Por Bruno Verdenelli
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Cuando abrió la puerta del patio de la casa del lujoso barrio Stella Maris en la que cumple su prisión domiciliaria, y de pronto se encontró con el grupo de intrusos encapuchados, el represor Rodolfo Enrique Godoy habrá sentido esa sensación extrema que le provoca al cuerpo de los seres vivos la inminencia de un hecho violento: solo que esta vez, a diferencia de los tantos vividos antes, él iba a ser la víctima... El cazador cazado.

Eran las 10.30 de la mañana del lunes feriado cuando el excoronel de 89 años, sentenciado en tres causas distintas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última Dictadura Militar, fue reducido en su vivienda de San Lorenzo al 400. Allí se encontraba también su esposa, de la misma edad.

Según la investigación que ahora tienen a su cargo el fiscal Mariano Moyano y la policía, y a cuyos datos pudo acceder LA CAPITAL a pesar del hermetismo de los protagonistas, los delincuentes se habían escondido en el sector trasero de la propiedad. En la jerga de los especialistas en inseguridad, esa modalidad suele llamarse “La Dormilona”.

Básicamente, consiste en que los ladrones aguardan que las víctimas abran la puerta del patio de su casa para irrumpir en escena con violencia. Y eso fue exactamente lo que hicieron los asaltantes que sorprendieron al represor y a su mujer.

Hasta el momento, se desconoce si los intrusos sabían de quién se trataba, pero se sospecha que no. De acuerdo a los datos recabados por este medio, tampoco trascendió la cantidad exacta de agresores, ya que los denunciantes no lo especificaron. Solamente dijeron que eran “varios” y que vestían de negro, utilizaban guantes y llevaban sus rostros cubiertos.

El asalto se extendió por aproximadamente 35 minutos en los que Godoy -que llevaba colocada su tobillera de monitoreo electrónico- y su mujer fueron atados y golpeados violentamente al punto tal que, una vez normalizada la situación, debió presentarse en el lugar personal médico en una ambulancia de la empresa Vittal para atenderlos y realizar las curaciones en las respectivas lesiones sufridas. En este contexto, además, el grupo se apoderó de 4 mil dólares, 470 mil pesos y un dispositivo GPS.

Ya con el botín en su poder, minutos después de las 11 los ladrones abordaron una camioneta marca Ford Ranger tipo 4×4 de color gris plata en la que huyeron a toda velocidad, en dirección desconocida. Recién entonces la pareja llamó al Servicio de Emergencias 911 y concurrieron al inmueble efectivos de la comisaría novena, con jurisdicción en el lugar, y labraron las actuaciones correspondientes a una causa judicial caratulada “Robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda”.

¿Quién es Rodolfo Godoy?

Excoronel del Ejército, fue segundo jefe del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela durante la última Dictadura. Recibió condenas por secuestros y tormentos en causas vinculadas con centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires. Su situación de detención domiciliaria quedó expuesta públicamente en 2018, cuando fue fotografiado mientras salía a tomar un café durante un cuarto intermedio de un juicio.

Rodolfo Enrique Godoy es un exoficial superior del Ejército Argentino condenado por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos tras el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Su nombre aparece en distintas investigaciones judiciales que reconstruyeron el funcionamiento del aparato represivo en el oeste del conurbano bonaerense y la actuación de la estructura militar que operaba desde Ciudadela.

Durante el período dictatorial, Godoy se desempeñó como segundo jefe y jefe de la plana mayor del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, unidad vinculada con el Área Militar 114. De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía en la causa por los crímenes cometidos en la comisaría de Ramos Mejía, desde esa posición participó en la planificación, dirección y supervisión de operaciones.

Las investigaciones judiciales establecieron la conexión entre esa estructura militar y distintos espacios utilizados para el secuestro clandestino y la tortura de personas perseguidas por razones políticas. Entre ellos se encuentran la Brigada de Investigaciones de San Justo, la comisaría de Ramos Mejía y el centro clandestino conocido como Sheraton, que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido de La Matanza.

Condenas por crímenes de lesa humanidad

Uno de los procesos judiciales centrales en su trayectoria fue el juicio por los crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo. El 2 de diciembre de 2020, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata lo condenó a 25 años de prisión. El expediente investigó delitos cometidos contra 84 víctimas que estuvieron secuestradas en ese centro clandestino.

Godoy también fue juzgado por los crímenes cometidos en la comisaría de Ramos Mejía. El 5 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires le impuso una pena de 18 años de prisión por seis hechos de privación ilegal de la libertad agravada y cinco hechos de imposición de tormentos.

En esa causa, los jueces analizaron la responsabilidad de Godoy en función de su posición jerárquica dentro del Grupo de Artillería 1. La condena lo consideró coautor mediato de los delitos: una forma de atribución de responsabilidad penal que contempla la intervención de quien utiliza o integra una estructura organizada para la comisión de crímenes, aunque no necesariamente ejecute de manera directa cada acto.

Su nombre también figura en la causa por el centro clandestino Sheraton. En agosto de 2021, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas impuestas a los responsables juzgados por los crímenes cometidos en ese lugar. El centro funcionó entre diciembre de 1976 y abril de 1978 y fue uno de los espacios de cautiverio por los que pasó el escritor y guionista Héctor Germán Oesterheld, quien continúa desaparecido.

La prisión domiciliaria en Mar del Plata

La presencia de Godoy en Mar del Plata tomó estado público  a fines de 2013, con algunos rumores y cuestionamientos vecinales. Sin embargo, fue recién en agosto de 2018 que se transformó en un escándalo mediático, cuando participaba por videoconferencia en el juicio por los crímenes de la Brigada de San Justo desde una dependencia judicial de la ciudad.

En ese contexto, el medio local Qué Digital publicó una crónica sobre una salida de Godoy y del expolicía bonaerense Alejandro Alberto Menichini a un café cercano durante un cuarto intermedio de una audiencia. Las imágenes motivaron cuestionamientos de las querellas, que reclamaron que se informara quién había autorizado la salida.

En agosto de 2018, en medio de una audiencia, Rodolfo Enrique Godoy y Alejandro Alberto Menichini se fueron a tomar un café (Foto: Marcelo Nuñez)

El episodio puso en discusión las condiciones en las que algunos imputados por delitos de lesa humanidad cumplían prisión domiciliaria mientras afrontaban procesos judiciales. La publicación documentó el hecho y los cuestionamientos planteados, aunque no permite establecer por sí sola si existió una infracción a las condiciones judiciales de detención.

La prisión domiciliaria fue la modalidad bajo la cual Godoy cumplía detención durante esos procesos. Para establecer su situación penitenciaria exacta en la actualidad, es necesario verificar las últimas resoluciones judiciales relativas a la ejecución de sus condenas, una eventual unificación de penas y la continuidad del beneficio.

Un nombre, varias investigaciones

El recorrido judicial de Rodolfo Enrique Godoy permite observar cómo las investigaciones por delitos de lesa humanidad reconstruyeron responsabilidades que no se limitaban a quienes ejecutaban directamente los secuestros o las torturas. También alcanzaron a integrantes de las estructuras de mando que organizaban, coordinaban y supervisaban el funcionamiento del sistema represivo.

Las condenas dictadas en las causas de San Justo y Ramos Mejía, junto con los antecedentes del expediente Sheraton, constituyen los principales hitos judiciales de su trayectoria. Su situación de detención en Mar del Plata agrega una dimensión local a una historia judicial que tiene como escenario central los crímenes cometidos durante la última Dictadura.