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Opinión 9 de agosto de 2020

Del posdefault a la pospandemia

Martin Guzman, ministro de Hacienda.

Por Jorge Raventos

Suele decirse que para los medios las buenas noticias no son noticia. Es posible que si las negociaciones con los bonistas por la deuda en dólares hubieran fracasado (como muchos habían vaticinado), la recaída en default y la perspectiva de un juicio en Nueva York serían por estos días “trending topic” en las primeras planas y en los programas políticos. Pero sucede que la cesasión de pagos se evitó, de modo que hay espacio para discutir, más bien, otras cosas. Como la reforma judicial, por ejemplo.

Con el anuncio de que el país ha alcanzado el acuerdo con una decisiva proporción de los tenedores de deuda en dólares, el gobierno ha conseguido, finalmente, un éxito en una materia decisiva.

Argentina deja atrás un default iniciado con el “reperfilamiento” de deuda en pesos que decretó Mauricio Macri en agosto de 2019 y continuado con el “default selectivo” del último mayo, cuando este gobierno omitió pagar un vencimiento bajo ley extranjera de unos 500 millones de dólares.

-El default y los pronósticos despistados

Evitar el default es un paso indispensable para que el país pueda eventualmente acceder a un lugar dentro de los movimientos de reconstrucción económica global que sobrevendrán para superar los efectos devastadores que la pandemia ha provocado en todo el mundo. No sería posible aspirar a esos programas de ayuda ni, por cierto, obtener financiamiento de mercado, si Argentina hubiera quedado nuevamente anclada en el default. Esa situación no sólo afectaría al Estado nacional sino al financiamiento del sector privado y de las provincias.

Contra lo que muchos comentaristas profetizaron o sentenciaron, las negociaciones con los acreedores nunca estuvieron cortadas, por lo que los acreedores no judicializaron sus reclamos. Algunos de los pronosticadores despistados minimizan ahora el acuerdo alcanzado, subrayan las dificultades que (obviamente) subsisten o cuestionan las concesiones que el gobierno hizo durante la negociación (cuando antes le reclamaban que arreglara con los acreedores a cualquier costo).

Aquellas críticas simulaban centrarse en la sospecha no confirmada de que en el corazón del oficialismo reinaba una pulsión defaulteadora, motorizada principalmente por la señora de Kirchner. Sin embargo, aunque han habido sectores oficialistas que rechazaban la negociación, ahora se sabe sin duda alguna que entre ellos no estaba esta vez la vicepresidenta.

Es cierto que en 2016 ella no avaló las negociaciones con los bonistas que encaraba el entonces flamante gobierno de Mauricio Macri, pero esta vez la señora de Kirchner cambió el libreto y respaldó  la política antidefault. En rigor, ella no ventiló muchas opiniones sobre el tema, pero sí su hizo constar su reiterado apoyo al papel que estaba jugando el ministro Martín Guzmán en el curso de las negociaciones. Se afirma, incluso, que le recomendó no ser “demasiado duro” con los bonistas.

Los mercados -más pragmáticos que ideológicos- advirtieron con anticipación que tanto el Presidente como su vice empujaban el acuerdo, lo que hacía presumir que ese sería el resultado final de las conversaciones. Eso explica que empezaran a moverse hacia arriba los bonos argentinos y hacia abajo el riesgo país.

El presidente Fernández siempre expuso su voluntad de alcanzar un acuerdo con los acreedores y de evitar así una situación de default, por lo que resolver el tema deuda debería acreditársele como una rotunda señal de eficacia. Ese éxito es importante en momentos en que la estrategia oficial antipandemia, pese a los logros alcanzados, empieza a perder envergadura y a suscitar indisciplina, ya que una parte creciente de la sociedad parece más preocupada por las perspectivas que deparará la pospandemia que por las cifras cotidianas que transmiten los infectólogos.

Salir de la crisis económica suplementariamente agravada por efectos de la pandemia demanda una autoridad fortalecida, la consolidación de una plataforma fuerte para ejercerla y ahora, tras eludir el riesgo de default, la formulación de una perspectiva que permita una recuperación económica sostenible en la era pospandemia.

