El 14 de junio de 1996 el entonces director de la EDEM N°2, Carlos Arroyo, arribó como todas las mañanas al establecimiento de la calle Yrigoyen y recibió la mala noticia. Fue la portera María Del Carmen quien se la dio: alguien durante la madrugada se había robado cuatro computadoras con las que se daba la clase de informática.

En los años 90 la EDEM N°2 se había erigido como uno de los colegios secundarios de buena reputación, en gran medida por la mano dura de Arroyo, un hombre que parecía tener la virtud de aleccionar a los jóvenes ya fuera desde el convencimiento o desde lo disciplinario. Y era una escuela pública, sin demasiados recursos. Sufrir un robo de computadoras, elementos de estudios claves por esos años, era una afrenta. Encima de lo malo, algo peor sobresalía y era que el colegio no tenía seguro. Una gran pérdida.

La denuncia fue presentada por el propio Arroyo a las 9 de la mañana de ese viernes en la comisaría primera. “Cuatro equipos IBM, con CPU, monitor, teclado, disco rígido y una impresora Epson” describió el ex Zorro I aunque luego se comprobaría el faltante de un quinto equipo. Y agregó algo más desconcertante que los policías anotaron en el acta: que los ladrones habían usado las llaves para entrar a la escuela y a la sala de computación.

Arroyo, conocido su compromiso con la EDEM N°2, debe haber pasado un fin de semana de amargura. Justo el fin de semana del Día del Padre.

Tras el sumario inicial se le dio intervención al juez en lo criminal y correccional José Martinelli para la formación de la causa 42725 por el delito de Hurto. Pero fueron los policías de calle de la comisaría primera los que en una semana reunieron información necesaria para comenzar a reconstruir lo sucedido. Lo recogido “por ahí” mencionó que el robo había sido cometido por tres personas, una muy joven casi menor de edad, y otros dos en la lluviosa madrugada del 14 de junio. Que el joven tenía las llaves para entrar a la escuela y a la sala de computación.

De los tres se tenía los nombres de pila y algunas nociones más. El 22 de junio los investigadores policiales descubrieron a los dos mayores dentro de la Galería 2001, el histórico paseo comercial dedicado por años a revender artículos en su mayoría sustraídos. Alejandro y Néstor quedaron demorados por averiguación de antecedentes, pero un día después quedó clara su participación. Fue cuando Martinelli allanó la casa del primero y el departamento de la abuela del segundo. En ambos domicilios se recuperaron dos de las computadoras robadas en la escuela.

El aula de computación vaciada por los ladrones.

A esa altura de la investigación la policía tenía más que claro quién era aquel joven que había entrado con llave a la escuela, había abierto la sala de computación y con la ayuda de Néstor, mientras Alejandro permanecía de campana en un automóvil probablemente Ford Farlaine blanco con techo vinílico negro. Y el 26 de junio, casi dos semanas después del hecho, el juez Martinelli libró la orden de detención contra él.

El joven que por entonces tenía 17 años (cumplía los 18 el 1 de julio) logró mantenerse prófugo hasta que se le dio intervención a la Brigada de Investigaciones. Esa dependencia puso a cargo a Néstor Suhit, quien con el tiempo sería uno de los más importantes policías de investigación de la ciudad, y en un par de días localizaron al joven. El 22 de julio fue detenido mientras caminaba a metros de su casa de calle Belgrano al 4600.

Ese joven era “Willy” o “Guille” según mencionaban las primeras fojas de la investigación. El que había facilitado el acceso y posibilitado el robo de las computadoras. El que había negociado por su cuenta un equipo para Néstor y otro para Alejandro, y había dispuesto de los otros tres con un destino desconocido.

“Willy” era Guillermo Fernando Arroyo, quien quedó imputado del delito de “hurto” y fue excarcelado al día siguiente, previo pago de una fianza de 500 pesos.

En agosto la policía necesitó un documento clave para definir la competencia judicial: la partida de nacimiento de Guillermo. De esa manera se constataría que no era mayor al momento del robo y se iba a derivar su caso a la Justicia de Menores. Su padre, Carlos Arroyo, el director de la escuela damnificada, no quiso ir a llevarlo. Le encomendó la tarea al regente del establecimiento.

En el año 1997 la policía dio por cerrada la investigación y dejó en la Justicia la responsabilidad de darle un final. Pero la causa quedó olvidada por ahí sin moverse. El 1 de julio de 2002, cuando Guillermo Arroyo cumplía 24 años, el juez Esteban Viñas no tuvo más remedio que resolver extinguida por prescripción la acción penal.

Más de una década después el padre traicionado nombró a su hijo primer concejal en la lista que le daría la intendencia. Y ambos gobernaron la ciudad por cuatro años.