Mientras el gobierno municipal evalúa los aspectos técnicos, jurídicos y económicos de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional La Plata para aplicar el sistema de fotomultas, bloques opositores que pudieron acceder al expediente o conocen a los actores que intervendrán empezaron a advertir una serie de puntos oscuros.

Lo poco que por ahora trascendió del plan oficial salió de la boca del secretario de Gobierno, Alejandro Vicente. El objetivo es rubricar un acuerdo por cuatro años con la UTN para que aporte equipamiento tecnológico al municipio y capacitación al personal para implementar las fotomultas en Mar del Plata.

Según detalló el funcionario, el 40% del cobro que se haga de cada multa será para el municipio, el 20% para la Provincia y el 40% para la Universidad, que como es estatal no necesita ser contratada a través de una licitación.

Además de los porcentajes de distribución de fondos, el funcionario dio otras dos definiciones: dijo que no hay ninguna empresa privada involucrada en el convenio y que todo el equipamiento tecnológico que aporte la UTN quedará para el municipio.

“La finalidad de este convenio es el ordenamiento del tránsito y el resguardo de la vida humana en la vía pública a través de la colocación de elementos de tecnologías que capten infracciones de tránsito”, agregó.

Las palabras de Vicente llamaron la atención en el Concejo Deliberante. A mediados de junio, en una nota de opinión publicada en LA CAPITAL, el jefe del bloque del Frente Renovador, Lucas Fiorini, advirtió que el convenio sería desventajoso para el municipio en comparación con una licitación que había preparado la gestión anterior.

“Se contemplaba un 66% de esos ingresos para la comuna y apenas un 14% para el adjudicatario privado”, diferenció.

El edil también mencionó que la UTN La Plata “acarrea una denuncia por asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por supuestas irregularidades en el sistema de fotomultas que brindó hace algunos años en la capital provincial”. Y pidió estar atentos ante la posibilidad de que “el acuerdo con una universidad pública no sorprenda con beneficios ocultos para un privado”.

La licitación

A través de la licitación pública 21 de 2015, la administración de Gustavo Pulti buscó contratar la “instalación, operación y mantenimiento de equipamientos destinados al control de velocidad, adelantamiento indebido de vehículos, semáforo en rojo e invasión de senda peatonal y estacionamiento indebido”. También “la puesta en marcha y operación de un sistema computarizado complementario de administración de infracciones, como así también señalética horizontal y vertical necesaria y el desarrollo de un plan de comunicación sobre seguridad vial”.

Se presentaron dos oferentes: Boldt y Cecaitra (Cámara de Empresa de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina). Al término del mandato de Pulti, una comisión técnica evaluaba las ofertas, pero la gestión de Carlos Arroyo decidió desechar el proceso. Según el subsecretario de Control del gobierno anterior, Adrián Alveolite, la propuesta de Boldt asomaba como “más sólida” que la de Cecaitra, que por otro lado, según pudo averiguar extraoficialmente, “no había cumplido algunos requisitos”.

El ex funcionario señaló que la licitación se demoró porque, para la instrumentación del sistema, el municipio tuvo que hacer previamente estudios de factibilidad, que se llevaron a la práctica mediante radares. “También nos llevó más de lo previsto porque la mayoría de los municipios de la provincia había elegido el convenio con la UTN y no había antecedentes sobre licitaciones”, explicó.

Esa última explicación converge con otro dato que aportó Vicente: dijo que, según información de la Asesoría General de Gobierno bonaerense, 80 comunas de la provincia ya implementan el convenio que quiere llevar a la práctica el municipio.

Lo curioso es que, al decir de un dirigente opositor que accedió al expediente que prepara la administración de Arroyo, la UTN realizará la tarea de la mano de “su empresa asociada Cecaitra”. Es decir que el mismo oferente que marchaba hacia una derrota en la licitación de 2015 prestará el servicio menos de un año después a través de una universidad que le serviría de pantalla. Con esto se derrumbaría una de las definiciones de Vicente: aquella que daba por seguro que ningún privado intervendría en el convenio con la municipalidad.

La denuncia

En 2011 fue presentada una denuncia anónima en la Oficina Anticorrupción contra las autoridades de la UTN regional La Plata por supuesta “asociación ilícita y enriquecimiento ilícito”.

De acuerdo a la presentación, la empresa de informática Dinatech firmó un acuerdo de “Cooperación y Asistencia Técnica Recíproca” con la UTN La Plata para digitalizar fotomultas.

