El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata homologó una reparación integral de 18,5 millones de pesos para cuatro personas acusadas de obtener de manera fraudulenta beneficios fiscales vinculados con exportaciones de una empresa pesquera. La propuesta fue aprobada pese a la oposición de la Dirección Regional Mar del Plata de ARCA-DGI y contempla un pago al fisco y aportes a dos entidades de bien público.

La resolución fue dictada por el juez Roberto Fernando Minguillón, quien intervino de manera unipersonal. Del total acordado, $950 mil serán destinados al fisco nacional, mientras que los 17,55 millones de pesos restantes serán entregados en partes iguales a las asociaciones civiles Hogar de María y Por Amor a los Niños, que desarrollan tareas de asistencia a niños, niñas, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad.

La causa comprende seis hechos ocurridos entre febrero y julio de 2004 y relacionados con la obtención fraudulenta de créditos fiscales por exportaciones. Según surge de la resolución, los créditos fueron reconocidos por el fisco en 2006 y el monto histórico involucrado era de $99.762,46.

La propuesta de reparación será abonada en tres cuotas mensuales y consecutivas. La extinción de la acción penal y el sobreseimiento de los cuatro imputados quedaron condicionados al cumplimiento total de las prestaciones acordadas.

La particularidad del caso estuvo dada por la oposición de ARCA-DGI, organismo que intervino como querellante y cuestionó la procedencia de la reparación integral. Sin embargo, el fiscal federal Juan Pablo Curi solicitó que el acuerdo fuera homologado y sostuvo que la oposición del organismo no resultaba vinculante para el tribunal.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados tienen contenido patrimonial, no fueron cometidos con grave violencia sobre las personas y no involucran a funcionarios públicos. En ese contexto, consideró que no era indispensable llegar a la instancia de juicio oral y que la solución propuesta resultaba adecuada.

El juez Minguillón compartió ese criterio y señaló que la intervención de la víctima es necesaria para que pueda expresar su posición y formular objeciones, pero que esa participación no le otorga facultades para impedir por sí sola la aplicación de una reparación integral.

Uno de los principales puntos analizados por el tribunal fue la posibilidad de aplicar esta salida alternativa en una causa por un delito tributario. La defensa y la Fiscalía sostuvieron que la figura de obtención fraudulenta de beneficios fiscales, prevista actualmente en el artículo 8 del Régimen Penal Tributario, no se encuentra alcanzada por la prohibición específica establecida para otros delitos tributarios.

El magistrado consideró que la legislación vigente delimitó expresamente los delitos en los que resulta desplazada la causal general de extinción de la acción penal por reparación integral. Como el delito investigado en esta causa no integra esa enumeración, entendió que no correspondía extender la prohibición.

Además, el juez valoró especialmente el destino de los fondos. Consideró que la propuesta no se limitaba a compensar al Estado por los créditos fiscales involucrados, sino que incorporaba un aporte adicional de $17,55 millones a instituciones dedicadas a la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad.

En consecuencia, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata homologó el acuerdo y determinó que las entidades beneficiarias fueran Hogar de María y Por Amor a los Niños. La extinción de la acción penal y los sobreseimientos de los imputados quedarán firmes una vez que se acredite el cumplimiento íntegro del pago acordado.