En una de las últimas sesiones ordinarias con mayoría propia, el interbloque oficialista del Concejo Deliberante prevé sancionar hoy tres expedientes clave para el gobierno de Guillermo Montenegro y su sucesor, Agustín Neme: la prórroga del contrato de la recolección de residuos, la adjudicación del estacionamiento medido y la cobertura de vacantes para los juzgados de faltas.

La extensión del contrato con la empresa que presta el servicio de higiene urbana, Transportes 9 de Julio, será por dos años con una opción de prórroga de otros dos. Llegará acompañada por la declaración de una emergencia económico-financiera por igual período, derivada de un reclamo indemnizatorio del Sindicato de Camioneros para todos los trabajadores de la empresa.

El contrato, que ya había sido prorrogado, vence el 12 de enero. Ante la inminencia de su finalización, el gremio presentó su exigencia ante la empresa, que a su vez la trasladó al municipio. Según expusieron las autoridades municipales en los fundamentos del proyecto, “el reclamo indemnizatorio formulado por la entidad gremial podría generar una alteración sobreviniente de los costos originalmente previstos en el contrato, que exceden los parámetros económicos sobre los cuales el municipio estructuró sus compromisos financieros”.

Esta situación “podría configurar una típica hipótesis de ruptura del equilibrio contractual, donde circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles al momento de la contratación podrían alterar de manera sustancial la ecuación económica que dio origen al vínculo jurídico, justificando la adopción de medidas excepcionales para restablecer el equilibrio perdido y garantizar la continuidad del servicio público esencial”.

En este contexto, “la eventual obligación de afrontar el pago reclamado por la entidad gremial a la empresa prestadora y esta al municipio importaría un desequilibrio de magnitud tal que comprometería seriamente las finanzas municipales, la situación presupuestaria y el normal desenvolvimiento de la hacienda local”, agregaron.

Frente a ese escenario, “la prórroga del contrato vigente por un plazo cierto y determinado se erige como la herramienta más idónea para superar la coyuntura, al permitir asegurar la prestación del servicio sin discontinuidades, brindar estabilidad a los trabajadores involucrados, otorgar previsibilidad al prestador y, al mismo tiempo, resguardar el interés público comprometido en materia de salubridad, ambiente y calidad de vida de los vecinos”. Esta prórroga, en el marco de la declaración de emergencia, “constituye así la solución institucional adecuada para conjurar un riesgo financiero grave y garantizar la sostenibilidad del sistema de higiene urbana en el Partido de General Pueyrredon”, puntualizaron.

En ese marco, la empresa presentó un “plan de desvinculación sostenible” del personal y pidió una prórroga por cinco años. El Ejecutivo, en cambio, propuso un plazo más corto, que a su entender alcanzaría para implementar “las medidas aludidas”.

El contrato de la recolección de residuos es el más oneroso del municipio: se pagan $5.000 millones mensuales. En las comisiones internas del Concejo, el despacho fue emitido con los votos del interbloque oficialista (PRO-UCR-Coalición Cívica), las abstenciones de Acción Marplatense y La Libertad Avanza y el voto en contra de Unión por la Patria.

Medido

El sistema de estacionamiento medido será adjudicado a la firma Boldt Tech. El Ejecutivo consideró su oferta como “la más conveniente” de las cuatro que se presentaron en el marco de la licitación que llevó adelante para su concesión, y envió su convalidación al Concejo en virtud del artículo 52° de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM). Tal disposición establece que “corresponde al Concejo disponer la prestación de los servicios públicos de barrido, riego, limpieza, alumbrado, provisión de agua, obras sanitarias y desagües pluviales, inspecciones, registro de guías, transporte y todo otro tendiente a satisfacer necesidades colectivas de carácter local, siempre que su ejecución no se encuentre a cargo de la Provincia o de la Nación”.

La concesión del medido “constituye una herramienta esencial para modernizar y ordenar la movilidad urbana de la ciudad, incorporando tecnología que agilizará los procesos, garantizará mayor transparencia en la gestión y permitirá un uso más equitativo del espacio público”, argumentó el Ejecutivo. Y apuntó que la propuesta presentada por Boldt Tech “contempla mejoras sustanciales en materia de infraestructura, control, accesibilidad y servicios para los usuarios, generando además beneficios económicos para el municipio y portando a una circulación más ordenada y eficiente”.

Jueces

La semana pasada, la administración de Montenegro aceleró la designación de jueces de faltas para cubrir vacantes. Propuso nombrar al exsubsecretario legal y técnico Franklin Llan de Rosos en el Juzgado N° 1 (se jubila su titular, José Luis Oteiza), a Paula Hernández en el 2 (en 2017 se retiró Susana Maffioni) y al presidente del Colegio de Abogados, Leandro Gabás, en el 5 (estuvo a cargo hasta 2017 de Ana María Castelao).

De esta manera, se completará un plantel de jueces de faltas en el que también están Pedro López Martucci (Juzgado N°3) y Fernando Mumare (N°4).

Los nombres propuestos por el Ejecutivo fueron respaldados el lunes por la Comisión de Labor Deliberativa y serán puestos a consideración del plenario. Necesitan mayoría para aprobarse, un número que el oficialismo tiene hasta el 10 de diciembre.