-Autoridad y sustentación

La autoridad del Presidente ha sido puesta en cuestión desde que se formalizó su candidatura como iniciativa de la señora de Kirchner y aunque se ha fortalecido en la práctica del poder, tanto en el manejo inicial de la pandemia como en la pulseada por la deuda, por momentos decae por culpa de errores no forzados. Lo que se observa es que su autoridad crece cuando facilita o capitaliza plataformas más amplias que su propia fuerza electoral.

Por debajo y a los costados de la Presidencia se asientan columnas que le pueden dar sustentabilidad y dinámica a un gobierno que ponga proa a la recuperación y a la pospandemia. Asumen diversas formas: acuerdos entre gobernantes de distinto signos y jurisdicciones, coincidencias interpartidarias que se construyen en la Cámara de Diputados, relación abierta con sectores dialoguistas de Juntos por el Cambio, contactos crecientes entre el empresariado y la dirigencia sindical en los que se elaboran ideas para la recuperación productiva.

En paralelo con las negociaciones sobre la deuda, el gobierno fue ajustando definiciones que le permitirían mejorar y amplificar esa plataforma. Si la iniciativa de expropiación de Vicentín había reabierto heridas en la relación con el campo, la anulación de aquel decreto expropiador procuró corregir el mal paso.

-Apoyarse sobre lo que resiste

Más relevante aún: el gobierno trabaja para convertir en ley un proyecto elaborado por el Consejo Agroindustrial Argentino, que nuclea a 42 entidades relacionadas al campo y a la producción de alimentos entre las que se encuentran CONINAGRO, Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina, las bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario y Santa Fe.  Si bien se mira, esa representatividad supera la que en su momento alcanzó el Comité de Enlace que lideró la lucha del campo en 2008.

En cuanto al proyecto (“Estrategia de Reactivación Agroindustrial: plan 2020-2030 para desarrollar el sector agroindustrial argentino”), tiene como objetivo no sólo consolidar la situación del país en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, sino agregar valor extendiendo cadenas productivas y generando una bioeconomía a partir de las ventajas competitivas de la producción agroganadera argentina.

El mundo de la pospandemia presentará muchas restricciones, pero es muy improbable que estas lleguen al terreno de los alimentos y las actividades conectadas con la bioeconomía. De allí puede rápidamente obtener recursos para afrontar su constante “restricción externa” (déficit de divisas para sostener sus necesidades de insumos, maquinaria e innovación).

A principios de marzo, en esta columna, citábamos a Fernando Villela, ex decano de la Facultad de Agronomía: “la Argentina tiene problemas de oferta, no de demanda”. Vilella es uno de los animadores intelectuales del proyecto agroindustrial, que se propone generar en una década 700.000 empleos directos e indirectos (una tercera parte en el interior del país) y pasar de los actuales 65.000 millones de dólares de exportación a 100.000 millones.

Napoleón aconsejaba: hay que apoyarse sobre lo que resiste. En términos políticos, el compromiso oficial con el proyecto del Consejo Agroindustrial revela que se ha comprendido que el eje formado por campo, industria y tecnología es una plataforma indispensable para la consolidación de una economía fuerte e integrada al mundo.

Que la vicepresidenta Cristina Kirchner haya recibido a los líderes del Consejo Agroindustrial y haya difundido notables elogios sobre el plan contribuye a soldar la base de sustentación de este gobierno y a clausurar un diferendo que en 2008 puso en jaque al que ella por esos días presidía.

Con la iniciativa de la Casa Rosada, sin ella (y a veces, eventualmente, contra ella) el país va convergiendo en una orientación central que puede dotar al poder político de una base de sustentación amplia. Esa base amplia le requiere, por cierto, capacidad receptiva para hacerse cargo de demandas principales e ineludibles.

Este movimiento hacia el centro debilita, de hecho, a los sectores facciosos de los extremos, que quedarán aislados si no se asimilan al espíritu de diálogo que empieza a imponerse, empujado por la profundidad de la crisis que hay que afrontar.

Con esa plataforma a disposición, después de superar el riesgo de default y antes de que se agoten los éxitos políticos de la acción sanitaria o surjan renovados desafíos en el campo de la seguridad, el Presidente tiene la oportunidad de vigorizar su autoridad y sus equipos para pasar, de adaptarse con sensatez ante las presiones de la realidad, a conducirlas en el rumbo buscado a la pospandemia.