Según surge de los argumentos de un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por Alberto Asseff (hoy diputado del Parlasur por el Frente Renovador), por ese servicio la empresa “facturó al menos $ 9 millones solo en 2010”, pero “lo hizo con una ventaja: se instaló en cuatro aulas de la UTN en la calle 125 y avenida 60 y utilizó como mano de obra a unos 200 alumnos”.

Los estudiantes, “divididos en tres turnos, recibían entre $ 500 y $ 1.100 mensuales en concepto de beca por trabajar seis horas diarias, y habrían cobrado el cheque a través de la Universidad”.

“En abril de 2011, un grupo de alumnos realizó una denuncia al Ministerio de Trabajo bonaerense. La cartera envió inspectores a la Facultad y Dinatech decidió mudar el negocio a otras instalaciones. La mayoría de los alumnos fueron despedidos. Para los denunciantes hubo defraudación con pagos de ‘retornos’ a funcionarios nacionales y de la UTN”, añadían los fundamentos, que citaba una investigación del diario Perfil. La semana pasada, Vicente dijo desconocer la denuncia.

Asseff contó a LA CAPITAL que el pedido de informes se aprobó pero nunca tuvo respuesta del Gobierno. “Era un procedimiento verdaderamente turbio, oscuro, de ninguna manera corroborado por las pruebas que se aportaron al Juzgado. A raíz de eso hice el pedido de informe que no tuvo contestación del Ejecutivo, que no solía contestar los pedidos de informe referidos a irregularidades administrativas o presuntos hechos de corrupción”, dijo.

“Lo que yo les aconsejo es que la municipalidad llame a licitación y punto. No tiene que tercerizar a través de la Universidad Tecnológica. No es confiable ni es conveniente hacer una tercerización en una cuestión que la municipalidad puede resolver haciendo la licitación correspondiente”, agregó.

Nada nuevo

La relación del municipio con la UTN no tuvo su primer capítulo este año. En octubre de 2006, el Concejo Deliberante autorizó al Ejecutivo a suscribir un “convenio marco de colaboración” con la casa de estudios.

El acuerdo lo firmó el entonces intendente Daniel Katz, y establecía que las partes podrían “brindar mutuo apoyo mediante asesoramiento y transferencia de información científica y técnica que dispusieran; integrar comisiones de trabajo para realizar estudios de interés común; realizar cualquier actividad de interés para las partes cuya finalidad sea de bien público o destinadas a solventar problemáticas de la administración pública; diseñar, desarrollar y evaluar programas de formación, capacitación y prácticas profesionales de interés común”. El listado concluía con una aclaración: “La enumeración precedente es meramente enunciativa y no limita otras acciones que las partes entiendan de interés mutuo”.

Ediles opositores creen que Vicente, ex funcionario de Katz, creyó conveniente retomar el espíritu de aquella ordenanza (N° 17714).

Otro antecedente legislativo tiene vinculación con el 20% de la recaudación que le quedaría a la Provincia si el gobierno local logra imponer su proyecto. En diciembre de 2012, el Concejo sancionó la ordenanza 20660, que convalidó un convenio “para la implementación de acciones en materia de seguridad vial” entre la Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia y la municipalidad.

Ese convenio, rubricado por Pulti pero nunca puesto en práctica, habilitaba la implementación en Mar del Plata del Sistema Único de Administración de Infractores de Tránsito Provincial (Sacit), que implementa la provincia.
“Es un sistema que administra todas las faltas de tránsito, tanto las electrónicas como las manuales”, explicó Alveolite, que tiene un muy buen concepto de ese método.

Según la cláusula sexta del convenio, “como contraprestación por la utilización de los servicios del Sacit” el municipio cede a la provincia “el 20% del producido de las multas que efectivamente perciba en su ejido municipal”.

Según Alveolite, ese 20% no saldría del total de la recaudación de las multas sino del “incremento que se iba a producir por la utilización del nuevo sistema”.

Más allá de las interpretaciones, el porcentaje que más inquieta a la oposición es el que se llevaría la UTN o el privado que prestaría el servicio en su nombre. “¿Por qué el 40%? ¿Cuál es la justificación?”, se preguntan.

Los que accedieron al expediente que prepara el gobierno para luego elaborar un proyecto de ordenanza y enviarlo al Concejo aseguran que tamaño porcentaje no está fundamentado, y repiten a coro el inciso g) del artículo 69 de la ley 24449 de seguridad vial, que prohibe “el otorgamiento de gratificaciones del Estado a quienes constaten infracciones, sea por la cantidad que se comprueben o por las recaudaciones que se realicen”.

Tampoco entienden por qué el equipamiento tecnológico que aporte la UTN quedará para el municipio, cuando en pocos años, con los avances irrefrenables en la materia, serán obsoletos.