El intendente Carlos Arroyo diluyó en una semana el atisbo de autoridad que le quedaba. En un gobierno local con caciques ajenos a su partido y controlado sin disimulo por la Provincia y la Nación, el repentino anuncio de la suspensión de las fiestas electrónicas y su inmediato incumplimiento exhibió como nunca su esmerilado poder.

Arroyo firmó el martes el decreto para no autorizar esos eventos y lo ratificó el miércoles, en declaraciones periodísticas. Un día después apareció campante diciendo todo lo contrario: que se iban a permitir dos fiestas y evaluar las próximas.

Con el decreto, Arroyo desconoció lo que parte de su gobierno venía trabajando para garantizar la seguridad en las fiestas electrónicas: como reveló LA CAPITAL, una semana antes funcionarios y empresarios habían mantenido una reunión en la Secretaría de Gobierno “para coordinar acciones tendientes a la prevención y control en eventos masivos y fiestas electrónicas”.

Del Concejo Deliberante, su antiguo confín, ni siquiera se acordó: hace meses que Cristina Coria, acaso la radical que más ha defendido la gestión, busca redondear una ordenanza para regular los eventos masivos.

Empedernido desconocedor de sus limitaciones, en medio de las negociaciones con los empresarios salió solo y atribulado de su despacho cuando un batallón de periodistas nacionales y locales anhelaba una definición oficial ante tanta confusión. Después de rogar que lo dejaran tranquilo porque estaba “cansado”, no tuvo más remedio que enfrentar las preguntas. Ofreció entonces las declaraciones más desconcertantes que se le recuerden: dijo a un mismo tiempo que no iba a autorizar ninguna fiesta electrónica pero que no estaban suspendidas ni prohibidas. Y rechazó, de paso, lo que su administración había anunciado por Twitter. Un dechado de contradicciones e imprecisiones dignas de un intendente sin dominio de su propio gobierno.