido durante años, en parte provenientes de la pensión que percibía el joven discapacitado. Luego escaparon en un auto rojo que los aguardaba en las inmediaciones.

La investigación permitió reconstruir que Cabrera había sido quien aportó los datos clave para concretar el robo: sabía que ese día la casa estaría prácticamente sin adultos, que se había dado de baja el servicio de internet -lo que permitió la coartada de los falsos técnicos- y el lugar exacto donde se guardaba el dinero.

Además, el juez valoró como indicio relevante que, días después del hecho, el teléfono celular que Cabrera denunció como robado apareció ofrecido a la venta, y que existieron comunicaciones entre su entorno familiar y terceros para comercializarlo, lo que terminó de comprometer su versión.

La defensa llegó a un acuerdo con el fiscal Mariano Moyano para la realización de un juicio abreviado, tras el cual el magistrado decidió ponderar como atenuante que la mujer no tenía antecedentes penales, pero consideró especialmente grave que el delito se haya cometido en presencia de una persona con discapacidad, sometida a un trato violento e intimidatorio innecesario.

Finalmente, Cabrera fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional, deberá fijar domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados, además de afrontar las costas del proceso. La situación de los otros imputados en el robo continúa siendo investigada.