El Gobierno oficializó un aumento salarial para funcionarios, pero excluyó a Milei y Villarruel
La medida alcanza a ministros, secretarios y subsecretarios, y se aplicará desde enero. El decreto fija un mecanismo automático de congelamiento en caso de déficit fiscal y deroga el esquema salarial anterior.
Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Foto: EFE | Luciano González.
El Gobierno nacional oficializó un aumento salarial para los funcionarios del Gabinete, con excepción del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La medida fue establecida a través del decreto 931/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
La norma dispone un reordenamiento del esquema salarial de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo y establece que los incrementos se aplicarán a partir de enero de este año. El texto no precisa el porcentaje de la suba, aunque indica que los ajustes estarán alineados con las paritarias del Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional.
El decreto aclara que los aumentos no tienen carácter retroactivo y que quedan excluidos el Presidente y la Vicepresidenta. Además, incorpora un mecanismo automático de congelamiento salarial en caso de déficit fiscal, lo que impedirá nuevos incrementos mientras persista ese escenario.
La norma también deroga el artículo del Decreto 235/2024, que había fijado las remuneraciones de las autoridades superiores de manera independiente y por fuera de las negociaciones colectivas.
Desde la Casa Rosada aseguraron que la medida no compromete el equilibrio fiscal y sostuvieron que fue posible gracias a la reducción del gasto público y al recorte de la planta estatal.
En ese marco, el Presidente instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar un nuevo sistema de empleo público, basado en el ingreso por mérito, la evaluación periódica de desempeño, la movilidad por competencias y una estructura salarial vinculada a las responsabilidades del cargo.
Por último, el decreto invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, a los municipios y a la Ciudad de Buenos Aires a replicar el esquema de congelamiento automático de salarios políticos en caso de registrarse déficit fiscal.
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